18 Abril 2010
El expediente cosido será una rémora del pasado
Una ley habilitó a la Corte Suprema a implementar progresivamente el soporte digital hasta suprimir el uso del papel en las causas judiciales. El documento electrónico, la firma digital y el casillero de notificaciones virtual serán el futuro de los trámites que realicen los abogados y de los fallos de los jueces
PERSPECTIVA ALENTADORA. La despapelización procura eliminar la desorbitada acumulación de expedientes en los despachos y archivos de la Justicia. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
El oficio artesanal y manual de coser cientos de papeles con hilo, mediante grandes agujas, desaparecerá en los tribunales en pocos años más. También quedarán en el olvido los casilleros de notificaciones del subsuelo. En algún tiempo, antes que ríos de tinta habrá miles de bits de información archivada en el Poder Judicial.
La decisión de avanzar en el expediente digital en la Justicia tucumana, en consonancia con propuestas que se desarrollan en distintos distritos del país y en el fuero nacional, tuvo un aval trascendente con la aprobación de una ley específica, por unanimidad, en la última sesión de la Legislatura.
El proyecto normativo fue impulsado por la propia Corte Suprema de Justicia, que lo viabilizó a través del Poder Ejecutivo. Su veloz tratamiento significó, en sí mismo, un respaldo a la iniciativa que tiende a generar mecanismos más ágiles y eficientes en la gestión judicial, en consonancia con la propuesta vigente en el orden nacional de tender a la llamada despapelización: cambiar los escritos en papel en los juicios por el soporte informático.
La ley ya fue comunicada al PE, que deberá ahora promulgarla. Se descuenta que durante esta semana se completará el trámite para su puesta en vigencia formal, con la publicación en el Boletín Oficial.
La disposición legal habilita, en realidad, a desarrollar una serie de programas y acciones en formato electrónico para todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten en el Poder Judicial. Así, bajo la figura genérica del expediente digital, que es la última instancia que abarca pasos operativos previos, la norma contiene diversos aspectos. Ellos son:
El documento electrónico: es un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte de computadora o algún otro tipo de dispositivo electrónico, que pueden ser traducidos a través de una pantalla o una impresora
La clave informática simple: código alfanumérico personalizado que debe ser conocido sólo por la persona que lo utiliza.
La firma electrónica: método basado en medios electrónicos utilizado para vincularse o autenticar un documento. Quien invoca su validez debe probarla.
La firma digital: es la firma electrónica que utiliza una técnica segura que identifica fehacientemente al firmante del documento electrónico. Así se garantiza la autenticación e integridad del documento firmado e impide que posteriormente se pueda negar su autoría (principio de no revocación).
La comunicación electrónica: es la transmisión de información a uno o más destinatarios, a través de redes de interconexión entre dispositivos con capacidad de procesamiento y/o de almacenamiento de datos.
El domicilio electrónico: se trata de una dirección electrónica que, por su utilización habitual por parte de una persona, constituye el centro de recepción y envío de sus comunicaciones. Se la define como el lugar virtual de residencia habitual de una persona en Internet, adonde es posible enviarle un mensaje o ser notificado en forma adecuada.
Todas estas aplicaciones tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales actuales, en el soporte papel. Su implementación será decidida por la Corte mediante acordadas, en modo gradual.
Desarrollo nacional
La iniciativa se inscribe en lo previsto por el convenio de Cooperación Interjurisdiccional, suscrito en septiembre de 2001 entre el Ministerio de Justicia de la Nación con las cortes y superiores tribunales del país.
En la provincia, la vocal de la Corte, Claudia Sbdar, dirige los programas de gestión que se implementan desde el año pasado mediante programas piloto en las Fiscalías de Instrucción y en los juzgados civiles en Documentos y Locaciones y en Conciliación y Trámite del Centro Judicial de la Capital. El objetivo declarado es brindar un servicio de Justicia ágil, transparente y adecuado a los requerimientos de los ciudadanos (ver "El objetivo"...). Con este mismo propósito se está trabajando en Salta, según explicó el presidente del máximo tribunal de esa provincia, Guillermo Posadas (ver "Un servicio...").
