Abogados del Estado no dejan de ir a la escuela

Detrás del empleado público está el mito de aquel trabajador que no sale de la zona de confort, que sólo se sostiene por su buena conducta y que no le hace falta capacitación para perfeccionarse. Aquel preconcepto fue alimentando el monstruo de un Estado burócrata, como ese elefante que le cuesta moverse para atender la demanda de la sociedad. Los cambios tecnológicos y la necesidad de mejorar los servicios han conducido, paulatinamente, al sector público hacia la profesionalización. En ese contexto, dentro del Estado se lanzaron una serie de programas que promueven la especialización tanto al empleado de más baja categoría en el escalafón como al plantel jerárquico. Y esto no sólo redunda en un mayor ingreso, sino también en generar un clima de motivación permanente para que el plantel estatal se adapte a los cambios.

A ese tren se subieron ahora los abogados del Estado. Llamados a constituirse en "el semáforo de los ministros", 45 letrados de distintas reparticiones fueron seleccionados para la Carrera de Especialización de Abogacía Pública, un programa impulsado por la Secretaría General de la Gobernación, en coordinación con la Procuración del Tesoro de la Nación.

"Decimos que los abogados del Estado deben constituirse en el semáforo del funcionamiento ministerial porque son ellos los que resguardan la legalidad de los actos, ponen la señal de alerta cuando consideran que algo debe perfeccionarse o bien encienden la luz roja cuando una iniciativa debe ser reformulada", indicó a LA GACETA Fernando Graneros, coordinador del programa de capacitación de un año que se dicta en las aulas de la Dirección General de Rentas.

La carrera de especialización en Abogacía Pública (un posgrado) es dictada por docentes locales como de la Escuela de Formación de Abogados del Estado. Las clases son dinámicas: en ellas, los abogados se ponen de un lado y del otro del mostrador, en una simulación de juicio contra el Estado. "Está claro que se está formando a este personal para que defienda a "su" cliente: el Estado", apunta Graneros, que se desempeña como director de Recursos Humanos.

En la selección de los alumnos no se tuvo en cuenta la edad, pero sí los antecedentes y las funciones que poseen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Se trata de robustecer el perfil de compromiso con el Estado por parte de los profesionales que, con esta capacitación, pueden seguir ascendiendo en el escalafón estatal. Pero, como valor agregado, esta camada de profesionales se constituirá en el cuerpo docente de cada sector que representan.

La carrera incluye 17 materias, vinculadas al procedimiento administrativo, a la metodología de investigación y hasta la redacción administrativa. "En esto, intentamos que los instrumentos jurídicos que se elaboren tengan la mayor claridad posible, con la mejor fundamentación", sostiene Graneros.

En el fondo, con estos programas, el Poder Ejecutivo intenta quebrar aquel viejo mito de que los abogados del Estado no ganan tantos juicios como debieran. "Creemos que con estos sistemas de capacitación, el Estado está realizando una inversión para la calificación de sus recursos humanos. Paralelamente, los cursos posibilitan que los letrados de distintas áreas se conozcan y, por ende, interactuen con mayor fluidez", señala el director de Recursos Humanos.