11 Octubre 2010
Desde hace 10 días, el predio de Pacará Pintado sólo recibe los residuos que generan los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán para su clasificación. Es decir, técnicamente dejó de funcionar como planta de disposición final de la basura.
Precisamente, esta situación abre interrogantes respecto del futuro de la causa que inició en la Justicia provincial la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales. La entidad reclamó en 2007 el cierre del predio, por entender que contaminaba el medio ambiente. Un juez de primera instancia no hizo lugar al recurso de amparo promovido, la ONG ambientalista apeló y la Cámara en lo Civil y Comercial Común ordenó nuevas pericias en Pacará Pintado. Los resultados de los análisis fueron concluyentes: el predio generaba contaminación.
Frente al nuevo escenario, la federación ambiental solicitó a los camaristas Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila un embargo superior a los $ 16 millones en contra de la firma que explota Pacará Pintado (Servicios y Construcciones La Banda SRL), a fin de que se garantice el plan de cierre de la planta. Incluso, los ambientalistas, por intermedio del abogado Javier Navarro Muruaga, advirtieron sobre la necesidad de que pese al cierre operativo de Pacará Pintado, el Estado garanticeel procesamiento de los residuos acumulados durante seis años en ese sitio, "así como un plan de cierre de la planta, que incluya el traslado de los desechos a otro predio apto".
Precisamente, esta situación abre interrogantes respecto del futuro de la causa que inició en la Justicia provincial la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales. La entidad reclamó en 2007 el cierre del predio, por entender que contaminaba el medio ambiente. Un juez de primera instancia no hizo lugar al recurso de amparo promovido, la ONG ambientalista apeló y la Cámara en lo Civil y Comercial Común ordenó nuevas pericias en Pacará Pintado. Los resultados de los análisis fueron concluyentes: el predio generaba contaminación.
Frente al nuevo escenario, la federación ambiental solicitó a los camaristas Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila un embargo superior a los $ 16 millones en contra de la firma que explota Pacará Pintado (Servicios y Construcciones La Banda SRL), a fin de que se garantice el plan de cierre de la planta. Incluso, los ambientalistas, por intermedio del abogado Javier Navarro Muruaga, advirtieron sobre la necesidad de que pese al cierre operativo de Pacará Pintado, el Estado garanticeel procesamiento de los residuos acumulados durante seis años en ese sitio, "así como un plan de cierre de la planta, que incluya el traslado de los desechos a otro predio apto".
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