Por Carlos Páez de la Torre H
10 Junio 2011
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UNA PESADILLA. Dibujo en la revista "Caras y Caretas" sobre una invasión de langostas, en noviembre de 1915. Al pie, dialogan Horacio Calderón, ministro de Agricultura y un agricultor.
Es sabido que, hasta la mitad del siglo XX, la langosta fue una pesadilla para los agricultores de Tucumán y de otros lugares del país. Una acción oficial especialmente intensa para combatirla se registró en 1891.
Ese año, el presidente Carlos Pellegrini promulgó la ley nacional 2793, que disponía adoptar, en acuerdo con los gobiernos provinciales, las medidas para luchar contra la langosta "en cualquier punto de la República donde apareciere".
Se constituyó para eso una Comisión Central en Buenos Aires, con filiales en las provincias que, a su vez, nombraron subcomisiones departamentales. En Tucumán, la central estaba presidida por don Alfredo Guzmán.
El Gobierno de Tucumán ordenó enérgicos recaudos. El vecino en cuyo terreno apareciera la langosta debía dar aviso inmediato a la comisión. Si el acridio desovaba, debía destruir los huevos y marcar el lugar con estacas. Le estaba terminantemente prohibido arrojar las langostas a los cultivos linderos.
Todo adulto, "bajo pena de multa o de ser compelido por la fuerza", debía prestar su concurso personal a la ofensiva, y aportar las herramientas o animales de su propiedad. Estaba obligado a combatir la plaga tanto en su terreno como en los linderos, y asimismo en el distrito o en el departamento, si lo llamaban.
En enero de 1892, desde San Pedro de Colalao, don Genaro Posse informaba afligido que "la cantidad extraordinaria" de langostas lo había forzado a recurrir a la Guardia Nacional. "Cerca de esta villa la plaga es enorme y me he visto en el caso de poner en defensa de ella hasta más de 100 hombres", escribía al gobernador Próspero García.
Ese año, el presidente Carlos Pellegrini promulgó la ley nacional 2793, que disponía adoptar, en acuerdo con los gobiernos provinciales, las medidas para luchar contra la langosta "en cualquier punto de la República donde apareciere".
Se constituyó para eso una Comisión Central en Buenos Aires, con filiales en las provincias que, a su vez, nombraron subcomisiones departamentales. En Tucumán, la central estaba presidida por don Alfredo Guzmán.
El Gobierno de Tucumán ordenó enérgicos recaudos. El vecino en cuyo terreno apareciera la langosta debía dar aviso inmediato a la comisión. Si el acridio desovaba, debía destruir los huevos y marcar el lugar con estacas. Le estaba terminantemente prohibido arrojar las langostas a los cultivos linderos.
Todo adulto, "bajo pena de multa o de ser compelido por la fuerza", debía prestar su concurso personal a la ofensiva, y aportar las herramientas o animales de su propiedad. Estaba obligado a combatir la plaga tanto en su terreno como en los linderos, y asimismo en el distrito o en el departamento, si lo llamaban.
En enero de 1892, desde San Pedro de Colalao, don Genaro Posse informaba afligido que "la cantidad extraordinaria" de langostas lo había forzado a recurrir a la Guardia Nacional. "Cerca de esta villa la plaga es enorme y me he visto en el caso de poner en defensa de ella hasta más de 100 hombres", escribía al gobernador Próspero García.
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