"La subversión fue un pretexto fantástico"

"Todo golpe de Estado fue cívico militar, no sólo militar. Había interés en que no se produjesen disturbios sociales en los 70. El objetivo de fondo no era la guerrilla, sino concretar un cambio económico y político en el país. La subversión fue un pretexto fantástico", aseveró ayer Mirta Mántaras.

La especialista en derecho militar fue la primera testigo en declarar en el juicio por la existencia de un centro clandestino de detención (CCD) en la ex Jefatura de Policía. Su exposición duró 160 minutos.

La experta aseguró que Juan Domingo Perón consideró que los problemas de la subversión se resolvían con la Policía, pero que a su muerte potenciaron su actuación desestabilizadora tanto la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) como sectores empresarios. Todo ello puso en jaque al Gobierno de su sucesora, María Estela Martínez de Perón.

La especialista aclaró que el decreto presidencial para implementar el Operativo Independencia limitaba mucho la participación del Ejército a una zona determinada de Tucumán donde había acciones foquistas, y ordenaba que todo pasara por los jueces y se aplicase el estado de derecho. Agregó que el primer comandante del Operativo Independencia, Acdel Vilas, calculó que había 80 guerrilleros.

"Vilas nunca fue al monte, ése es un mito; lo que le interesaba era la ciudad y obtener muchos informantes para una acción psicológica cuyo blanco es la población, mediante la propaganda", sostuvo. Añadió que su labor se focalizó en la inteligencia, con la obtención de la información a través de la tortura y la infiltración en los grupos subversivos y que a partir del 24 de marzo del 76, caducaron las instrucciones presidenciales.

"En Bahía Blanca juzgamos a Vilas en 1987, quien aportó numerosos documentos, como el plan del Ejército anterior al golpe, donde se detalla el ataque contra el pueblo, para torturar y hacer desaparecer a la gente", denunció. A su criterio, las cuentas bancarias en Suiza nacieron de negocios turbios paralelos a la represión, con las privatizaciones de empresas públicas y achicamiento del Estado.

"Fue un genocidio. Las víctimas son de la sociedad civil con intervención desde el Estado en acciones criminales organizadas en forma sistemática y voluminosa. El término aniquilar significa dejar al oponente sin capacidad operativa, que se pare la actuación subversiva. Se puede neutralizar de otra manera e incluso ahuyentar o desmoralizar para que no actúen. Eliminar es otra cosa", contestó a preguntas de Ricardo Fanlo y de Horacio Guerineau, defensores de Luciano Benjamín Menéndez.

Ordenes ilegales

"Las directivas que se dictaron fueron ilegales y no eran exigibles. La decisión fue eliminar al agitador, que era el militante común de la democracia o las parteras que le comentaron a familiares de una detenida que había sido madre de un varón. Buscaban aterrorizar a la población y eliminar a los oponentes, que es todo aquel que intente evitarla toma del poder por las fuerzas armadas, dificulte o entorpezca su gestión", añadió.

La especialista aseveró que los CCD se instalaron en un sitio militar o policial, y que en el juicio a las juntas se estableció que no hubo ninguna guerra, lo cual es sentencia firme. Justificó la indemnización que se pagó a las víctimas o a sus familiares, en cumplimiento de la doctrina internacional.

El vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriel Casas, la interrogó por qué no es eximente de responsabilidad la obediencia debida. "Ello nace del juicio de Nüremberg, ya que la orden de servicio nunca puede ser ilícita, sino que tiene que ser legal; la obediencia no es ciega", explicó.

El general (r), Alberto Cattáneo, se abstuvo de declarar. Por ello, durante más de 40 minutos, se le leyeron sus declaraciones indagatorias, efectuadas en la investigación de la causa, y en las cuales negó toda responsabilidad en los hechos en que se le imputan.