Por Álvaro José Aurane
16 Octubre 2010
La mentira estaba en la manera de decirlo y no en lo que dijo.
(Dashiell Hammett, "El halcón maltés", citado por Juan José Sebrelli en "Cuadernos").
Está ahí. No precisamente a mano, porque hay que buscarlo entre 2.286 expedientes. Y eso era hasta ayer. Pero es público. Y su diagnóstico alarmante es notorio. Puede sonar paradójico, pero tal vez por eso lleva un mes y las autoridades provinciales nada han dicho de él. Tal vez porque es público y notorio es que su mensaje (en sí mismo, una denuncia dantesca), pueda resultar hasta inverosímil. ¿Cómo va a aseverar semejante cosa un documento público? Pero sí: lo afirma. Asegura que, después de que se ejecuta el Presupuesto General de la Provincial, las cuentas del Estado no dicen lo que tendrían que decir. Peor aún, lo que muestran ni siquiera puede considerarse razonable.
La sentencia es del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión del ejercicio 2009, elaborado por la Contaduría General de la Provincia. Hay que admitirlo: el nombre no sólo es pomposo sino que también es complejo. Para entender de qué se trata no sólo basta con decir que la Cuenta de Inversión es el detalle de todo cuanto ha ingresado como recurso y de todo cuanto ha egresado como gasto en el erario, porque eso refiere sólo al cariz contable del instrumento.
En realidad, el asunto es más amplio pero también más sencillo: a la vuelta de esto se cierra el circuito presupuestario y, sobre todo, se consuman principios esenciales de la república y de la democracia. Todo comienza cuando el Ejecutivo envía la Legislatura un proyecto de presupuesto anual. Cuando la Cámara (puede modificarlo) lo aprueba, lo torna mandato presupuestario. La Casa de Gobierno lo ejecuta y el Tribunal de Cuentas, al final, eleva un informe al parlamento acerca de cuánto respetaron los funcionarios lo determinado por los representantes del pueblo.
Aplazo universal
Para llevar adelante esa tarea, el organismo de control distingue dos áreas: una refiere a la Administración Pública Centralizada y los Poderes del Estado, y representa poco más del 80% de los recursos públicos. El resto es para los organismos descentralizados.
Es así como se llega al capítulo 2 del informe del ente de contralor, denominado, nada menos, Estado de Ejecución Presupuestaria. El apartado 2.1 se llama Ejecución Presupuestaria de Administración Central y Cuentas Especiales y allí expresan los contadores fiscales: consideramos que los saldos presupuestarios contenidos en el Estado de Ejecución Presupuestaria, no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente.
El apartado 2.2, Ejecución Presupuestaria de Organismos Descentralizados, reza: Con respecto a los Organismos Descentralizados, que son: Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de Recursos Hídricos, Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, d) Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Sistema Provincial de Salud y Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano; reiteramos la opinión manifestada precedentemente sobre los Saldos Presupuestarios de la Administración Central y Poderes del Estado en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2009 debido a que idéntica situación se manifiesta en estos Organismos.
Ambas citas son textuales del Acuerdo Nº 2009, el cual demuestra que con respecto al ejecución presupuestaria de 2009 el único número que cierra sin reparos es el del año calendario y el de la acordada. Por lo demás, según este estudio, son nada menos que los saldos de la administración pública, de los poderes del Estado y de los organismos descentralizados los que no cuadran "con la normativa vigente".
La "normativa vigente" es simple: a cada organismo le dan un presupuesto y de allí se resta lo que se va consumiendo. La diferencia es, sin más, el saldo. Así lo dicen los contadores fiscales en el mentado informe sobre la Cuenta de Inversión: "consideramos que el saldo presupuestario correcto debe ser la diferencia entre 'Presupuesto Vigente' y 'Ordenado a Pagar'". Clarito. Entonces, ¿por qué los saldos de la totalidad del universo estatal tucumano "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto" si el asunto no es complicado? Porque -para decirlo con elegancia- los gastos son mal registrados. Con todo lo que eso habilita.
Obstáculos ilimitados
Para lograr que los saldos no sean claros, el Gobierno ha hecho complejo lo sencillo. Por fortuna, eso no es complicado de entender. En primer lugar, a la hora de realizar su tarea, los fiscalizadores se toparon con una cordillera de obstáculos que, el informe sobre la Cuenta de Inversión denomina, amablemente, "limitaciones". A modo de ejemplo: los libros contables carecen de numeración a partir del folio 1.000. Y resulta que el Diario General de la Administración Central tiene 22.570 fojas. No hay foliatura para el Ipvdu ni el Siprosa. Y los comprobantes que genera el Sistema de Administración Financiera y Contable (el programa que rige la contabilidad provincial) guardan correlación con la numeración pero, qué cosa, no con las fechas.
