12 Junio 2011
La respuesta represiva encubierta como prevención
En América Latina, la inseguridad ha desplazado al desempleo del primer puesto de las preocupaciones sociales. Frente a ello, un politólogo tucumano puntualiza que la instrucción militar no es una alternativa democrática. Un criminalista, justamente, advierte sobre los peligros que entraña esa prevención. Cuatro periodistas de LA GACETA analizan la colimba. Por Gabriel Pereira - Doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford - Gran Bretaña.
POSTAL TUCUMANA. La trascendente jornada de enrolamiento, durante febrero de 1978, en los predios de la V Brigada de Infantería. LA GACETA / ARCHIVO
Diferentes encuestas e informes de organizaciones internacionales dan cuenta de que la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población en Latinoamérica.
Más allá de la exactitud de las diversas mediciones, esta preocupación se ha traducido en un debate inconcluso acerca de cuáles son las formas más efectivas de reducir los índices de criminalidad en los países de la región. Analizando la temática desde puntos de partidas diferentes, las políticas públicas en la materia que se implementan o proponen en la agenda pública podrían, en líneas generales, ubicarse en dos paradigmas que se proponen aquí.
El paradigma represivo
Un primer paradigma, que podría denominarse "represivo", entiende que el problema de la criminalidad se soluciona principalmente a través de la represión y el castigo de la persona que comete el hecho criminal operando frente al hecho consumado. En esta concepción, disminuir los índices de delincuencia implica, de una manera figurativa, eliminar a la persona que delinque del ámbito de la sociedad. Un ejemplo típico de estas políticas es el aumento de las penas para delitos relacionados con la seguridad ciudadana.
Aunque en la práctica es difícil de hallar gobiernos que reconozcan la aplicación de políticas de seguridad que se apoyen exclusivamente en este aspecto, lamentablemente sí encontramos numerosos casos donde lo represivo es el factor preponderante de una determinada política.
Encubierto como prevención del delito, el uso del Servicio Militar Obligatorio como política anticriminal cae dentro de este paradigma. Mas allá de estudios que demuestran su ineficacia en la materia, dado que la participación obligatoria en el servicio militar incrementa las posibilidades de participar en actividades delictivas, la medida claramente apunta a "castigar", esta vez anticipadamente, a aquellos que supuestamente delinquirán en el futuro. Nótese aquí que la represión y castigo se dirige ya no a un individuo sino a ciertos grupos sociales, ya que estas propuestas se piensan aplicadas a determinados grupos con "perfiles criminalísticos". Obviamente, el castigo no es criminal, sino simplemente consiste en "borrar" de la sociedad temporalmente a estas personas.
El modelo democrático
Otro paradigma, que podría denominarse "democrático", entiende la criminalidad y la inseguridad como fenómenos sociales complejos. En esta línea, la disminución de índices de criminalidad implica ocuparse de los diferentes aspectos de esta problemática, atendiendo también a sus causas y consecuencias. Por lo tanto, esta concepción propone una mirada integral a la temática.
Este paradigma incorpora la visión del ser humano como destinataria de las políticas públicas. Se ocupa tanto de la persona que comete un delito como de aquella que lo sufre, a los fines de proteger sus derechos fundamentales. Por ejemplo, bajo este paradigma se promueven medidas que se ocupen de los condicionamientos sociales que permiten el involucramiento de las personas en actos delictivos, como también de la debida atención de las víctimas.
En las políticas enroladas en este modelo, el aspecto represivo o de castigo es un asunto más de numerosas cuestiones igualmente relevantes. Así, este paradigma sugiere que brindar seguridad ciudadana implica la implementación de políticas que aporten soluciones a las causas sociales y económicas que facilitan la delincuencia; la activación de mecanismos de prevención del delito; y el uso de medidas de represión legitima de lo ilegal, que respondan a las consecuencias sociales de la criminalidad, tanto para las víctimas como para los victimarios.
Finalmente, este paradigma también propone un elemento de participación y control democrático en dos niveles. Por un lado, respecto de la necesidad de elaborar medidas sustentables sobre la base de consensos políticos y sociales, fijando mecanismos de participación de la ciudadanía para el diagnostico de situación y el diseño de políticas integrales. Por otro lado, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que implementen controles internos y externos que favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública, y que combatan la impunidad y la corrupción.
La compleja realidad
Implementar medidas públicas que se encuadren dentro de este paradigma resulta altamente complicado ya que el mismo requiere la implementación de una amplia gama de políticas. Mas allá de esa dificultad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboro en 2010 un detallado informe que analiza y propone medidas que se integran a este paradigma. Resulta de gran utilidad para quienes desde la función pública, la academia o la ciudadanía están comprometidos con una seguridad ciudadana democrática.
Solo resta aclarar que los paradigmas propuestos no son fácilmente identificables en la practica y que muchas políticas de seguridad pública (sean ya medidas aplicadas o sólo propuestas), no se ubican completamente dentro alguno de ellos.
