Por Federico Abel
12 Mayo 2010
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) no merecía un debut como el que ha tenido con el concurso iniciático, convocado para la cobertura del estratégico cargo de secretario permanente de dicho cuerpo. Para que el CAM sea algo más que una sigla y para que pueda erigirse en un nuevo paradigma en la selección transparente de jueces independientes e idóneos, desde el comienzo, sus procedimientos -lo que también incluye el proceder de sus miembros- deben ser -y, con la misma intensidad, parecer- irreprochables.
Porque ha costado mucho su establecimiento, la sociedad tomó en serio al CAM -cosa rara en estos tiempos escépticos- y depositó en él muchas expectativas, mal que les pese a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que han festejado largamente el primer traspié como una prueba infalible de su inutilidad y de que, en Tucumán, era más sincero seguir con las digitaciones políticas de todos los cargos vinculados al Poder Judicial. Precisamente, porque ya se sabe adónde conduce el nihilismo en términos institucionales, en los primeros pasos del CAM hay demasiado en juego: nada menos que la confianza pública de una comunidad incrédula y desanimada.
A partir de esas premisas debe analizarse el hecho de que Pablo Martín Mercado, el abogado elegido para desempeñarse como secretario del CAM, haya omitido en su currículo -en el momento de presentarse al primer concurso- nada menos que la mención de los cargos en la gestión pública que lo vinculaban políticamente con la vicepresidenta del CAM, la alperovichista Carolina Vargas Aignasse, que actuó como consejera-jurado en dicho proceso de selección.
Lamentablemente, lejos de formular su decisión de dar un paso al costado como una renuncia -lo que sí hubiera sido todo un gesto de su parte-, Mercado la ha planteado como una no aceptación -por parte estrictamente suya- del cargo de secretario, cuya acto de designación, dicho sea de paso, se encontraba suspendido en su ejecutoriedad. Es decir, él es quien dice que "no" y quien desaira -o deja plantado- al CAM, más allá de que en el texto sugiera que su acto está henchido de generosidad al haberse autoexcluido de "ser partícipe de un proceso histórico en Tucumán".
Lo que no dice -otra vez- es que su determinación llega escasas horas después de que el principal legislador oficialista en el CAM, Regino Amado, para quien la omisión sí fue un error relevante, le dio a entender que su suerte estaba echada y que, si no renunciaba, ni él estaba dispuesto ya a sostenerlo si el CAM entendía que había que votar su exclusión por supuesta falta ética o reglamentaria. Esto, por cierto, más allá del esfuerzo del alperovichismo porque Mercado absorba exclusivamente todo el costo, constituye un incontrastable revés político para Vargas Aignasse, dentro y fuera del CAM. Ya se sabe: por más que se quiera, no se puede tapar el sol con un dedo.
Lejos del más mínimo acto de contrición, en el texto, Mercado insistió en que no ha ocultado ni ha tenido la intención de negar ninguna vinculación (se entiende que con Vargas Aignasse), porque era de público y notorio que apenas fue, durante 15 días, en noviembre de 2003, secretario de Gobierno cuando la actual legisladora se desempeñó como intendenta de esta capital. Sin embargo, no aludió a que ella también lo nombró, en diciembre de ese año, personal de bloque en el Concejo Deliberante. Más útil hubiera sido que informara en qué fecha solicitó al Registro Municipal de Decretos y Ordenanzas que autenticara las copias de los decretos por los que fue designado, porque, según declaró a la prensa, como no logró concretar esta diligencia a tiempo, no ha podido consignar esos detalles en el currículo. Curiosamente, aun en la hipótesis de que la mención del desempeño de los cargos públicos fuera facultativa (no obligatoria) para los concursantes, Mercado sí precisó puntualmente las funciones cumplidas en la Municipalidad de Banda del Río Salí.
En el currículo, en relación con la Beca "País Federal", otorgada por la FURP, Mercado se limitó a declarar que fue seleccionado para participar de un programa en Estados Unidos en 1998. No obstante, el viernes pasado, cuando ya había estallado el escándalo, concurrió con un escribano a la sede del CAM y en el acta notarial solicitó que se dejara sentado que "María Carolina Vargas también fue integrante del grupo". Esto, porque, efectivamente, tal circunstancia consta en la documentación adjuntada al currículo (no en este último). Ahora bien, lo que no dice Mercado -otra vez- es que toda esa documentación está redactada en inglés. Esto implica que los otros concursantes (lo mismo vale para los otros miembros del CAM), en el hipotético caso de que hubieran pretendido recusar a Vargas Aignasse basándose en este hecho, estaban obligados a conocer esa lengua -requisito no exigido para postular para el cargo de secretario del CAM- si aspiraban a relacionar a Mercado con "María Carolina Vargas". Además, iban a tener que conjeturar, cual detectives, que ese nombre correspondía a la misma Vargas Aignasse, vicepresidenta del CAM. Esto sin contar que la Ley de Procedimiento Administrativo de Tucumán, que bien podría aplicarse supletoriamente, exige que los documentos expedidos en otra jurisdicción, además de debidamente legalizados, si están redactados en idioma extranjero, deben ser acompañados "con su correspondiente traducción, hecha por traductor matriculado" (artículo 34). Por supuesto que todas estas idas y vueltas serían innecesarias si, en un primer momento, Mercado hubiera consignado en el currículo nomás que, además de los cargos que los ligaban, también viajó a EE.UU. con Vargas Aignasse.
Lo que ha pasado obliga al CAM -si es que de verdad ha sacado una lección- a extremar la cautela, para que las garantías de los aspirantes que siguen en carrera reluzcan más que nunca. Esto supone no tomar a la ligera -ni mucho menos minimizar- los diversos planteos efectuados por otros concursantes, como Arturo Miguel Luis Ponsati (que fue sumamente criticado en el CAM, simplemente por haber ejercido el derecho constitucional a un estricto debido proceso), Paul Hofer o Adriana Altube. La sociedad lo demanda.