En la Justicia federal, en 2007 se creó una oficina de gestión dependiente de la Corte Suprema de la Nación, encabezada por su presidente, Ricardo Lorenzetti. Busca la modernización del Poder Judicial mediante el diseño de políticas estratégicas y planes operativos en apoyo a la labor de los jueces.
La decisión de avanzar en el expediente digital en la Justicia tucumana, en consonancia con propuestas que se desarrollan en distintos distritos del país y en el fuero nacional, tuvo un aval trascendente con la aprobación de una ley específica, por unanimidad, en la última sesión de la Legislatura.
El proyecto normativo fue impulsado por la propia Corte Suprema de Justicia, que lo viabilizó a través del Poder Ejecutivo. Su veloz tratamiento significó, en sí mismo, un respaldo a la iniciativa que tiende a generar mecanismos más ágiles y eficientes en la gestión judicial, en consonancia con la propuesta vigente en el orden nacional de tender a la llamada despapelización: cambiar los escritos en papel en los juicios por el soporte informático.
La ley ya fue comunicada al PE, que deberá ahora promulgarla. Se descuenta que durante esta semana se completará el trámite para su puesta en vigencia formal, con la publicación en el Boletín Oficial.
La disposición legal habilita, en realidad, a desarrollar una serie de programas y acciones en formato electrónico para todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten en el Poder Judicial. Así, bajo la figura genérica del expediente digital, que es la última instancia que abarca pasos operativos previos, la norma contiene diversos aspectos. Ellos son:
El documento electrónico: es un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte de computadora o algún otro tipo de dispositivo electrónico, que pueden ser traducidos a través de una pantalla o una impresora
La clave informática simple: código alfanumérico personalizado que debe ser conocido sólo por la persona que lo utiliza.
La firma electrónica: método basado en medios electrónicos utilizado para vincularse o autenticar un documento. Quien invoca su validez debe probarla.
La firma digital: es la firma electrónica que utiliza una técnica segura que identifica fehacientemente al firmante del documento electrónico. Así se garantiza la autenticación e integridad del documento firmado e impide que posteriormente se pueda negar su autoría (principio de no revocación).
La comunicación electrónica: es la transmisión de información a uno o más destinatarios, a través de redes de interconexión entre dispositivos con capacidad de procesamiento y/o de almacenamiento de datos.
El domicilio electrónico: se trata de una dirección electrónica que, por su utilización habitual por parte de una persona, constituye el centro de recepción y envío de sus comunicaciones. Se la define como el lugar virtual de residencia habitual de una persona en Internet, adonde es posible enviarle un mensaje o ser notificado en forma adecuada.
Todas estas aplicaciones tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales actuales, en el soporte papel. Su implementación será decidida por la Corte mediante acordadas, en modo gradual.
Desarrollo nacional
La iniciativa se inscribe en lo previsto por el convenio de Cooperación Interjurisdiccional, suscrito en septiembre de 2001 entre el Ministerio de Justicia de la Nación con las cortes y superiores tribunales del país.
En la provincia, la vocal de la Corte, Claudia Sbdar, dirige los programas de gestión que se implementan desde el año pasado mediante programas piloto en las Fiscalías de Instrucción y en los juzgados civiles en Documentos y Locaciones y en Conciliación y Trámite del Centro Judicial de la Capital. El objetivo declarado es brindar un servicio de Justicia ágil, transparente y adecuado a los requerimientos de los ciudadanos (ver "El objetivo"...). Con este mismo propósito se está trabajando en Salta, según explicó el presidente del máximo tribunal de esa provincia, Guillermo Posadas (ver "Un servicio...").
En la Justicia federal, en 2007 se creó una oficina de gestión dependiente de la Corte Suprema de la Nación, encabezada por su presidente, Ricardo Lorenzetti. Busca la modernización del Poder Judicial mediante el diseño de políticas estratégicas y planes operativos en apoyo a la labor de los jueces.
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