La Justicia prohibió una protesta en Overa Pozo

Si algo faltaba para enrarecer aún más el clima en torno del que funciona la planta de disposición final de la basura de Overa Pozo, era la intervención del Poder Judicial. En rigor, la última protesta que tenían previsto realizar los vecinos y productores de la zona en rechazo a la instalación del vaciadero debió suspenderse porque desde los tribunales llegó una medida cautelar que prohibió a los autoconvocados acercarse al predio estatal que explota la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.

Ante la denuncia del director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, el juez de Instrucción Penal de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, prohibió acercarse al lugar al agricultor Fernando Vidal y al dirigente radical Esteban Cabrera, y "a cualquier otra persona y/o medio" que impidan el normal desenvolvimiento de los vehículos que transportan los residuos sólidos urbanos. La medida, según fundamentó el juez Pisa, se dictó con el objetivo de garantizar la libre circulación de los camiones hacia Overa Pozo, y tuvo un alcance de 500 metros durante el horario comprendido entre la "salida y la puesta del sol" del miércoles. Para su cumplimiento, además, el magistrado dispuso de una consigna policial constante.

Llamativamente, los impulsores de la medida cautelar son reparticiones públicas y no representantes de la empresa concesionaria del servicio de disposición final de la basura. En efecto, además de la DAU, también Vialidad Provincial planteó ante la Justicia sus temores por las acciones vecinales.

Puntualmente, el abogado José Ignacio Vázquez, apoderado de Vialidad, denunció que desconocidos se encuentran, desde hace tiempo, restringiendo el libre tránsito en las rutas provinciales 303 y 327 (que conducen al depósito de residuos), "lo que imposibilitaría las tareas que le son propias a ese órgano; esto es la conservación y el mantenimiento de las vías de tránsito".

Paralelamente, el juez Pisa se hizo eco de la declaración formulada por el presidente del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, que integran los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán. José Evaristo Suárez, según consta en el fallo judicial, planteó que la actitud de los autoconvocados "estaría ocasionando un grave perjuicio económico y poniendo en riesgo la salud pública de los ciudadanos".

Si bien la prohibición de acercamiento a Overa Pozo rigió para el día en que los vecinos tenían previsto realizar una masiva protesta, los autoconvocados denunciaron ante LA GACETA que se trata de una persecución del Gobierno. "De todas formas, lo único que consiguieron con eso fue enardecer aún más a los vecinos del este, porque nunca fuimos consultados sobre la instalación del basural y ahora, encima, nos quieren prohibir que ejerzamos nuestro legítimo y legal derecho a la protesta", alertó Cabrera.