09 Septiembre 2010
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en estudio una decena de apelaciones presentadas por la defensa pública del ex gobernador Antonio Domingo Bussi, en rechazo de procesamientos en su contra en causas por violaciones a los derechos humanos. De este modo, se intenta evitar que el ex mandatario sea juzgado por delitos de lesa humanidad.
Los trámites llegaron a la instancia superior de la Justicia argentina luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmase las imputaciones realizadas por los tribunales inferiores. Si bien la mayoría de los casos se originan en Tucumán, también hay expedientes de otras provincias del noroeste argentino (estaban bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1977, cuando Bussi ejercía su comandancia), y del Juzgado Federal de San Martín, del que depende Campo de Mayo, donde el ex mandatario fue trasladado en 1978.
En general, todos los casos de esta naturaleza sometidos a decisión de los magistrados terminan siendo rechazados porque los planteos no se refieren a una sentencia de fondo (materia de tratamiento en la Corte), sino al mero trámite de una causa. Así se dispuso el martes, cuando denegó por inadmisible un recurso extraordinario de queja, que ya había sido rechazado por la sala IV de la Cámara de Casación Penal.
María Guerra, a juicio oral
El máximo tribunal no habilitó el recurso presentado por la policía María Elena Guerra, quien está acusada por la usurpación de la casa donde vivieron los desaparecidos Diana Oesterheld y Raúl Araldi.
"El recurso extraordinario cuya denegación origina esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable", sostuvieron los magistrados. De este modo, se habilitó su juzgamiento en juicio que se sustanciará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
La situación de Guerra estaba incluida en la causa por el funcionamiento del centro clandestino de detención de la ex Jefatura de Policía, pero por la apelación que presentó ante la Cámara Nacional de Casación Penal (cuestionó la calificación de delito de lesa humanidad en su acusación), fue separada de las audiencias que se sustanciaron entre febrero y julio. En el proceso fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, mientras que Bussi fue separado por razones de salud. Durante su trámite fallecieron Albino Mario Alberto Zimmermann y Alberto Cattáneo.
Los trámites llegaron a la instancia superior de la Justicia argentina luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmase las imputaciones realizadas por los tribunales inferiores. Si bien la mayoría de los casos se originan en Tucumán, también hay expedientes de otras provincias del noroeste argentino (estaban bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1977, cuando Bussi ejercía su comandancia), y del Juzgado Federal de San Martín, del que depende Campo de Mayo, donde el ex mandatario fue trasladado en 1978.
En general, todos los casos de esta naturaleza sometidos a decisión de los magistrados terminan siendo rechazados porque los planteos no se refieren a una sentencia de fondo (materia de tratamiento en la Corte), sino al mero trámite de una causa. Así se dispuso el martes, cuando denegó por inadmisible un recurso extraordinario de queja, que ya había sido rechazado por la sala IV de la Cámara de Casación Penal.
María Guerra, a juicio oral
El máximo tribunal no habilitó el recurso presentado por la policía María Elena Guerra, quien está acusada por la usurpación de la casa donde vivieron los desaparecidos Diana Oesterheld y Raúl Araldi.
"El recurso extraordinario cuya denegación origina esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable", sostuvieron los magistrados. De este modo, se habilitó su juzgamiento en juicio que se sustanciará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
La situación de Guerra estaba incluida en la causa por el funcionamiento del centro clandestino de detención de la ex Jefatura de Policía, pero por la apelación que presentó ante la Cámara Nacional de Casación Penal (cuestionó la calificación de delito de lesa humanidad en su acusación), fue separada de las audiencias que se sustanciaron entre febrero y julio. En el proceso fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, mientras que Bussi fue separado por razones de salud. Durante su trámite fallecieron Albino Mario Alberto Zimmermann y Alberto Cattáneo.
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