04 Enero 2011
En Casa de Gobierno consideran que la notificación realizada a la Legislatura del decreto 4.280/3, por el cual la Provincia formaliza la compra del nuevo avión Learjet, es el mero cumplimiento de un requisito, y no responde a la necesidad de una nueva intervención legislativa.
Este criterio se sustenta en que en la Ley 8.372, aprobada el 30 de noviembre, se otorgó un permiso genérico para que el Gobierno tome un préstamo bancario. "Facúltase al PE a asumir las obligaciones emergentes de la operación crediticia", se establece en el artículo 3. En esa misma norma se estipula que la primera opción consiste en que se usen recursos genuinos del erario, sin recurrir a crédito alguno.
Sin embargo, trascendió que ya surgieron dudas en la propia bancada oficialista por la falta de precisión en la autorización, ya que no constan plazo, intereses a pagar ni forma de amortización. El decreto tampoco los establece expresamente, sino que remite directamente al folio 10 del expediente que se tramitó en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, donde figuran las condiciones de contratación de $ 31,2 millones: un año para devolver el monto en pesos y a un interés del 14%.
Una alternativa que barajan en la Legislatura es que el contrato suscripto con el Banco del Tucumán llegue al recinto en la sesión del martes, donde se tratarán los pliegos de los magistrados propuestos para distintos cargos, para sanear esta situación y evitar que desde la oposición se impulsen críticas e incluso acciones judiciales que hagan fracasar la operación. Pero todavía el tema no está previsto para ser incluido en el orden del día.
Este criterio se sustenta en que en la Ley 8.372, aprobada el 30 de noviembre, se otorgó un permiso genérico para que el Gobierno tome un préstamo bancario. "Facúltase al PE a asumir las obligaciones emergentes de la operación crediticia", se establece en el artículo 3. En esa misma norma se estipula que la primera opción consiste en que se usen recursos genuinos del erario, sin recurrir a crédito alguno.
Sin embargo, trascendió que ya surgieron dudas en la propia bancada oficialista por la falta de precisión en la autorización, ya que no constan plazo, intereses a pagar ni forma de amortización. El decreto tampoco los establece expresamente, sino que remite directamente al folio 10 del expediente que se tramitó en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, donde figuran las condiciones de contratación de $ 31,2 millones: un año para devolver el monto en pesos y a un interés del 14%.
Una alternativa que barajan en la Legislatura es que el contrato suscripto con el Banco del Tucumán llegue al recinto en la sesión del martes, donde se tratarán los pliegos de los magistrados propuestos para distintos cargos, para sanear esta situación y evitar que desde la oposición se impulsen críticas e incluso acciones judiciales que hagan fracasar la operación. Pero todavía el tema no está previsto para ser incluido en el orden del día.
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