La debilitada salud de Bussi complica el desarrollo del juicio

El precario estado de salud del ex gobernador Antonio Bussi (84 años) impidió que ayer se reanudara la declaración de testigos en el proceso por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía. 
Los vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, dispusieron una nueva suspensión de las audiencias del debate oral durante nueve días hábiles, hasta el martes 30, a la espera de la recuperación de Bussi. La primera había tenido lugar el 2 del corriente y había sido por 10 días hábiles, el plazo máximo que permite -en cada ocasión- el Código Procesal Penal de la Nación.
Para garantizar su atención, el tribunal ordenó la internación de Bussi en un hospital público o en un sanatorio privado (en este caso, el propio imputado debe afrontar los costos). El ex mandatario optó por esta última salida, razón por la que, custodiado por la Policía Federal, se encuentra en una habitación del Instituto de Cardiología, ubicado en avenida Mitre al 700.
Los magistrados encomendaron a Raúl Antonio Asial, médico perito de la Cámara Federal de Apelaciones, que coordine acciones con el Siprosa para el seguimiento y control diario de Bussi, que será sometido a complejos estudios.
Bussi padece de enfermedades cardiovasculares y pulmonares severas y crónicas, cuadro que se agravó debido a una infección urinaria (es un síntoma recurrente). 

En forma conjunta
Las audiencias se reabrieron ayer con el único fin de analizar el estado de salud de Bussi. El informe presentado en forma conjunta por Cristian Rando (del Cuerpo de Médicos Forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), por el cardiólogo de Bussi, Ramiro Castellanos, y por los peritos aportados por las partes querellas, Jorge Lacroix, Jorge Barrionuevo y Alfredo Neme Scheij, fue contundente: el ex mandatario no está actualmente en condiciones de afrontar el juicio oral, y urgía que lo hospitalizaran, en terapia intensiva.
Rando y Neme Scheij fueron interrogados por las partes. Mientras que el primero fue reservado a la hora de hacer un pronóstico sobre la evolución del paciente (consideró que, en caso de que se recupere de la infección urinaria, podría estar en condiciones de ser juzgado), el Nene Scheij vaticinó que la vida de Bussi corre riesgo.
La necesidad de la internación había sido planteada el lunes a la noche por Castellanos, pero el ex gobernador se había opuesto terminantemente, muy molesto.
La resolución, finalmente dispuesta en el marco de las atribuciones de las que goza el tribunal, fue adoptada luego de un fuerte debate entre los abogados querellantes. Mientras que la mayoría solicitó la suspensión de las audiencias y la internación de Bussi, Laura Figueroa propuso que directamente se separara al ex mandatario y que se continuara juzgando -sin dilaciones- a los otros cinco imputados: Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo, Roberto Albornoz, Luis y Carlos de Cándido.