Porque ha costado mucho su establecimiento, la sociedad tomó en serio al CAM -cosa rara en estos tiempos escépticos- y depositó en él muchas expectativas, mal que les pese a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que han festejado largamente el primer traspié como una prueba infalible de su inutilidad y de que, en Tucumán, era más sincero seguir con las digitaciones políticas de todos los cargos vinculados al Poder Judicial. Precisamente, porque ya se sabe adónde conduce el nihilismo en términos institucionales, en los primeros pasos del CAM hay demasiado en juego: nada menos que la confianza pública de una comunidad incrédula y desanimada.
A partir de esas premisas debe analizarse el hecho de que Pablo Martín Mercado, el abogado elegido para desempeñarse como secretario del CAM, haya omitido en su currículo -en el momento de presentarse al primer concurso- nada menos que la mención de los cargos en la gestión pública que lo vinculaban políticamente con la vicepresidenta del CAM, la alperovichista Carolina Vargas Aignasse, que actuó como consejera-jurado en dicho proceso de selección.
Lamentablemente, lejos de formular su decisión de dar un paso al costado como una renuncia -lo que sí hubiera sido todo un gesto de su parte-, Mercado la ha planteado como una no aceptación -por parte estrictamente suya- del cargo de secretario, cuya acto de designación, dicho sea de paso, se encontraba suspendido en su ejecutoriedad. Es decir, él es quien dice que "no" y quien desaira -o deja plantado- al CAM, más allá de que en el texto sugiera que su acto está henchido de generosidad al haberse autoexcluido de "ser partícipe de un proceso histórico en Tucumán".
Lo que no dice -otra vez- es que su determinación llega escasas horas después de que el principal legislador oficialista en el CAM, Regino Amado, para quien la omisión sí fue un error relevante, le dio a entender que su suerte estaba echada y que, si no renunciaba, ni él estaba dispuesto ya a sostenerlo si el CAM entendía que había que votar su exclusión por supuesta falta ética o reglamentaria. Esto, por cierto, más allá del esfuerzo del alperovichismo porque Mercado absorba exclusivamente todo el costo, constituye un incontrastable revés político para Vargas Aignasse, dentro y fuera del CAM. Ya se sabe: por más que se quiera, no se puede tapar el sol con un dedo.
Lejos del más mínimo acto de contrición, en el texto, Mercado insistió en que no ha ocultado ni ha tenido la intención de negar ninguna vinculación (se entiende que con Vargas Aignasse), porque era de público y notorio que apenas fue, durante 15 días, en noviembre de 2003, secretario de Gobierno cuando la actual legisladora se desempeñó como intendenta de esta capital. Sin embargo, no aludió a que ella también lo nombró, en diciembre de ese año, personal de bloque en el Concejo Deliberante. Más útil hubiera sido que informara en qué fecha solicitó al Registro Municipal de Decretos y Ordenanzas que autenticara las copias de los decretos por los que fue designado, porque, según declaró a la prensa, como no logró concretar esta diligencia a tiempo, no ha podido consignar esos detalles en el currículo. Curiosamente, aun en la hipótesis de que la mención del desempeño de los cargos públicos fuera facultativa (no obligatoria) para los concursantes, Mercado sí precisó puntualmente las funciones cumplidas en la Municipalidad de Banda del Río Salí.
En el currículo, en relación con la Beca "País Federal", otorgada por la FURP, Mercado se limitó a declarar que fue seleccionado para participar de un programa en Estados Unidos en 1998. No obstante, el viernes pasado, cuando ya había estallado el escándalo, concurrió con un escribano a la sede del CAM y en el acta notarial solicitó que se dejara sentado que "María Carolina Vargas también fue integrante del grupo". Esto, porque, efectivamente, tal circunstancia consta en la documentación adjuntada al currículo (no en este último). Ahora bien, lo que no dice Mercado -otra vez- es que toda esa documentación está redactada en inglés. Esto implica que los otros concursantes (lo mismo vale para los otros miembros del CAM), en el hipotético caso de que hubieran pretendido recusar a Vargas Aignasse basándose en este hecho, estaban obligados a conocer esa lengua -requisito no exigido para postular para el cargo de secretario del CAM- si aspiraban a relacionar a Mercado con "María Carolina Vargas". Además, iban a tener que conjeturar, cual detectives, que ese nombre correspondía a la misma Vargas Aignasse, vicepresidenta del CAM. Esto sin contar que la Ley de Procedimiento Administrativo de Tucumán, que bien podría aplicarse supletoriamente, exige que los documentos expedidos en otra jurisdicción, además de debidamente legalizados, si están redactados en idioma extranjero, deben ser acompañados "con su correspondiente traducción, hecha por traductor matriculado" (artículo 34). Por supuesto que todas estas idas y vueltas serían innecesarias si, en un primer momento, Mercado hubiera consignado en el currículo nomás que, además de los cargos que los ligaban, también viajó a EE.UU. con Vargas Aignasse.
Lo que ha pasado obliga al CAM -si es que de verdad ha sacado una lección- a extremar la cautela, para que las garantías de los aspirantes que siguen en carrera reluzcan más que nunca. Esto supone no tomar a la ligera -ni mucho menos minimizar- los diversos planteos efectuados por otros concursantes, como Arturo Miguel Luis Ponsati (que fue sumamente criticado en el CAM, simplemente por haber ejercido el derecho constitucional a un estricto debido proceso), Paul Hofer o Adriana Altube. La sociedad lo demanda.
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