24 Enero 2010
TRAS LA ELECCION. Prat Gay (centro) es uno de los miembros de la comisión bicameral que deberá definir la situación del jefe de la autoridad monetaria. DYN
BUENOS AIRES.- El oficialismo y la UCR coincidieron ayer en pedir que se realice en el menor tiempo posible el debate en la Comisión Bicameral que, a partir del martes, analizará el decreto que echó a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central.
El diputado kirchnerista, Jorge Landau, confió en que la Comisión Bicameral no comience a chicanear para extender los tiempos del debate, mientras que el legislador radical, Ricardo Alfonsín, consideró que debe emitir dictamen sobre la situación de Redrado lo antes posible para no dilatar más los tiempos que tienen en vilo el funcionamiento de la economía argentina.
Landau consideró que Redrado se encuentra afuera de la máxima entidad bancaria del país al haber corrido de la discusión la medida judicial que lo restituyó en su cargo luego de que la presidenta Cristina Kirchner lo removiera mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). En este sentido, el diputado oficialista estimó que caído el amparo judicial que lo avalaba, queda solamente el cumplimiento de la reunión de la comisión bicameral que emitirá su opinión positiva o negativa acerca del DNU. "Una vez que se cumpla con la reunión de la comisión y la emisión del dictamen, se termina el acto administrativo y se pondrá fin a esta historia", sostuvo Landau.
Por su parte, Alfonsín estimó que la comisión bicameral debe evaluar la situación de Redrado rápidamente porque es una situación que impacta negativamente en el país. "Si integrara la Comisión Bicameral especial, trataría de hacerlo en el menor tiempo posible. Todos coincidimos en que tenemos que resolver esta situación", sostuvo Alfonsín.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados lamentó que la discusión no se haya llevado a cabo antes en el Congreso para poder encontrar una solución común entre todos. Alfonsín se diferenció de esta manera del diputado del Acuerdo Cívico y Social Alfonso Prat Gay, quien el último viernes afirmó que la comisión se tomará su tiempo para dar un consejo muy informado a la Presidenta. No obstante, el dirigente radical apuntó que la responsabilidad de todos los contratiempos que produjeron la crisis institucional todas es del Gobierno y afirmó que la leyes están para ser cumplidas. De esta forma criticó que el Poder Ejecutivo no haya cumplido con el requisito de consultar a la comisión bicameral antes de resolver la remoción de Redrado, tal como lo establece la carta orgánica del Banco Central.
La comisión parlamentaria se reunirá el martes, y estará encabezada por el vicepresidente Julio Cobos e integrada por los diputados Prat Gay, quien preside la Comisión de Finanzas de Diputados, y el kirchnerista Gustavo Marconato, a cargo de la de Presupuesto y Hacienda.
La resolución que la justicia tomó durante esta semana se expidió claramente sobre los amparos presentados por la jueza María José Sarmiento. En este sentido, hizo lugar al pedido de no utilizar las reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa paralizando así la fundación del Fondo del Bicentenario que había sido creado por un DNU firmado por la Presidenta.
El Gobierno busca revertir un fallo de primera instancia para poder avanzar con su orden al Banco Central para que traspase al Tesoro unos U$S 6.569 millones con vistas a crear un fondo para el pago de deudas.
Respecto a los vencimientos de deuda en 2010, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo: "hay una parte de la deuda que la vamos a pagar con los U$S 2.300 millones que la Presidenta está habilitada a disponer de las reservas, y el resto se va a pagar como se pueda, tal como pasó en 2009".
La Cámara, en su fallo del viernes, había considerado que los legisladores de la oposición que accionaron contra el DNU que disponía el uso de reservas, están "suficientemente legitimados" para hacerlo, al "considerar vulnerado el derecho y la obligación que la Constitución les otorga de participar en la validación de los decretos de necesidad y urgencia".
"Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que le son esencialmente ajenas, se exigen la concurrencia de" por un lado "le sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan", indicó el Tribunal. (DyN-NA-Reuters-Especial)
El diputado kirchnerista, Jorge Landau, confió en que la Comisión Bicameral no comience a chicanear para extender los tiempos del debate, mientras que el legislador radical, Ricardo Alfonsín, consideró que debe emitir dictamen sobre la situación de Redrado lo antes posible para no dilatar más los tiempos que tienen en vilo el funcionamiento de la economía argentina.
Landau consideró que Redrado se encuentra afuera de la máxima entidad bancaria del país al haber corrido de la discusión la medida judicial que lo restituyó en su cargo luego de que la presidenta Cristina Kirchner lo removiera mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). En este sentido, el diputado oficialista estimó que caído el amparo judicial que lo avalaba, queda solamente el cumplimiento de la reunión de la comisión bicameral que emitirá su opinión positiva o negativa acerca del DNU. "Una vez que se cumpla con la reunión de la comisión y la emisión del dictamen, se termina el acto administrativo y se pondrá fin a esta historia", sostuvo Landau.
Por su parte, Alfonsín estimó que la comisión bicameral debe evaluar la situación de Redrado rápidamente porque es una situación que impacta negativamente en el país. "Si integrara la Comisión Bicameral especial, trataría de hacerlo en el menor tiempo posible. Todos coincidimos en que tenemos que resolver esta situación", sostuvo Alfonsín.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados lamentó que la discusión no se haya llevado a cabo antes en el Congreso para poder encontrar una solución común entre todos. Alfonsín se diferenció de esta manera del diputado del Acuerdo Cívico y Social Alfonso Prat Gay, quien el último viernes afirmó que la comisión se tomará su tiempo para dar un consejo muy informado a la Presidenta. No obstante, el dirigente radical apuntó que la responsabilidad de todos los contratiempos que produjeron la crisis institucional todas es del Gobierno y afirmó que la leyes están para ser cumplidas. De esta forma criticó que el Poder Ejecutivo no haya cumplido con el requisito de consultar a la comisión bicameral antes de resolver la remoción de Redrado, tal como lo establece la carta orgánica del Banco Central.
La comisión parlamentaria se reunirá el martes, y estará encabezada por el vicepresidente Julio Cobos e integrada por los diputados Prat Gay, quien preside la Comisión de Finanzas de Diputados, y el kirchnerista Gustavo Marconato, a cargo de la de Presupuesto y Hacienda.
La resolución que la justicia tomó durante esta semana se expidió claramente sobre los amparos presentados por la jueza María José Sarmiento. En este sentido, hizo lugar al pedido de no utilizar las reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa paralizando así la fundación del Fondo del Bicentenario que había sido creado por un DNU firmado por la Presidenta.
El Gobierno busca revertir un fallo de primera instancia para poder avanzar con su orden al Banco Central para que traspase al Tesoro unos U$S 6.569 millones con vistas a crear un fondo para el pago de deudas.
Respecto a los vencimientos de deuda en 2010, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo: "hay una parte de la deuda que la vamos a pagar con los U$S 2.300 millones que la Presidenta está habilitada a disponer de las reservas, y el resto se va a pagar como se pueda, tal como pasó en 2009".
La Cámara, en su fallo del viernes, había considerado que los legisladores de la oposición que accionaron contra el DNU que disponía el uso de reservas, están "suficientemente legitimados" para hacerlo, al "considerar vulnerado el derecho y la obligación que la Constitución les otorga de participar en la validación de los decretos de necesidad y urgencia".
"Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que le son esencialmente ajenas, se exigen la concurrencia de" por un lado "le sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan", indicó el Tribunal. (DyN-NA-Reuters-Especial)
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