Por Federico Abel
24 Marzo 2010
Sorprende que quienes dicen ser víctimas de campañas con fines destituyentes sean los mismos que promuevan una iniciativa que, de concretarse, implicaría poner prácticamente en comisión cada cuatro años a todos los miembros del Poder Judicial de la Nación, con la sola excepción de los ministros de la Corte Suprema. Esto se desprende del proyecto impulsado por diputados oficialistas, que amenazan con someter a los magistrados federales a evaluaciones periódicas de idoneidad.
La propuesta parece responder a un ánimo provocador o intimidatorio. Esto, a partir de la evidencia de que la Justicia, debido al bloqueo que sufren las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, está penetrando -forzada por los propios protagonistas- en materias que tradicionalmente le estaban vedada a su conocimiento, como la integración de una comisión bicameral.
Amén de la dudosa constitucionalidad del proyecto, en la medida en que casi diluye la garantía de la inamovilidad de la que gozan los magistrados, nadie se imagina que una comisión interna del Consejo de la Magistratura de la Nación pueda sensatamente examinar por escrito a los cientos de jueces federales que hay en el país. ¿Cuánto demoraría la tramitación de esos concursos ad hoc cuatrienales, dado que habría que conformar jurados evaluadores, concretar las pruebas, corregirlas, establecer un plazo para que los examinados formulen impugnaciones y resolverlas? Basta como mero dato que los procesos de selección celebrados para cubrir los dos juzgados de Tucumán -vacantes desde octubre de 2006 y mayo de 2007- están terminados, con las ternas elevadas al Poder Ejecutivo, y aún no han sido designados los nuevos magistrados.
La iniciativa, más allá de que utilice el miedo como lima, quizás sólo busca ampliar los márgenes a partir de los cuales el kirchnerismo está dispuesto a negociar la impostergable reforma del Consejo de la Magistratura. A no olvidar que la oposición colocó a este tema entre sus prioridades, a raíz de que dicho órgano, desde 2006, en virtud de la Ley 26.080, obra intelectual de Cristina Fernández de Kirchner -entonces senadora-, ha sufrido un desequilibrio en su composición que sólo favoreció al estamento político (siete de los 13 consejeros lo representan).
Extraños consejos
Mientras tanto, en Tucumán, los miembros de la Corte estudian la creación de un heterodoxo -y sobre todo polémico- cuerpo técnico, en teoría destinado a evaluar el impacto económico y social de las sentencias que producen los órganos jurisdiccionales. Es una vieja obsesión del presidente, Antonio Estofán, que pretende injertar -con diferencias- la experiencia de la Unidad de Análisis Económico, creada por la acordada Nº 36/2009 en la órbita de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de la Nación.
En el orden federal, la unidad -por indicación de la Presidencia de la Corte, lo que revela la importancia que esta cobra en la cuestión- puede emitir opinión sobre los efectos macroeconómicos que derivarían de las decisiones por adoptar, en el marco de causas llevadas al conocimiento y resolución del tribunal, en materia de salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias de las empresas, defensa del valor de la moneda, generación de empleo y muchas otras disposiciones previstas por la Constitución.
Desde 1862, por la Corte de la Nación pasaron causas de gran trascendencia, pero a nadie se le había ocurrido, en un exceso de prurito por las consecuencias de los fallos o hiperconsecuencialismo, que las normas constitucionales debían ser interpretadas -consejeros mediante- en clave economicista, porque el derecho, además de la perspectiva económica, también encierra fines, valores y propósitos. Eso, sin contar lo peligroso que significa reducir la justicia a mediciones, curvas y tablas.
En Tucumán, el cuerpo estaría pensado para que lo integraran un sociólogo, un economista y un abogado, que, a pedido de un juez o sala de una cámara (no sólo de la Corte), efectuaría el estudio del impacto de las resoluciones proyectadas. Esto implicaría que, además de las pretensiones de las partes, los magistrados podrían oír también la voz -no vinculante- de una suerte de consejero extraño a la litis. ¿Esto no operaría, acaso, como un elemento condicionante de la labor jurisdiccional? Pero más importante: ¿quién controlaría a los consejeros y cómo se los seleccionaría, a partir de cuáles criterios, teniendo en miras la cantidad de escuelas y de tendencias económicas que pululan (lo mismo sucede en materia sociológica)?
Eso sin contar que en la Corte son reacios -reactivos más bien- a las selecciones. El 13 de abril, Estofán llevará seis meses al frente del tribunal y aún no hay ni señales de que vaya a hacerse realidad el eternamente inobservado artículo 13, inciso 2 de la Ley Orgánica, que exige "implementar un procedimiento para la designación de los empleados que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad". Ni siquiera se ha cumplido con los dos únicos concursos que, fehacientemente, Estofán prometió que serían concretados -sí o sí-, para cubrir las poderosas secretarías de Superintendencia y Administrativa. ¿Acaso no sería más edificante cerrar el grifo de los nombramientos basados en el amiguismo que ensayar con órganos que pueden convertirse en factor de distorsión jurisdiccional?