A esto se suma que, siempre según el Tribunal de Cuentas, durante todo 2009 la Contaduría General y el Tesoro General de la Provincia generaron Estados Contables Mensuales de carácter provisorio. ¿Cuándo entregaron los saldos mensuales finales de todos los organismo? El 31 de mayo pasado. Sobre ellos, además, se realizaron correcciones ("asientos de ajuste") que suman unas 1.200. ¿Cuándo debía entregarse el informe sobre toda esa documentación? Cien días después.
Como si esto no bastara, el Gobierno no informa los saldos conforme a lo que los fiscalizadores reclaman porque así lo dice la ley. Es decir, no se consigna como saldo el resultado entre "Presupuesto Vigente" menos el "Ordenado a Pagar": este último, al contar con orden de pago, ya es un gasto devengado. Por el contrario, según consta en el Acuerdo Nº 2009, la Contaduría General "aconsejó" que se utilice para el cálculo la instancia del gasto "Aprobado": esta es una instancia bastante anterior a la del ordenamiento del pago. La aprobación, de hecho, es el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal, según los manuales contables.
¿Qué implica esa diferencia? Lo sabe la Contaduría General: "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2.009, se afectarán al ejercicio siguiente (art. 70 de la Ley de Administración Financiera)", dice su resolución 259/09. Y esta es la puerta de acceso a lo que no dice el informe de la Cuenta de Inversión: los excedentes financieros.
Oculta abundancia
Los excedentes financieros son la plata que un organismo estatal efectivamente tiene pero que no gastó por las más diversas razones durante un ejercicio anual. Según la Ley de Excedentes Financieros (6.930), la Legislatura, la Justicia y el Tribunal de Cuentas retiran durante el año la totalidad del presupuesto que se les asigna. ¿Qué pasa con lo que no gastan? No se sabe. Es decir, no se informa públicamente al respecto.
¿Existen? Sin dudas: se tuvo noticias de ellos cuando el Tribunal de Cuentas hizo que la Legislatura expropiara la casa de la familia Manganelli para habilitar un acceso más cómodo a sus cocheras por calle San Lorenzo al 300. Entonces, el ente de contralor dijo que pagaría la expropiación con ahorros. ¿Cuáles, si no genera ingresos propios? Con los provenientes de los excedentes financieros. Esos que no aparecen en el centenar de páginas del informe sobre la Cuenta de Inversión 2009. Ni 2008. Ni 2007?
Puesto en términos reales: según el Acuerdo Nº 2009, por cada $ 100 autorizados por la Legislatura para el año pasado se economizaron $ 15,22. De esto surgen dos preguntas: ¿cómo determina tal proporción el Tribunal de Cuentas si los saldos son, cuanto menos, dudosos? ¿Dónde está o en que se usó lo economizado por los órganos mencionados si ellos retiran la totalidad de lo pautado?
Privado de ser público
Para el cuadro final huelgan los calificativos. El Presupuesto General de la Provincia, desde que el alperovichismo gobierna, se sanciona en la Legislatura sin que se le dé una copia del detalle de los recursos y los gastos ni a los oficialistas. Ese Presupuesto desconocido, además, está subestimado: se fijan desde pautas inflacionarias hasta cálculos de recaudación muy bajos. Y después de mitad de año se realizan "ampliaciones presupuestarias" en las cuales todo el dineral que se anexa puede ser gastado discrecionalmente por el Gobierno. Para el caso, se presupuestaron $ 7.100 millones para todo 2010 en Tucumán, y para este último trimestre se agregaron $ 1.134 millones: un 16%. Ni un solo peso es para gastos de capital, o sea, para obras. Más tarde, cuando se informe en qué se gastó la plata de los tucumanos, los saldos no reflejarán razonablemente la ejecución del Presupuesto. Y, como siempre, la Legislatura de apabullante dominio oficialista nada hará al respecto.
Mientras tanto, los contadores fiscales tucumanos acaban de decir que la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado en 2009 carece de toda razonabilidad legal. ¿Faltó plata al cierre del ejercicio? Ni un peso. Pero la mentira no está en lo que el Gobierno dice de ese gasto total, sino en el modo en que lo registra: en la manera en que lo dice. Y no se trata de $ 1 o $ 2: "el monto total de Gastos en el ejercicio 2009 importa la cantidad de $ 8.615 millones". Y todo esto a 15 días de que se presente el Proyecto General de la Provincia para el año que viene. Para el electoralísimo 2011.
