28 Marzo 2010
EL INICIO.- En 2008, los jueces de la sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena detectaron que algunos presos evidenciaban signos de haber consumido estupefacientes. En agosto de ese año, ordenaron que los 114 reos a su cargo fueran sometidos a análisis de orina: el 65% había ingerido marihuana, cocaína, psicofármacos o morfina, según el estudio.
LAS HIPOTESIS.- Los camaristas le pidieron explicaciones al director del penal, Roberto Guyot, sobre cómo ingresa la droga al penal. La respuesta apuntó a los familiares de los reos. Sin embargo, Herrera Molina y Piedrabuena le dijeron a LA GACETA que los internos les habían dicho que quienes distribuían la droga eran los guardiacárceles.
SIN RESPUESTA.- En diciembre de 2008, los jueces les enviaron el expediente al Ministerio de Seguridad; a la Corte Suprema; y a la Justicia Federal. Jamás obtuvieron una respuesta. La situación fue reflejada por LA GACETA en octubre de 2009.
OPERATIVOS.- En los últimos meses, los operativos son mucho más estrictos en el penal. Entre octubre y noviembre de 2009, 23 reos fueron detenidos diferentes cárceles de la provincia debido a este delito.
CONCLAVE.- En diciembre, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, convocó a una reunión a autoridades de los Poderes Judicial y Ejecutivo. Estuvieron su par, Antonio Gandur; el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin; el Director de Institutos Penales, Roberto Guyot; el Ministro Fiscal, Luis di Mitri; el secretario de Prevención de Adicciones, Alfredo Miroli; el titular de la Digedrop, Fabián Salvatore; y especialistas del Cuerpo Médico Forense. Se propusieron proyectos, pero aún no se oficializó que se haya concretado alguno.
NUEVO INFORME.- En noviembre, un preso a cargo de la sala VI fue sorprendido con droga en su poder. El vocal Carlos Ruiz Vargas -que integra la sala con las juezas Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg- le pidió al Cuerpo Médico Forense que realice estudios a los 78 reos a su cargo. Según resultados parciales, 13 de 24 consumieron drogas.
POLEMICA.- Ruiz Vargas ordenó que el Obarrio asista a los reos adictos; que la Justicia Federal analice la posibilidad de investigar la situación en la cárcel; que el Siprosa disponga de especialistas para trabajar dentro del penal; y que se les prohiba a los reclusos manejar dinero y celulares.
LAS HIPOTESIS.- Los camaristas le pidieron explicaciones al director del penal, Roberto Guyot, sobre cómo ingresa la droga al penal. La respuesta apuntó a los familiares de los reos. Sin embargo, Herrera Molina y Piedrabuena le dijeron a LA GACETA que los internos les habían dicho que quienes distribuían la droga eran los guardiacárceles.
SIN RESPUESTA.- En diciembre de 2008, los jueces les enviaron el expediente al Ministerio de Seguridad; a la Corte Suprema; y a la Justicia Federal. Jamás obtuvieron una respuesta. La situación fue reflejada por LA GACETA en octubre de 2009.
OPERATIVOS.- En los últimos meses, los operativos son mucho más estrictos en el penal. Entre octubre y noviembre de 2009, 23 reos fueron detenidos diferentes cárceles de la provincia debido a este delito.
CONCLAVE.- En diciembre, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, convocó a una reunión a autoridades de los Poderes Judicial y Ejecutivo. Estuvieron su par, Antonio Gandur; el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin; el Director de Institutos Penales, Roberto Guyot; el Ministro Fiscal, Luis di Mitri; el secretario de Prevención de Adicciones, Alfredo Miroli; el titular de la Digedrop, Fabián Salvatore; y especialistas del Cuerpo Médico Forense. Se propusieron proyectos, pero aún no se oficializó que se haya concretado alguno.
NUEVO INFORME.- En noviembre, un preso a cargo de la sala VI fue sorprendido con droga en su poder. El vocal Carlos Ruiz Vargas -que integra la sala con las juezas Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg- le pidió al Cuerpo Médico Forense que realice estudios a los 78 reos a su cargo. Según resultados parciales, 13 de 24 consumieron drogas.
POLEMICA.- Ruiz Vargas ordenó que el Obarrio asista a los reos adictos; que la Justicia Federal analice la posibilidad de investigar la situación en la cárcel; que el Siprosa disponga de especialistas para trabajar dentro del penal; y que se les prohiba a los reclusos manejar dinero y celulares.
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