13 Noviembre 2010
Su avance es silencioso y mortífero. El consumo de estupefacientes no reconoce edades, sin embargo, en los últimos años ha apuntado con fuerza a los adolescentes y a los jóvenes, e incluso ha comenzado a llegar a niños. La droga se ha convertido en un temible enemigo de una sociedad, que aún no ha tomado real conciencia de los estragos que ocasiona.
A comienzos de octubre pasado, el arzobispo Luis Villalba recorrió los barrios de la Costanera, azotados por el flagelo de la droga y se conmovió por el drama social; se estima que viven allí alrededor de 2.000 chicos en riesgo. Los habitantes le pidieron desesperadamente que intercediera ante el gobernador para que los ayudaran. "Supongo que las autoridades ya lo saben y que no hace falta que se lo diga... En La Costanera hay demasiados carteles pintados en las paredes con los nombres de políticos. Yo creo que a este barrio no le hace falta que vengan a ponerle letreros, sino que realmente den soluciones a la gente que vive en la miseria", dijo.
En la última decena de octubre, en ocasión de que por mayoría, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocaron el procesamiento de una persona por cultivar plantas en su domicilio destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal y dispuso su sobreseimiento, publicamos un extracto del voto del vocal Ricardo Sanjuan. El magistrado señaló que ya con la ley 20.771 (sobre estupefacientes) encontraba en la provincia una falta total de política adecuada al tratamiento de los adictos. "Solamente contábamos con un pequeño centro del adicto y la familia que funcionaba en el Hospital Padilla, el que con un mínimo de personal interdisciplinario, trataba a los adictos que eran derivados de los juzgados federales y puedo decir con seguridad, que con muy poco éxito. Lo mismo sucedía cuando la Municipalidad de esta ciudad, puso un centro de rehabilitación a cargo de un distinguido profesional, el doctor Alfredo Córdoba, que con un grupo de adictos rehabilitados, intentó trabajar seriamente en su contención; sin embargo, una vez más, el Estado hizo abandono de dicha área el centro desapareció... Los padres se acercan a estos estrados judiciales buscando desesperadamente que se trate y rehabilite a sus hijos, encontrando como única respuesta de los jueces una ilusoria aplicación de los tratamientos curativos o educativos, plasmados en una resolución judicial, sin efecto alguno", escribió.
En nuestra edición del jueves dedicamos un amplio espacio al fracaso de Las Moritas, la primera comunidad terapéutica estatal que se inauguró en agosto de 2009 para tratar casos graves de adicción. Surgió como una respuesta a las constantes y razonables quejas de expertos y padres de que no había centros de internación para drogadictos. Pero desde un comienzo era insuficiente y discriminatorio. El lugar cuenta con ocho habitaciones con capacidad para 24 pacientes, que debían ser mayores de 18 años sin conflicto con la ley. En los últimos diez meses, cerca de 30 pacientes pasaron por la institución, cuando comenzó a recibir internos y la mayoría abandonó la terapia. Los adictos que volvían a reincidir eran apartados del instituto, pese que un informe de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico indica que casi la mitad de los adictos en tratamiento reinciden.
La escasa cobertura del Estado para ayudar a un número cada vez más creciente de adictos debería impulsar al gobierno a diseñar una política de Estado integral, en la que intervengan los ministerios de Educación, Salud, Deportes y Cultura, así como instituciones académicas y civiles. Es imprescindible que el Estado dé una respuesta rápida y satisfactoria a jóvenes y padres acorralados por el azote de la droga.
A comienzos de octubre pasado, el arzobispo Luis Villalba recorrió los barrios de la Costanera, azotados por el flagelo de la droga y se conmovió por el drama social; se estima que viven allí alrededor de 2.000 chicos en riesgo. Los habitantes le pidieron desesperadamente que intercediera ante el gobernador para que los ayudaran. "Supongo que las autoridades ya lo saben y que no hace falta que se lo diga... En La Costanera hay demasiados carteles pintados en las paredes con los nombres de políticos. Yo creo que a este barrio no le hace falta que vengan a ponerle letreros, sino que realmente den soluciones a la gente que vive en la miseria", dijo.
En la última decena de octubre, en ocasión de que por mayoría, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocaron el procesamiento de una persona por cultivar plantas en su domicilio destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal y dispuso su sobreseimiento, publicamos un extracto del voto del vocal Ricardo Sanjuan. El magistrado señaló que ya con la ley 20.771 (sobre estupefacientes) encontraba en la provincia una falta total de política adecuada al tratamiento de los adictos. "Solamente contábamos con un pequeño centro del adicto y la familia que funcionaba en el Hospital Padilla, el que con un mínimo de personal interdisciplinario, trataba a los adictos que eran derivados de los juzgados federales y puedo decir con seguridad, que con muy poco éxito. Lo mismo sucedía cuando la Municipalidad de esta ciudad, puso un centro de rehabilitación a cargo de un distinguido profesional, el doctor Alfredo Córdoba, que con un grupo de adictos rehabilitados, intentó trabajar seriamente en su contención; sin embargo, una vez más, el Estado hizo abandono de dicha área el centro desapareció... Los padres se acercan a estos estrados judiciales buscando desesperadamente que se trate y rehabilite a sus hijos, encontrando como única respuesta de los jueces una ilusoria aplicación de los tratamientos curativos o educativos, plasmados en una resolución judicial, sin efecto alguno", escribió.
En nuestra edición del jueves dedicamos un amplio espacio al fracaso de Las Moritas, la primera comunidad terapéutica estatal que se inauguró en agosto de 2009 para tratar casos graves de adicción. Surgió como una respuesta a las constantes y razonables quejas de expertos y padres de que no había centros de internación para drogadictos. Pero desde un comienzo era insuficiente y discriminatorio. El lugar cuenta con ocho habitaciones con capacidad para 24 pacientes, que debían ser mayores de 18 años sin conflicto con la ley. En los últimos diez meses, cerca de 30 pacientes pasaron por la institución, cuando comenzó a recibir internos y la mayoría abandonó la terapia. Los adictos que volvían a reincidir eran apartados del instituto, pese que un informe de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico indica que casi la mitad de los adictos en tratamiento reinciden.
La escasa cobertura del Estado para ayudar a un número cada vez más creciente de adictos debería impulsar al gobierno a diseñar una política de Estado integral, en la que intervengan los ministerios de Educación, Salud, Deportes y Cultura, así como instituciones académicas y civiles. Es imprescindible que el Estado dé una respuesta rápida y satisfactoria a jóvenes y padres acorralados por el azote de la droga.
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