(Dashiell Hammett, "El halcón maltés", citado por Juan José Sebrelli en "Cuadernos").
Está ahí. No precisamente a mano, porque hay que buscarlo entre 2.286 expedientes. Y eso era hasta ayer. Pero es público. Y su diagnóstico alarmante es notorio. Puede sonar paradójico, pero tal vez por eso lleva un mes y las autoridades provinciales nada han dicho de él. Tal vez porque es público y notorio es que su mensaje (en sí mismo, una denuncia dantesca), pueda resultar hasta inverosímil. ¿Cómo va a aseverar semejante cosa un documento público? Pero sí: lo afirma. Asegura que, después de que se ejecuta el Presupuesto General de la Provincial, las cuentas del Estado no dicen lo que tendrían que decir. Peor aún, lo que muestran ni siquiera puede considerarse razonable.
La sentencia es del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión del ejercicio 2009, elaborado por la Contaduría General de la Provincia. Hay que admitirlo: el nombre no sólo es pomposo sino que también es complejo. Para entender de qué se trata no sólo basta con decir que la Cuenta de Inversión es el detalle de todo cuanto ha ingresado como recurso y de todo cuanto ha egresado como gasto en el erario, porque eso refiere sólo al cariz contable del instrumento.
En realidad, el asunto es más amplio pero también más sencillo: a la vuelta de esto se cierra el circuito presupuestario y, sobre todo, se consuman principios esenciales de la república y de la democracia. Todo comienza cuando el Ejecutivo envía la Legislatura un proyecto de presupuesto anual. Cuando la Cámara (puede modificarlo) lo aprueba, lo torna mandato presupuestario. La Casa de Gobierno lo ejecuta y el Tribunal de Cuentas, al final, eleva un informe al parlamento acerca de cuánto respetaron los funcionarios lo determinado por los representantes del pueblo.
Aplazo universal
Para llevar adelante esa tarea, el organismo de control distingue dos áreas: una refiere a la Administración Pública Centralizada y los Poderes del Estado, y representa poco más del 80% de los recursos públicos. El resto es para los organismos descentralizados.
Es así como se llega al capítulo 2 del informe del ente de contralor, denominado, nada menos, Estado de Ejecución Presupuestaria. El apartado 2.1 se llama Ejecución Presupuestaria de Administración Central y Cuentas Especiales y allí expresan los contadores fiscales: consideramos que los saldos presupuestarios contenidos en el Estado de Ejecución Presupuestaria, no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente.
El apartado 2.2, Ejecución Presupuestaria de Organismos Descentralizados, reza: Con respecto a los Organismos Descentralizados, que son: Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de Recursos Hídricos, Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, d) Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Sistema Provincial de Salud y Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano; reiteramos la opinión manifestada precedentemente sobre los Saldos Presupuestarios de la Administración Central y Poderes del Estado en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2009 debido a que idéntica situación se manifiesta en estos Organismos.
Ambas citas son textuales del Acuerdo Nº 2009, el cual demuestra que con respecto al ejecución presupuestaria de 2009 el único número que cierra sin reparos es el del año calendario y el de la acordada. Por lo demás, según este estudio, son nada menos que los saldos de la administración pública, de los poderes del Estado y de los organismos descentralizados los que no cuadran "con la normativa vigente".
La "normativa vigente" es simple: a cada organismo le dan un presupuesto y de allí se resta lo que se va consumiendo. La diferencia es, sin más, el saldo. Así lo dicen los contadores fiscales en el mentado informe sobre la Cuenta de Inversión: "consideramos que el saldo presupuestario correcto debe ser la diferencia entre 'Presupuesto Vigente' y 'Ordenado a Pagar'". Clarito. Entonces, ¿por qué los saldos de la totalidad del universo estatal tucumano "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto" si el asunto no es complicado? Porque -para decirlo con elegancia- los gastos son mal registrados. Con todo lo que eso habilita.
Obstáculos ilimitados
Para lograr que los saldos no sean claros, el Gobierno ha hecho complejo lo sencillo. Por fortuna, eso no es complicado de entender. En primer lugar, a la hora de realizar su tarea, los fiscalizadores se toparon con una cordillera de obstáculos que, el informe sobre la Cuenta de Inversión denomina, amablemente, "limitaciones". A modo de ejemplo: los libros contables carecen de numeración a partir del folio 1.000. Y resulta que el Diario General de la Administración Central tiene 22.570 fojas. No hay foliatura para el Ipvdu ni el Siprosa. Y los comprobantes que genera el Sistema de Administración Financiera y Contable (el programa que rige la contabilidad provincial) guardan correlación con la numeración pero, qué cosa, no con las fechas.
