Por Daniel Dessein
28 Marzo 2011
"Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no lo era; enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era; después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista; luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó; ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde". Esta conocida frase que suele atribuirse a Bertolt Brecht resulta oportuna para reflexionar sobre lo que ocurrió ayer con los ejemplares del diario Clarín.
Todos los ciudadanos podemos perder nuestras libertades si no exigimos a nuestros gobernantes, cuando alguna de ellas es vulnerada, que cumplan su obligación de velar por ellas.
El bloqueo que impidió la circulación del matutino porteño Clarín afectó a una empresa periodística y a cientos de miles de lectores, que no pudieron informarse a través del medio que eligen habitualmente.
Pero se dañó algo mucho más trascendente que eso.
Más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre ese medio en particular, debemos reparar que se ha dañado gravemente el orden jurídico.
Impedir la circulación de un diario es un delito del Código Penal y una violación a preceptos constitucionales que sostienen el sistema democrático.
Así lo entendió la Justicia, al prohibir específicamente las obstrucciones que se registraron en los últimos meses.
El Gobierno nacional, sin embargo, no acató los fallos judiciales y fue un testigo pasivo de reiterados bloqueos a una decena de diarios.
Cuando el equilibrio de poderes se pierde o cuando quienes deben garantizar el goce de nuestros derechos se abstienen de hacerlo, se atenta contra la república y contra el pacto entre gobernantes y gobernados en que se apoya la democracia.
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