12 Agosto 2010
"Es grave, la Provincia no tiene cómo pagar"
Alperovich se mostró preocupado por la decisión del Ciadi de dejar firme el fallo que favorece a la Compañía Aguas del Aconquija. La Ley que reglamenta la refinanciación, por parte de la Nación, de la deuda pública local estipula que Tucumán debe hacerse cargo de afrontar los U$S 170 millones.
![SIMBOLISMO. Alperovich habló del Ciadi tras entregar una ambulancia al intendente bandeño, Zacarías Khoder. SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION](https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2010/8/12/970x647_39325213-1736448.webp)
Le costaba dejar salir las palabras, pero cuando estas ganaban el aire no dejaban lugar a dudas. El rechazo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a un planteo de nulidad interpuesto la Argentina en 2007 -lo que ratificó un fallo en contra del país- golpeó certeramente el humor del gobernador, José Alperovich. Durante su habitual recorrida matutina no dejó de advertir sobre la gravedad del tema, y admitió que aún no sabe cómo harán para pagar los U$S 170 millones.
La reciente sentencia del Ciadi clausuró las instancias en el marco del litigio entre el Estado nacional y el grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi, que comenzó en 1996, cuando la Compañía Aguas del Aconquija (CAA) -subsidiaria de la empresa francesa- se retiró de una concesión de aguas y de tratamiento de desechos, ya que acusó a las autoridades provinciales de alterar el contrato.
"No hay estrategia judicial; es un tema serio, gravísimo: se ha perdido. La Provincia no tiene cómo pagar, así que hay que ver como se resuelve el tema", reconoció el mandatario.
La Ley 8.310 (acuerdo entre la Nación y la Provincia, por la refinanciación integral de la deuda pública local), sancionada el 30 de junio, estipula que Tucumán deberá afrontar ese pago, pero abre la posibilidad de que el Gobierno central otorgue facilidades. "La Provincia asumirá todo pago que el Estado nacional deba realizar con relación al laudo arbitral del 20 de agosto de 2007, en el arbitraje caratulado Compañía Aguas del Aconquija SA y Vivendi Universal SA contra la República Argentina. En tal caso, el modo en que dichos importes le serán reembolsados a la Nación deberán ser acordados por ambas partes", dice la norma.
"Es un juicio que nos corresponde a nosotros. Fue una empresa a la que se corrió en su momento. La Provincia no tiene dinero para afrontar esto. No sé cómo se va a hacer, pero no es nada fácil de resolver porque son casi $ 750 millones que hay que pagar y es responsabilidad de la provincia", dijo Alperovich. Consultado sobre la chance de pedir un préstamo a la Nación, respondió: "vamos a ver. Lo que puedo advertir es que es grave y que lo tenemos que pagar nosotros".
"El Estado es uno solo"
Si bien Alperovich recordó que el conflicto se inició durante la gestión de Antonio Bussi, no le endilgó culpas. Incluso, cuando la prensa le preguntó si él, que por entonces ocupaba una banca en la Legislatura, estuvo de acuerdo con la separación de Aguas del Aconquija, respondió: "el Estado es uno solo; hay que pagarlo".
El mandatario también aclaró que se agotaron las instancias a las cuales recurrir. "No conozco bien el fallo. Esta mañana (por ayer) hablé con el fiscal de Estado (Pedro Giudice) bien tempranito: me contó que no hay más apelación. Pero no conocemos más; es grave para la Provincia. No lo podemos pagar", insistió.
Conflicto de la salud
En la charla con la prensa, el gobernador también se refirió al conflicto que mantienen, desde hace 16 meses, los trabajadores autoconvocados de la salud con el Gobierno provincial. En particular, habló acerca de llo manifestado por representantes del movimiento, de acudir a la Justicia a raíz de la no renovación del vínculo laboral al médico Carim Asus, lo que desató la ira de los autoconvocados (Ver página 5).
Cuando le preguntaron si la Provincia podía ser demandada por esto, afirmó desconocer el tema. "No sé, creo que no. (Pero) si la Justicia resuelve algo tenemos que acatar. Como hicimos siempre durante estos siete años de Gobierno. Somos y seremos muy respetuosos de los fallos de la Justicia; y lo que ella diga, nosotros acataremos", adelantó.
La reciente sentencia del Ciadi clausuró las instancias en el marco del litigio entre el Estado nacional y el grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi, que comenzó en 1996, cuando la Compañía Aguas del Aconquija (CAA) -subsidiaria de la empresa francesa- se retiró de una concesión de aguas y de tratamiento de desechos, ya que acusó a las autoridades provinciales de alterar el contrato.
"No hay estrategia judicial; es un tema serio, gravísimo: se ha perdido. La Provincia no tiene cómo pagar, así que hay que ver como se resuelve el tema", reconoció el mandatario.
La Ley 8.310 (acuerdo entre la Nación y la Provincia, por la refinanciación integral de la deuda pública local), sancionada el 30 de junio, estipula que Tucumán deberá afrontar ese pago, pero abre la posibilidad de que el Gobierno central otorgue facilidades. "La Provincia asumirá todo pago que el Estado nacional deba realizar con relación al laudo arbitral del 20 de agosto de 2007, en el arbitraje caratulado Compañía Aguas del Aconquija SA y Vivendi Universal SA contra la República Argentina. En tal caso, el modo en que dichos importes le serán reembolsados a la Nación deberán ser acordados por ambas partes", dice la norma.
"Es un juicio que nos corresponde a nosotros. Fue una empresa a la que se corrió en su momento. La Provincia no tiene dinero para afrontar esto. No sé cómo se va a hacer, pero no es nada fácil de resolver porque son casi $ 750 millones que hay que pagar y es responsabilidad de la provincia", dijo Alperovich. Consultado sobre la chance de pedir un préstamo a la Nación, respondió: "vamos a ver. Lo que puedo advertir es que es grave y que lo tenemos que pagar nosotros".
"El Estado es uno solo"
Si bien Alperovich recordó que el conflicto se inició durante la gestión de Antonio Bussi, no le endilgó culpas. Incluso, cuando la prensa le preguntó si él, que por entonces ocupaba una banca en la Legislatura, estuvo de acuerdo con la separación de Aguas del Aconquija, respondió: "el Estado es uno solo; hay que pagarlo".
El mandatario también aclaró que se agotaron las instancias a las cuales recurrir. "No conozco bien el fallo. Esta mañana (por ayer) hablé con el fiscal de Estado (Pedro Giudice) bien tempranito: me contó que no hay más apelación. Pero no conocemos más; es grave para la Provincia. No lo podemos pagar", insistió.
Conflicto de la salud
En la charla con la prensa, el gobernador también se refirió al conflicto que mantienen, desde hace 16 meses, los trabajadores autoconvocados de la salud con el Gobierno provincial. En particular, habló acerca de llo manifestado por representantes del movimiento, de acudir a la Justicia a raíz de la no renovación del vínculo laboral al médico Carim Asus, lo que desató la ira de los autoconvocados (Ver página 5).
Cuando le preguntaron si la Provincia podía ser demandada por esto, afirmó desconocer el tema. "No sé, creo que no. (Pero) si la Justicia resuelve algo tenemos que acatar. Como hicimos siempre durante estos siete años de Gobierno. Somos y seremos muy respetuosos de los fallos de la Justicia; y lo que ella diga, nosotros acataremos", adelantó.