Una fundación rodeada de anomalías desde el momento de su inscripción

¿Qué es el caso Funsal? La polémica se desató el miércoles 18 de febrero de 2010, cuando LA GACETA dio cuenta del Acuerdo 188, por el que el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce el ministro de Salud, Pablo Yedlin.
El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empezado a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes, como así tampoco se haya aportado un listado de los profesionales que dictaron la capacitación. Frente a las irregularidades, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en el Siprosa para determinar si se produjo un daño al erario. Finalmente, en mayo del año pasado, el TC sancionó a Yedlin y a dos funcionarios con el pago de una multa equivalente a cinco sueldos, al constatar las irregularidades administrativas.
Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal era un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- estaba a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
Los integrantes de Funsal, además, eran empleados del Siprosa. Todos, en sede judicial, negaron tener conocimiento de que la fundación había presentado dos facturas al Siprosa por $ 800.000. Ese pago fue anulado por el Tribunal de Cuentas.