11 Agosto 2010

Los empresarios que se dedican a la compra y venta de vehículos están indignados: el Gobierno nacional continúa imponiendo nuevos controles y requisitos para los operaciones que se realizan con los autos. Si bien la intención oficial es "blanquear" este mercado y evitar la evasión, en las concesionarias -principalmente de usados- afirman que su negocio está cada vez más complicado.
En su edición de ayer, LA GACETA adelantó que la AFIP amplió el control sobre la compraventa de usados, ya que estableció como obligatorio el uso del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) al momento de transferir un vehículo de segunda mano, cuyo costo en el mercado supere los $ 30.000.
A esa disposición se sumó otra que se conoció ayer mismo: el Gobierno nacional requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre el origen de los fondos de cada operación que realicen cuando involucren montos mayores a los $ 50.000.
Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada ayer en el Boletín Oficial. Según esa medida, la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El objetivo de la norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas. La UIF justificó la nueva resolución al señalar que habían surgido "diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de registros seccionales del país".
La voz de los vendedores
Los empresarios que se dedican a comercializar vehículos usados cuestionaron este tipo de medida, ya que entienden que vuelven insostenible su negocio. "Está bien que haya más controles, pero atenta contra la subsistencia de los pequeños empresarios que nos dedicamos a esto. Lo que se logrará es que sólo las grandes agencias concentren el mercado de los usados", explicó un vendedor que pidió reserva de su nombre.
Otro pequeño empresario del rubro explicó que, entre otros motivos, tuvo que cerrar su pequeña agencia de usados a causa del CETA. "El registro obliga a registrar las transacciones, lo que las encarece, al igual que nuestros costos fijos. Este tipo de medidas son buenas, pero para países en los que las cosas funcionen bien y permitan trabajar a todos, no en este", se quejó.
Desde el punto de vista funcional, la obtención del CETA no es sencilla, pese a que en la AFIP argumentan lo contrario. Para acceder a ese certificado, es necesario contar con una clave fiscal, de nivel dos o tres de seguridad. El nivel uno es sencillo de generar y se hace con sólo el CUIL. Pero los otros dos niveles involucran hacerse presente en la AFIP. En Tucumán, sólo una persona atendió ayer a varias decenas de personas que se acercaron a la oficina de "Clave fiscal" de la AFIP. Muchas de ellas se quedaron sin poder realizar el trámite.
En su edición de ayer, LA GACETA adelantó que la AFIP amplió el control sobre la compraventa de usados, ya que estableció como obligatorio el uso del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) al momento de transferir un vehículo de segunda mano, cuyo costo en el mercado supere los $ 30.000.
A esa disposición se sumó otra que se conoció ayer mismo: el Gobierno nacional requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre el origen de los fondos de cada operación que realicen cuando involucren montos mayores a los $ 50.000.
Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada ayer en el Boletín Oficial. Según esa medida, la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El objetivo de la norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas. La UIF justificó la nueva resolución al señalar que habían surgido "diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de registros seccionales del país".
La voz de los vendedores
Los empresarios que se dedican a comercializar vehículos usados cuestionaron este tipo de medida, ya que entienden que vuelven insostenible su negocio. "Está bien que haya más controles, pero atenta contra la subsistencia de los pequeños empresarios que nos dedicamos a esto. Lo que se logrará es que sólo las grandes agencias concentren el mercado de los usados", explicó un vendedor que pidió reserva de su nombre.
Otro pequeño empresario del rubro explicó que, entre otros motivos, tuvo que cerrar su pequeña agencia de usados a causa del CETA. "El registro obliga a registrar las transacciones, lo que las encarece, al igual que nuestros costos fijos. Este tipo de medidas son buenas, pero para países en los que las cosas funcionen bien y permitan trabajar a todos, no en este", se quejó.
Desde el punto de vista funcional, la obtención del CETA no es sencilla, pese a que en la AFIP argumentan lo contrario. Para acceder a ese certificado, es necesario contar con una clave fiscal, de nivel dos o tres de seguridad. El nivel uno es sencillo de generar y se hace con sólo el CUIL. Pero los otros dos niveles involucran hacerse presente en la AFIP. En Tucumán, sólo una persona atendió ayer a varias decenas de personas que se acercaron a la oficina de "Clave fiscal" de la AFIP. Muchas de ellas se quedaron sin poder realizar el trámite.
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