06 Febrero 2011
En los últimos días, en nuestro medio y en el país se ha asistido a un impresionante aumento de los casos de violencia tanto contra mujeres como contra niños -las víctimas más frecuentes, de acuerdo a las denuncias que tuvieron estado público- que ha generado fuerte alarma en la sociedad. En especial han causado inquietud las dolorosas circunstancias pasadas por dos niñas que huyeron de la casa familiar para librarse de las golpizas de su padrastro y se refugiaron en la vivienda de su abuela, así como la historia de la criatura que resultó con muerte cerebral a raíz de una salvaje agresión, aparentemente cometida por el concubino de su madre. En el ámbito nacional, las noticias dieron cuenta de siete mujeres quemadas por sus parejas en dos semanas, de las cuales cuatro fallecieron.
Se trata de un fenómeno que atraviesa todos los estratos sociales, que ha tenido más visibilidad recientemente, con el incremento de las denuncias. "Violencia hubo siempre. Quizás ahora se ve más ensañamiento, por el tema de las adicciones", explicó la experta Lucía Briones, de la Dirección de Familia de la Municipalidad. De acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos años crecieron un 75 % las presentaciones por este tipo de hechos; el 78 % de las personas afectadas son mujeres (de este porcentaje, el 20% son niñas) y el 17%, niños. Los agresores, en su gran mayoría, son hombres (el 87 %); de ellos, el 36 % son ex parejas, el 30 % concubinos y un 17 %, cónyuges. Todos los casos denunciados implican riesgo y el 59 % son de alto riesgo; de acuerdo a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema nacional, la mayoría de los casos implicaron violencia psicológica; luego siguen los episodios por violencia física, económica y sexual.
De acuerdo a lo relatado por la experta Briones, la violencia siempre va en escalada: primero es un empujón, luego una cachetada, después es más contundente y puede llegar incluso a la muerte. Por lo general, la víctima -con su autoestima disminuida o destruida- tiene a proteger al agresor, pensando, tras el pedido de este de perdón- que las cosas van a cambiar para mejor, pese a que le ciclo de violencia se renueva cada vez con mayor tensión.
Las historias que tuvieron estado público describen de modo impresionante situaciones que, en muchos casos, debieron generar alarma en el entorno de las víctimas para que se intente cambiar las cosas y evitar las consecuencias más graves. En el caso de la niña que fue golpeada hasta resultar con muerte cerebral, los vecinos comentaron que la madre había sido vista con moretones. Precisamente, uno de los cambios importantes de la ley nacional 25.929, vigente desde el año pasado, ha sido la búsqueda de la eliminación de trabas culturales e institucionales para que se actúe de inmediato frente a indicios o denuncias de violencia. Ahora cualquier juez, no importa el foro, puede dictar una medida de protección de personas ante un caso de violencia. Antes, esa competencia era exclusiva del juez de Familia. Ya no se exige la ratificación de la demanda por parte de la damnificada, si es que esta llegara a sentirse amedrentada por su agresor.
Pese que se señalan avances en cuanto a la contención de las víctimas, el aumento de casos debería encender la alerta acerca de que se trata de un problema social importante que requiere de un fuerte cambio cultural. Ha habido cuestionamientos con respecto a la falta de presupuesto para que se implementen políticas públicas antiviolencia, y para la creación de equipos profesionales, y por la falta de un necesario cambio de actitud en los receptores policiales de denuncias.
Todo lo que puede hacerse es poco frente a una problemática que entraña riesgos de vida de los afectados, y requiere de acciones rápidas y contundentes.
Se trata de un fenómeno que atraviesa todos los estratos sociales, que ha tenido más visibilidad recientemente, con el incremento de las denuncias. "Violencia hubo siempre. Quizás ahora se ve más ensañamiento, por el tema de las adicciones", explicó la experta Lucía Briones, de la Dirección de Familia de la Municipalidad. De acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos años crecieron un 75 % las presentaciones por este tipo de hechos; el 78 % de las personas afectadas son mujeres (de este porcentaje, el 20% son niñas) y el 17%, niños. Los agresores, en su gran mayoría, son hombres (el 87 %); de ellos, el 36 % son ex parejas, el 30 % concubinos y un 17 %, cónyuges. Todos los casos denunciados implican riesgo y el 59 % son de alto riesgo; de acuerdo a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema nacional, la mayoría de los casos implicaron violencia psicológica; luego siguen los episodios por violencia física, económica y sexual.
De acuerdo a lo relatado por la experta Briones, la violencia siempre va en escalada: primero es un empujón, luego una cachetada, después es más contundente y puede llegar incluso a la muerte. Por lo general, la víctima -con su autoestima disminuida o destruida- tiene a proteger al agresor, pensando, tras el pedido de este de perdón- que las cosas van a cambiar para mejor, pese a que le ciclo de violencia se renueva cada vez con mayor tensión.
Las historias que tuvieron estado público describen de modo impresionante situaciones que, en muchos casos, debieron generar alarma en el entorno de las víctimas para que se intente cambiar las cosas y evitar las consecuencias más graves. En el caso de la niña que fue golpeada hasta resultar con muerte cerebral, los vecinos comentaron que la madre había sido vista con moretones. Precisamente, uno de los cambios importantes de la ley nacional 25.929, vigente desde el año pasado, ha sido la búsqueda de la eliminación de trabas culturales e institucionales para que se actúe de inmediato frente a indicios o denuncias de violencia. Ahora cualquier juez, no importa el foro, puede dictar una medida de protección de personas ante un caso de violencia. Antes, esa competencia era exclusiva del juez de Familia. Ya no se exige la ratificación de la demanda por parte de la damnificada, si es que esta llegara a sentirse amedrentada por su agresor.
Pese que se señalan avances en cuanto a la contención de las víctimas, el aumento de casos debería encender la alerta acerca de que se trata de un problema social importante que requiere de un fuerte cambio cultural. Ha habido cuestionamientos con respecto a la falta de presupuesto para que se implementen políticas públicas antiviolencia, y para la creación de equipos profesionales, y por la falta de un necesario cambio de actitud en los receptores policiales de denuncias.
Todo lo que puede hacerse es poco frente a una problemática que entraña riesgos de vida de los afectados, y requiere de acciones rápidas y contundentes.