19 Septiembre 2010
Hacia un esquema fiscal más federal
Una de las alternativas sugeridas por el Iaraf es que la Nación reemplace las transferencias enviadas a través del FEP por los fondos remitidos para que los distritos ejecuten obra pública, sin incluir el Fondo Federal Solidario, ya que su carácter de automático y dependiente de un tributo específico (que se pretende sea eliminado) no lo hacen viable como fuente de financiamiento estable.
LA GACETA
Ningún gobernador está dispuesto a resignar ni un centavo de lo que actualmente percibe a través del fondo de coparticipación federal de impuestos. Por esa razón, los proyectos para reformular el sistema de reparto naufragaron como intenciones de tener una caja común, más equitativa, más federal y, por sobre todo, que contribuya a corregir las históricas asimetrías entre regiones ricas y regiones pobres de la Argentina.
Actualmente, en el Congreso hay intenciones de eliminar la precoparticipación del 15% de la masa bruta (destinada a la Anses) e incluir el reparto de la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque. Estas reformas sólo constituyen una modificación en la distribución primaria permitiendo a las provincias en su conjunto obtener más recursos en comparación con la situación actual, indica el Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf). Según un informe de esa entidad, encabezada por el economista Nadin Argañaraz, esas propuestas no se orientan a la resolución de cuestiones clave del federalismo como las disparidades regionales, ni establecen un mecanismo de financiamiento de la reforma, que de llevarse a cabo implicaría una reducción inmediata y sostenida de los ingresos de ANSES (perdería $ 27.000 millones sólo en 2011) llevándola a incurrir en elevados déficits desde el momento mismo de su implementación (partiendo de un déficit de $ 18.000 millones en 2011).
En ese aspecto, el Iaraf propuso un esquema que no se busca necesariamente que las provincias reciban más dinero, sino que se aseguren que la mayor parte de los fondos totales que finalmente le lleguen desde la Nación sean automáticos y dentro de un mismo sistema de coparticipación claramente legislado. Puntualmente, el esquema del instituto para un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos entre las provincias tiene las siguientes características:
Se eliminan todas las detracciones especiales y precoparticipaciones, de manera tal que la conformación de la masa de recursos tributarios a repartir es clara y precisa: se integra por el 100% de todos los impuestos excepto los del comercio exterior y los recursos de la seguridad social. En la distribución de estos recursos entre niveles de gobierno, los porcentajes a emplear son explícitos y objetivos.
Se mantiene inicialmente la distribución existente de recursos (primaria y secundaria) y se la modifica en el margen, a través del reparto diferencial del excedente de recursos respecto de un año base, que es 2010, dado que se trabaja bajo el supuesto que la reforma comience a aplicarse en 2011.
Las ganancias de institucionalidad y claridad, se complementan con el tratamiento explícito de las alternativas de financiamiento de la reforma. En la propuesta del Iaraf, los mayores envíos automáticos de Nación serían contrarrestados con menores transferencias de capital, de manera tal de no afectar el balance fiscal del nivel superior de gobierno.
A través de la modificación gradual de los criterios de reparto secundario se obtendría una importante reducción de las disparidades regionales de capacidad de gasto público por habitante.
Mediante la consideración explícita en la propuesta de la Anses como participante clave en el reparto de recursos, el organismo mantendría el equilibrio fiscal en la mayoría de los escenarios considerados. Por el contrario, las propuestas legislativas recientes, como se expresó, desfinancian al organismo encargado de la seguridad social en nuestro país, pero dejan esta cuestión clave sin resolver en forma explícita.
En la estimación de los efectos posibles de la reforma se trabaja con un horizonte temporal de cinco años (período 2011-2015), pensando en que el gradualismo de la misma permita llegar a 2015 con un federalismo más ordenado y transparente, lo que facilitará contar con mayores elementos y partir desde una mejor posición institucional que la actual. Así podría alcanzarse una convergencia con los sistemas de coordinación fiscal intergubernamental de federaciones que son referentes en la materia como Australia o Canadá.
Actualmente, en el Congreso hay intenciones de eliminar la precoparticipación del 15% de la masa bruta (destinada a la Anses) e incluir el reparto de la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque. Estas reformas sólo constituyen una modificación en la distribución primaria permitiendo a las provincias en su conjunto obtener más recursos en comparación con la situación actual, indica el Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf). Según un informe de esa entidad, encabezada por el economista Nadin Argañaraz, esas propuestas no se orientan a la resolución de cuestiones clave del federalismo como las disparidades regionales, ni establecen un mecanismo de financiamiento de la reforma, que de llevarse a cabo implicaría una reducción inmediata y sostenida de los ingresos de ANSES (perdería $ 27.000 millones sólo en 2011) llevándola a incurrir en elevados déficits desde el momento mismo de su implementación (partiendo de un déficit de $ 18.000 millones en 2011).
En ese aspecto, el Iaraf propuso un esquema que no se busca necesariamente que las provincias reciban más dinero, sino que se aseguren que la mayor parte de los fondos totales que finalmente le lleguen desde la Nación sean automáticos y dentro de un mismo sistema de coparticipación claramente legislado. Puntualmente, el esquema del instituto para un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos entre las provincias tiene las siguientes características:
Se eliminan todas las detracciones especiales y precoparticipaciones, de manera tal que la conformación de la masa de recursos tributarios a repartir es clara y precisa: se integra por el 100% de todos los impuestos excepto los del comercio exterior y los recursos de la seguridad social. En la distribución de estos recursos entre niveles de gobierno, los porcentajes a emplear son explícitos y objetivos.
Se mantiene inicialmente la distribución existente de recursos (primaria y secundaria) y se la modifica en el margen, a través del reparto diferencial del excedente de recursos respecto de un año base, que es 2010, dado que se trabaja bajo el supuesto que la reforma comience a aplicarse en 2011.
Las ganancias de institucionalidad y claridad, se complementan con el tratamiento explícito de las alternativas de financiamiento de la reforma. En la propuesta del Iaraf, los mayores envíos automáticos de Nación serían contrarrestados con menores transferencias de capital, de manera tal de no afectar el balance fiscal del nivel superior de gobierno.
A través de la modificación gradual de los criterios de reparto secundario se obtendría una importante reducción de las disparidades regionales de capacidad de gasto público por habitante.
Mediante la consideración explícita en la propuesta de la Anses como participante clave en el reparto de recursos, el organismo mantendría el equilibrio fiscal en la mayoría de los escenarios considerados. Por el contrario, las propuestas legislativas recientes, como se expresó, desfinancian al organismo encargado de la seguridad social en nuestro país, pero dejan esta cuestión clave sin resolver en forma explícita.
En la estimación de los efectos posibles de la reforma se trabaja con un horizonte temporal de cinco años (período 2011-2015), pensando en que el gradualismo de la misma permita llegar a 2015 con un federalismo más ordenado y transparente, lo que facilitará contar con mayores elementos y partir desde una mejor posición institucional que la actual. Así podría alcanzarse una convergencia con los sistemas de coordinación fiscal intergubernamental de federaciones que son referentes en la materia como Australia o Canadá.
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