Sin embargo estos paradigmas sirven como marcos que ayudan a entender cómo nuestra clase política entiende la problemática; cuál es el valor que le otorga a los derechos humanos de los involucrados ya sea como víctimas o victimarios; cuál es su compromiso con la resolución de los condicionamientos sociales que favorecen la delincuencia; y cuál es su visión sobre la democracia.
Más allá de la exactitud de las diversas mediciones, esta preocupación se ha traducido en un debate inconcluso acerca de cuáles son las formas más efectivas de reducir los índices de criminalidad en los países de la región. Analizando la temática desde puntos de partidas diferentes, las políticas públicas en la materia que se implementan o proponen en la agenda pública podrían, en líneas generales, ubicarse en dos paradigmas que se proponen aquí.
El paradigma represivo
Un primer paradigma, que podría denominarse "represivo", entiende que el problema de la criminalidad se soluciona principalmente a través de la represión y el castigo de la persona que comete el hecho criminal operando frente al hecho consumado. En esta concepción, disminuir los índices de delincuencia implica, de una manera figurativa, eliminar a la persona que delinque del ámbito de la sociedad. Un ejemplo típico de estas políticas es el aumento de las penas para delitos relacionados con la seguridad ciudadana.
Aunque en la práctica es difícil de hallar gobiernos que reconozcan la aplicación de políticas de seguridad que se apoyen exclusivamente en este aspecto, lamentablemente sí encontramos numerosos casos donde lo represivo es el factor preponderante de una determinada política.
Encubierto como prevención del delito, el uso del Servicio Militar Obligatorio como política anticriminal cae dentro de este paradigma. Mas allá de estudios que demuestran su ineficacia en la materia, dado que la participación obligatoria en el servicio militar incrementa las posibilidades de participar en actividades delictivas, la medida claramente apunta a "castigar", esta vez anticipadamente, a aquellos que supuestamente delinquirán en el futuro. Nótese aquí que la represión y castigo se dirige ya no a un individuo sino a ciertos grupos sociales, ya que estas propuestas se piensan aplicadas a determinados grupos con "perfiles criminalísticos". Obviamente, el castigo no es criminal, sino simplemente consiste en "borrar" de la sociedad temporalmente a estas personas.
El modelo democrático
Otro paradigma, que podría denominarse "democrático", entiende la criminalidad y la inseguridad como fenómenos sociales complejos. En esta línea, la disminución de índices de criminalidad implica ocuparse de los diferentes aspectos de esta problemática, atendiendo también a sus causas y consecuencias. Por lo tanto, esta concepción propone una mirada integral a la temática.
Este paradigma incorpora la visión del ser humano como destinataria de las políticas públicas. Se ocupa tanto de la persona que comete un delito como de aquella que lo sufre, a los fines de proteger sus derechos fundamentales. Por ejemplo, bajo este paradigma se promueven medidas que se ocupen de los condicionamientos sociales que permiten el involucramiento de las personas en actos delictivos, como también de la debida atención de las víctimas.
En las políticas enroladas en este modelo, el aspecto represivo o de castigo es un asunto más de numerosas cuestiones igualmente relevantes. Así, este paradigma sugiere que brindar seguridad ciudadana implica la implementación de políticas que aporten soluciones a las causas sociales y económicas que facilitan la delincuencia; la activación de mecanismos de prevención del delito; y el uso de medidas de represión legitima de lo ilegal, que respondan a las consecuencias sociales de la criminalidad, tanto para las víctimas como para los victimarios.
Finalmente, este paradigma también propone un elemento de participación y control democrático en dos niveles. Por un lado, respecto de la necesidad de elaborar medidas sustentables sobre la base de consensos políticos y sociales, fijando mecanismos de participación de la ciudadanía para el diagnostico de situación y el diseño de políticas integrales. Por otro lado, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que implementen controles internos y externos que favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública, y que combatan la impunidad y la corrupción.
La compleja realidad
Implementar medidas públicas que se encuadren dentro de este paradigma resulta altamente complicado ya que el mismo requiere la implementación de una amplia gama de políticas. Mas allá de esa dificultad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboro en 2010 un detallado informe que analiza y propone medidas que se integran a este paradigma. Resulta de gran utilidad para quienes desde la función pública, la academia o la ciudadanía están comprometidos con una seguridad ciudadana democrática.
Solo resta aclarar que los paradigmas propuestos no son fácilmente identificables en la practica y que muchas políticas de seguridad pública (sean ya medidas aplicadas o sólo propuestas), no se ubican completamente dentro alguno de ellos.
Sin embargo estos paradigmas sirven como marcos que ayudan a entender cómo nuestra clase política entiende la problemática; cuál es el valor que le otorga a los derechos humanos de los involucrados ya sea como víctimas o victimarios; cuál es su compromiso con la resolución de los condicionamientos sociales que favorecen la delincuencia; y cuál es su visión sobre la democracia.
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