Allanaron la oficina de "Sueños compartidos"

BUENOS AIRES.- Por pedido del juez Norberto Oyarbide, la Auditoría General de la Nación (AGN) analizará los planes de construcción de viviendas sociales que provincias y municipios concretaron a través del programa "Sueños Compartidos" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La AGN, a cargo de Leandro Despouy, auditará las transferencias de fondos públicos que el Gobierno nacional realizó a las provincias y municipios para contratar las construcciones, informaron del organismo. El informe se realizará en el marco de la causa que investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por presunto lavado de dinero y defraudación por supuesta malversación de los fondos destinados a las viviendas.

Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos advirtió que "sin controles no puede funcionar" la construcción de viviendas sociales como el programa que desarrolla la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. "Hay que tener en cuenta que la cifra que se ha transferido, -en algunos casos-, supera a lo que recibe una provincia; por ejemplo Mendoza recibió 610 millones y esta Fundación 765 millones", subrayó. En ese sentido, señaló que "lo sucedido" con el ex apoderado Sergio Schoklender "merece un replanteo de la función del Estado en el tema viviendas dado que si distribuyen estos fondos, por lo menos, que estén los controles necesarios y permanentes para que esta situación no ocurra más".

Oyarbide le había solicitado a la AGN que le envíe las auditorías sobre los programas de viviendas de las Madres pero como no fueron realizados amplió el pedido para que se concrete el trabajo.

Los voceros de la AGN explicaron que primero analizarán el mecanismo a través del cual solicitarán la información a los organismos y luego concretarán el oficio. La Auditoría nunca estudió el programa "Sueños Compartidos" de la Fundación pero sí controló el "Programa Federal de Viviendas" en Salta, Córdoba y Neuquén, precisaron las fuentes.

"En todos los casos el común denominador fue que hay un déficit muy grande en la rendición de cuentas para individualizar las partidas y sobre dónde se aplicó el dinero que el Gobierno nacional le dio a las provincias y municipios", explicó la fuente.

En la Justicia ya se abrió una causa donde se investigan los contratos que provincias y municipios firmaron con la Fundación Madres para la construcción de viviendas sociales. El expediente está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien solicitó los contratos a las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a los municipios de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche, con los que las Madres construyeron viviendas.

Nuevos procedimientos

En tanto, el juez Oyarbide ordenó en la tarde de ayer nuevos procedimientos, entre ellos un allanamiento, esta vez en la propia sede de la Fundación. El operativo se realizó en oficinas de Hipólito Yrigoyen al 1500 de la Capital Federal donde funciona el programa "Sueños Compartidos", destinado a la construcción de viviendas sociales. Es contiguo al edificio allanado el martes pasado, cuyas oficinas utilizaba Pablo Schoklender para el giro comercial de la empresa antártica. Ambas sedes fueron alquiladas a nombre de las Madres.

También se allanó una imprenta adjudicada a los Scholender y se realizó una inspección ocular en la Universidad de las Madres y en un estacionamiento vecino. En este contexto, se supo que ayer la Policía Federal entregó al juez Oyarbide el material incautado el martes. Se trata de 30 bultos cerrados y fajados, la mayoría con documentación y algunos con computadoras. (DyN-NA-Télam)