16 Septiembre 2011
La titular de Ctera, Stella Maldonado, llegará hoy a la provincia para que el gremio que representa se constituya como querellante en la causa por la muerte de los docentes tucumanos, Isauro y Arturo Arancibia, ocurrida el 24 de marzo de 1976.
Luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de obediencia debida y punto final, el Estado inició un sinnúmero de juicios a los militares que participaron durante el último gobierno de facto, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos también fueron promotoras de llevar al banquillo a los militares que tuvieron participación entre 1976 y 1983.
El gremio docente será el primero del país en constituirse como querellante. Está previsto que Maldonado concurra a primeras horas de hoy al Juzgado Federal Nº1, a cargo de Daniel Bejas. La acompañarán agrupaciones de derechos humanos de la provincia. Posteriormente, a las 11.30, la dirigente mantendrá una reunión en la Asociación de Prensa de Tucumán.
La abogada patrocinante en la causa, Julia Vitar, destacó la decisión de Ctera. "Me parece que hay que rescatar la importancia de que una organización gremial se presente impulsando una acción penal en este sentido. Isauro Arancibia era un trabajador agremiado y máximo representante de los docentes en el país", planteó.
Antecedente histórico
La Justicia investiga el hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos, una comisión de fuerzas de seguridad, bajo las órdenes del Comando de la Vº Brigada de Infantería, a cargo del ex gobernador Antonio Domingo Bussi, se constituyó en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) buscando a su secretario general, Isauro Arancibia. Al llegar al lugar irrumpieron por la fuerza, destruyendo la puerta de entrada el edificio gremial.
Luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de obediencia debida y punto final, el Estado inició un sinnúmero de juicios a los militares que participaron durante el último gobierno de facto, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos también fueron promotoras de llevar al banquillo a los militares que tuvieron participación entre 1976 y 1983.
El gremio docente será el primero del país en constituirse como querellante. Está previsto que Maldonado concurra a primeras horas de hoy al Juzgado Federal Nº1, a cargo de Daniel Bejas. La acompañarán agrupaciones de derechos humanos de la provincia. Posteriormente, a las 11.30, la dirigente mantendrá una reunión en la Asociación de Prensa de Tucumán.
La abogada patrocinante en la causa, Julia Vitar, destacó la decisión de Ctera. "Me parece que hay que rescatar la importancia de que una organización gremial se presente impulsando una acción penal en este sentido. Isauro Arancibia era un trabajador agremiado y máximo representante de los docentes en el país", planteó.
Antecedente histórico
La Justicia investiga el hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos, una comisión de fuerzas de seguridad, bajo las órdenes del Comando de la Vº Brigada de Infantería, a cargo del ex gobernador Antonio Domingo Bussi, se constituyó en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) buscando a su secretario general, Isauro Arancibia. Al llegar al lugar irrumpieron por la fuerza, destruyendo la puerta de entrada el edificio gremial.
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