Sinceridad procaz

Durante este verano, las comparaciones con lo que sucede en Chile se imponen casi por sí mismas. Amén de lo que pueda opinarse sobre él, la imagen del presidente electo, Sebastián Piñera (de una coalición de centro-derecha), aplaudido por su contrincante, Eduardo Frei, en presencia de sus respectivas familias, la noche del día en que se celebraron los comicios, parece una civilizada postal suiza. Esto, si se tiene en cuenta que el oficialismo y la oposición en la Argentina tardaron en encontrar canales -ni qué hablar de la precariedad del lenguaje institucional que esto trasunta- para resolver la crisis generada por la decisión de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de disponer mediante un decreto de necesidad y urgencia de reservas del Banco Central, así como de destituir al titular de dicha institución, Martín Redrado.

El lunes, al otro día de su triunfo, Piñera fue invitado a desayunar en el Palacio de la Moneda por la presidenta, Michelle Bachellet, que pertenece a la misma concertación de centroizquierda que Frei. Piñera destacó que ese gesto es prueba de lo consolidada que está la democracia en Chile, de la que dice sentirse orgulloso. De este lado de la Cordillera de los Andes, en cambio, en un clima político cada vez más virulento e intolerante, la Presidenta acusa al vicepresidente, Julio Cobos, otrora aliado suyo, de encabezar una conspiración en su contra, para desestabilizarla, antes de los comicios previstos para 2011. Desde la oposición, replican que el kirchnerismo no se acostumbra a que ya no goza de mayoría propia en el Congreso y que, por ende, intensificará la utilización de la herramienta de los decretos para gobernar, casi al límite de lo institucionalmente permitido.

Otro síntoma de la preocupante -más bien alarmante- coyuntura política es que la Presidenta, casi como siempre, responsabiliza de la situación a una imaginaria conspiración montada entre la oposición, algunos medios de comunicación y nada menos que sectores de la Justicia. Como contrapartida, diputados radicales, del peronismo disidente, del PRO y de la Coalición Cívica -es decir, casi todo el arco opositor- impulsaron ayer un pedido de juicio político contra el ministro del Interior (y ex de Justicia y Derechos Humanos), Aníbal Fernández, supuestamente por haber ordenado a la Policía que desconozca fallos judiciales que no favorecen los intereses del Gobierno.

Entonces, no debe sorprender que, mientras Chile es aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de los países ricos), entre otras razones por sus esfuerzos en materia de calidad institucional, cuentas argentinas son embargadas por una orden judicial en EE.UU.

Curiosa coincidencia
En Tucumán, la transparencia, uno de los aspectos por los que se manifiesta el grado de desarrollo institucional de una sociedad y que hace a la fórmula republicana de gobierno, sigue siendo un bien escaso. Esto se advierte en las ramificaciones o derivaciones judiciales (con allanamientos y detenciones incluidas) que ha tenido, lamentablemente, la implementación del programa "Argentina trabaja".

Basta con ojear ligeramente el nombre de la mayoría de las 250 cooperativas formadas para participar del plan para darse cuenta de que, más que un programa con fines estrictamente sociales, parece un circuito montado con el fin de aceitar -y mantener en movimiento, quizás frente a la proximidad de las elecciones de 2011- la estructura político-clientelar del oficialismo.

Algunas denominaciones, como "Trabajando con José" o "Las mujeres con Betty" -entre otras, que remiten al gobernador, José Alperovich, o a su esposa, la senadora y presidenta del Partido Justicialista (PJ), Beatriz Rojkés-, sugieren que ciertas cooperativas fueron montadas o concebidas deliberadamente como sublemas del aparato oficialista sin que siquiera importe mantener las formas mínimas ni ocultar la identificación con el Gobierno. ¡Total: en la Argentina, como nadie se identifica con esa abstracción impersonal que es el Estado -según la afortunada ironía de Jorge L. Borges-, a nadie pareciera importarle ni afectarle que los recursos de este último, a los que contribuyen todos, sean utilizados políticamente por un partido!

Si se concretara un control o investigación profunda sobre las vinculaciones, parentescos y, en algunos casos, hasta relaciones funcionales entre quienes figuran como presidentes de las cooperativas y concejales e intendentes habría, seguramente, más de una sorpresa o significativa coincidencia. Eso sin contar que algunas fueron denominadas con el apellido de un edil o con las iniciales de los nombres de los hijos de un jefe comunal (como sería el caso de "Padala"), en una clara muestra de que la sinceridad, en ocasiones, puede derivar en procacidad.

En este contexto, no debe escandalizar -o sí- que punteros avispados agrupen a personas con muchas carencias (los beneficiarios del programa) para luego, quizás, pedirles el voto o, por adelantado, alguna parte de la remuneración que han de percibir, en concepto de contraprestación o comisión, por haber logrado que los incluyeran en el programa nacional. Es como si se hubiera pergeñado una nueva forma para canalizar el ya endémico bolsonerismo.

A estas alturas, la advertencia del gobernador Alperovich, de que serían severamente castigados, quienes, en el marco del "Argentina trabaja", jugaran con las necesidades de la gente, suena tan a broma -¿cuando no a tomadura de pelo?-, como si se dijera que nuestro país está a punto de ser incorporado a la OCDE o de que la Presidenta se apresta a desayunar con Cobos y con los líderes de la oposición en la Quinta de Olivos. Esto, con el afán de diseñar y consensuar civilizadamente las grandes políticas de Estado, como afortunadamente pareciera acontecer en Chile.