02 Octubre 2011
En Tucumán, la reforma constitucional del 2006 lesionó gravemente el sistema republicano y democrático. Destruyó el principio de división del poder, invirtiendo dramáticamente los roles del control recíproco entre Ejecutivo y Legislativo. Este proceso se había iniciado en 1990, con la modificación de la norma de base local, instalando la Legislatura unicameral presidida por el vicegobernador, parte del Ejecutivo.
La del 90 conservaba, sin embargo, el límite valioso de la no reelección inmediata. Desde entonces -y con mayor énfasis desde 2006-, es el gobernador con reelección y potestad de legislar por medio de "decretos de necesidad y urgencia" quien disciplina y controla al Legislativo por medio de su compañero de fórmula. El vicegobernador representa y administra el órgano legislativo, fija su presupuesto, nombra sus empleados, fija remuneraciones y dietas conforme su voluntad omnímoda, sin pauta constitucional alguna. Por Reglamento de la Legislatura, determina incluso los temas del orden del día que deben tratar los representantes del pueblo.
En este "mundo constitucional del revés", resulta lógico el no ejercicio del control legislativo sobre los fondos públicos ejecutados por el gobernador y aportados por los contribuyentes, al igual que la eliminación del texto constitucional de 2006 de los "desórdenes de conducta" como causal de enjuiciamiento político y destitución del gobernador y su vice, de sus ministros, de los miembros de la Corte Suprema, del ministro fiscal, de los integrantes del Tribunal de Cuentas y del defensor del Pueblo.
En 1907 se habían incorporado a la constitución local estos "desórdenes" como causal de destitución en juicio político, asimilándolos con la "falta de moralidad" en el ejercicio de la función pública. Entendieron sabiamente entonces, que el sistema republicano impone una "ética pública" y que actos de la vida privada ejecutados por funcionarios públicos que importaran comportamientos escandalosos trascendían su intimidad, debiendo ser causal de juzgamiento.
En 2006 el alperovichismo fundamentó insólitamente la supresión de los "desórdenes de conducta", argumentando que "resultaba contraria a las establecidas en las más modernas constituciones de nuestro país, que eliminaron dicha causal por considerarla un resabio de los valores de los antiguos gobiernos de facto". Se ensanchó, así, la impunidad del poder. Retrocedimos al clima de los principados del Renacimiento europeo, cuando Maquiavelo, fundando la autonomía de la política, concluía que no debía obediencia a la moral.
La del 90 conservaba, sin embargo, el límite valioso de la no reelección inmediata. Desde entonces -y con mayor énfasis desde 2006-, es el gobernador con reelección y potestad de legislar por medio de "decretos de necesidad y urgencia" quien disciplina y controla al Legislativo por medio de su compañero de fórmula. El vicegobernador representa y administra el órgano legislativo, fija su presupuesto, nombra sus empleados, fija remuneraciones y dietas conforme su voluntad omnímoda, sin pauta constitucional alguna. Por Reglamento de la Legislatura, determina incluso los temas del orden del día que deben tratar los representantes del pueblo.
En este "mundo constitucional del revés", resulta lógico el no ejercicio del control legislativo sobre los fondos públicos ejecutados por el gobernador y aportados por los contribuyentes, al igual que la eliminación del texto constitucional de 2006 de los "desórdenes de conducta" como causal de enjuiciamiento político y destitución del gobernador y su vice, de sus ministros, de los miembros de la Corte Suprema, del ministro fiscal, de los integrantes del Tribunal de Cuentas y del defensor del Pueblo.
En 1907 se habían incorporado a la constitución local estos "desórdenes" como causal de destitución en juicio político, asimilándolos con la "falta de moralidad" en el ejercicio de la función pública. Entendieron sabiamente entonces, que el sistema republicano impone una "ética pública" y que actos de la vida privada ejecutados por funcionarios públicos que importaran comportamientos escandalosos trascendían su intimidad, debiendo ser causal de juzgamiento.
En 2006 el alperovichismo fundamentó insólitamente la supresión de los "desórdenes de conducta", argumentando que "resultaba contraria a las establecidas en las más modernas constituciones de nuestro país, que eliminaron dicha causal por considerarla un resabio de los valores de los antiguos gobiernos de facto". Se ensanchó, así, la impunidad del poder. Retrocedimos al clima de los principados del Renacimiento europeo, cuando Maquiavelo, fundando la autonomía de la política, concluía que no debía obediencia a la moral.
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