18 Diciembre 2010

La Provincia desistió de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia el fallo que dispone el cierre inmediato de la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado.
Inicialmente, Fiscalía de Estado había presentado un planteo de casación contra la sentencia de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, similar al interpuesto por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL. La concesionaria del servicio de tratamiento de los desechos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán argumentó que la sentencia de los vocales Augusto Avila y Carlos Ibáñez colocó a la Provincia en "situación de emergencia ambiental grave", atento a que con un eventual cierre de la planta, la basura que genere la población no tendría destino específico.
Marcha atrás
Tal como publicó LA GACETA, el 17 de noviembre los camaristas ordenaron la clausura de Pacará Pintado, al concluir que las actividades en ese predio sí contaminaron el medio ambiente.
Aquel día, los magistrados revocaron un fallo de primera instancia, mediante el que se rechazó una acción de amparo colectivo interpuesta en 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Tras la apelación, los camaristas hicieron lugar al planteo y ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta de Cruz Alta en un plazo de ocho meses, desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
Ayer, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, confirmó a LA GACETA que el Poder Ejecutivo finalmente desistirá de llevar la causa a la Corte Suprema. Precisamente, el fallo aclaratorio de los camaristas zanjó las dudas del Poder Ejecutivo. En la resolución correctiva, los vocales Avila e Ibáñez ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos".
En consecuencia, de cumplir la concesionaria con ese procedimiento, no sería necesario trasladar los desechos hacia otro predio. Esa alternativa, puntualmente, fue objetada por Montalbán. El funcionario provincial, en una entrevista concedida a este diario el 23 de noviembre, recordó que cuando se cerró el basural de Los Vázquez, en 2004, los especialistas advirtieron que menos dañino al medio ambiente sería mantener la basura en su lugar, bajo un monitoreo permanente del Estado. "Es mucho más grave esa alternativa que dejar que se desactiven los residuos", sostuvo Montalbán en aquella ocasión.
Paralelamente, ante un recurso de aclaratoria de la federación ambiental que impulsó la causa, los integrantes de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común reforzaron la posibilidad de que los desechos depositados en Pacará Pintado no sean retirados. Incluso, advirtieron que, en caso de que no ser conducente esa medida, la alternativa judicial ofrecida sigue siendo la presentación de un plan de cierre con el control de la Secretaría de Medio Ambiente. Ese plan deberá contemplar, según los magistrados, datos meteorológicos, datos de emisión (control de aguas, lixiviados y gases), protección de aguas subterráneas, balance hidrológico y topografía de la zona (datos sobre el pozo de vertido).
Inicialmente, Fiscalía de Estado había presentado un planteo de casación contra la sentencia de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, similar al interpuesto por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL. La concesionaria del servicio de tratamiento de los desechos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán argumentó que la sentencia de los vocales Augusto Avila y Carlos Ibáñez colocó a la Provincia en "situación de emergencia ambiental grave", atento a que con un eventual cierre de la planta, la basura que genere la población no tendría destino específico.
Marcha atrás
Tal como publicó LA GACETA, el 17 de noviembre los camaristas ordenaron la clausura de Pacará Pintado, al concluir que las actividades en ese predio sí contaminaron el medio ambiente.
Aquel día, los magistrados revocaron un fallo de primera instancia, mediante el que se rechazó una acción de amparo colectivo interpuesta en 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Tras la apelación, los camaristas hicieron lugar al planteo y ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta de Cruz Alta en un plazo de ocho meses, desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
Ayer, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, confirmó a LA GACETA que el Poder Ejecutivo finalmente desistirá de llevar la causa a la Corte Suprema. Precisamente, el fallo aclaratorio de los camaristas zanjó las dudas del Poder Ejecutivo. En la resolución correctiva, los vocales Avila e Ibáñez ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos".
En consecuencia, de cumplir la concesionaria con ese procedimiento, no sería necesario trasladar los desechos hacia otro predio. Esa alternativa, puntualmente, fue objetada por Montalbán. El funcionario provincial, en una entrevista concedida a este diario el 23 de noviembre, recordó que cuando se cerró el basural de Los Vázquez, en 2004, los especialistas advirtieron que menos dañino al medio ambiente sería mantener la basura en su lugar, bajo un monitoreo permanente del Estado. "Es mucho más grave esa alternativa que dejar que se desactiven los residuos", sostuvo Montalbán en aquella ocasión.
Paralelamente, ante un recurso de aclaratoria de la federación ambiental que impulsó la causa, los integrantes de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común reforzaron la posibilidad de que los desechos depositados en Pacará Pintado no sean retirados. Incluso, advirtieron que, en caso de que no ser conducente esa medida, la alternativa judicial ofrecida sigue siendo la presentación de un plan de cierre con el control de la Secretaría de Medio Ambiente. Ese plan deberá contemplar, según los magistrados, datos meteorológicos, datos de emisión (control de aguas, lixiviados y gases), protección de aguas subterráneas, balance hidrológico y topografía de la zona (datos sobre el pozo de vertido).
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