La propuesta parece responder a un ánimo provocador o intimidatorio. Esto, a partir de la evidencia de que la Justicia, debido al bloqueo que sufren las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, está penetrando -forzada por los propios protagonistas- en materias que tradicionalmente le estaban vedada a su conocimiento, como la integración de una comisión bicameral.
Amén de la dudosa constitucionalidad del proyecto, en la medida en que casi diluye la garantía de la inamovilidad de la que gozan los magistrados, nadie se imagina que una comisión interna del Consejo de la Magistratura de la Nación pueda sensatamente examinar por escrito a los cientos de jueces federales que hay en el país. ¿Cuánto demoraría la tramitación de esos concursos ad hoc cuatrienales, dado que habría que conformar jurados evaluadores, concretar las pruebas, corregirlas, establecer un plazo para que los examinados formulen impugnaciones y resolverlas? Basta como mero dato que los procesos de selección celebrados para cubrir los dos juzgados de Tucumán -vacantes desde octubre de 2006 y mayo de 2007- están terminados, con las ternas elevadas al Poder Ejecutivo, y aún no han sido designados los nuevos magistrados.
La iniciativa, más allá de que utilice el miedo como lima, quizás sólo busca ampliar los márgenes a partir de los cuales el kirchnerismo está dispuesto a negociar la impostergable reforma del Consejo de la Magistratura. A no olvidar que la oposición colocó a este tema entre sus prioridades, a raíz de que dicho órgano, desde 2006, en virtud de la Ley 26.080, obra intelectual de Cristina Fernández de Kirchner -entonces senadora-, ha sufrido un desequilibrio en su composición que sólo favoreció al estamento político (siete de los 13 consejeros lo representan).
Extraños consejos
Mientras tanto, en Tucumán, los miembros de la Corte estudian la creación de un heterodoxo -y sobre todo polémico- cuerpo técnico, en teoría destinado a evaluar el impacto económico y social de las sentencias que producen los órganos jurisdiccionales. Es una vieja obsesión del presidente, Antonio Estofán, que pretende injertar -con diferencias- la experiencia de la Unidad de Análisis Económico, creada por la acordada Nº 36/2009 en la órbita de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de la Nación.
En el orden federal, la unidad -por indicación de la Presidencia de la Corte, lo que revela la importancia que esta cobra en la cuestión- puede emitir opinión sobre los efectos macroeconómicos que derivarían de las decisiones por adoptar, en el marco de causas llevadas al conocimiento y resolución del tribunal, en materia de salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias de las empresas, defensa del valor de la moneda, generación de empleo y muchas otras disposiciones previstas por la Constitución.
Desde 1862, por la Corte de la Nación pasaron causas de gran trascendencia, pero a nadie se le había ocurrido, en un exceso de prurito por las consecuencias de los fallos o hiperconsecuencialismo, que las normas constitucionales debían ser interpretadas -consejeros mediante- en clave economicista, porque el derecho, además de la perspectiva económica, también encierra fines, valores y propósitos. Eso, sin contar lo peligroso que significa reducir la justicia a mediciones, curvas y tablas.
En Tucumán, el cuerpo estaría pensado para que lo integraran un sociólogo, un economista y un abogado, que, a pedido de un juez o sala de una cámara (no sólo de la Corte), efectuaría el estudio del impacto de las resoluciones proyectadas. Esto implicaría que, además de las pretensiones de las partes, los magistrados podrían oír también la voz -no vinculante- de una suerte de consejero extraño a la litis. ¿Esto no operaría, acaso, como un elemento condicionante de la labor jurisdiccional? Pero más importante: ¿quién controlaría a los consejeros y cómo se los seleccionaría, a partir de cuáles criterios, teniendo en miras la cantidad de escuelas y de tendencias económicas que pululan (lo mismo sucede en materia sociológica)?
Eso sin contar que en la Corte son reacios -reactivos más bien- a las selecciones. El 13 de abril, Estofán llevará seis meses al frente del tribunal y aún no hay ni señales de que vaya a hacerse realidad el eternamente inobservado artículo 13, inciso 2 de la Ley Orgánica, que exige "implementar un procedimiento para la designación de los empleados que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad". Ni siquiera se ha cumplido con los dos únicos concursos que, fehacientemente, Estofán prometió que serían concretados -sí o sí-, para cubrir las poderosas secretarías de Superintendencia y Administrativa. ¿Acaso no sería más edificante cerrar el grifo de los nombramientos basados en el amiguismo que ensayar con órganos que pueden convertirse en factor de distorsión jurisdiccional?
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