A esto se suma que, siempre según el Tribunal de Cuentas, durante todo 2009 la Contaduría General y el Tesoro General de la Provincia generaron Estados Contables Mensuales de carácter provisorio. ¿Cuándo entregaron los saldos mensuales finales de todos los organismo? El 31 de mayo pasado. Sobre ellos, además, se realizaron correcciones ("asientos de ajuste") que suman unas 1.200. ¿Cuándo debía entregarse el informe sobre toda esa documentación? Cien días después.
Como si esto no bastara, el Gobierno no informa los saldos conforme a lo que los fiscalizadores reclaman porque así lo dice la ley. Es decir, no se consigna como saldo el resultado entre "Presupuesto Vigente" menos el "Ordenado a Pagar": este último, al contar con orden de pago, ya es un gasto devengado. Por el contrario, según consta en el Acuerdo Nº 2009, la Contaduría General "aconsejó" que se utilice para el cálculo la instancia del gasto "Aprobado": esta es una instancia bastante anterior a la del ordenamiento del pago. La aprobación, de hecho, es el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal, según los manuales contables.
¿Qué implica esa diferencia? Lo sabe la Contaduría General: "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2.009, se afectarán al ejercicio siguiente (art. 70 de la Ley de Administración Financiera)", dice su resolución 259/09. Y esta es la puerta de acceso a lo que no dice el informe de la Cuenta de Inversión: los excedentes financieros.
Oculta abundancia
Los excedentes financieros son la plata que un organismo estatal efectivamente tiene pero que no gastó por las más diversas razones durante un ejercicio anual. Según la Ley de Excedentes Financieros (6.930), la Legislatura, la Justicia y el Tribunal de Cuentas retiran durante el año la totalidad del presupuesto que se les asigna. ¿Qué pasa con lo que no gastan? No se sabe. Es decir, no se informa públicamente al respecto.
¿Existen? Sin dudas: se tuvo noticias de ellos cuando el Tribunal de Cuentas hizo que la Legislatura expropiara la casa de la familia Manganelli para habilitar un acceso más cómodo a sus cocheras por calle San Lorenzo al 300. Entonces, el ente de contralor dijo que pagaría la expropiación con ahorros. ¿Cuáles, si no genera ingresos propios? Con los provenientes de los excedentes financieros. Esos que no aparecen en el centenar de páginas del informe sobre la Cuenta de Inversión 2009. Ni 2008. Ni 2007?
Puesto en términos reales: según el Acuerdo Nº 2009, por cada $ 100 autorizados por la Legislatura para el año pasado se economizaron $ 15,22. De esto surgen dos preguntas: ¿cómo determina tal proporción el Tribunal de Cuentas si los saldos son, cuanto menos, dudosos? ¿Dónde está o en que se usó lo economizado por los órganos mencionados si ellos retiran la totalidad de lo pautado?
Privado de ser público
Para el cuadro final huelgan los calificativos. El Presupuesto General de la Provincia, desde que el alperovichismo gobierna, se sanciona en la Legislatura sin que se le dé una copia del detalle de los recursos y los gastos ni a los oficialistas. Ese Presupuesto desconocido, además, está subestimado: se fijan desde pautas inflacionarias hasta cálculos de recaudación muy bajos. Y después de mitad de año se realizan "ampliaciones presupuestarias" en las cuales todo el dineral que se anexa puede ser gastado discrecionalmente por el Gobierno. Para el caso, se presupuestaron $ 7.100 millones para todo 2010 en Tucumán, y para este último trimestre se agregaron $ 1.134 millones: un 16%. Ni un solo peso es para gastos de capital, o sea, para obras. Más tarde, cuando se informe en qué se gastó la plata de los tucumanos, los saldos no reflejarán razonablemente la ejecución del Presupuesto. Y, como siempre, la Legislatura de apabullante dominio oficialista nada hará al respecto.
Mientras tanto, los contadores fiscales tucumanos acaban de decir que la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado en 2009 carece de toda razonabilidad legal. ¿Faltó plata al cierre del ejercicio? Ni un peso. Pero la mentira no está en lo que el Gobierno dice de ese gasto total, sino en el modo en que lo registra: en la manera en que lo dice. Y no se trata de $ 1 o $ 2: "el monto total de Gastos en el ejercicio 2009 importa la cantidad de $ 8.615 millones". Y todo esto a 15 días de que se presente el Proyecto General de la Provincia para el año que viene. Para el electoralísimo 2011.
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