San Luis demandó al Estado nacional por el uso de reservas

BUENOS AIRES.- La Provincia de San Luis demandó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Gobierno nacional por el dictado de un decreto mediante el cual dispuso el uso de U$S 6.569 millones de las reservas federales para el pago de la deuda pública. El gobierno del peronista disidente Alberto Rodríguez Saá, presentó un amparo en el que le solicitó al máximo tribunal la impugnación del decreto 2010 de 2009 por medio del cual la presidenta, Cristina Fernández, dispuso el uso de las partidas del Banco Central (BCRA) para ese fin, informó el abogado de la Provincia, Rodolfo Barra.
"Hicimos la presentación sobre la base de que las provincias tienen dominio sobre las reservas del BCRA. La medida va a dañar el patrimonio del banco y el valor de la moneda y requiere una decisión del Congreso", explicó Barra, que fue ministro de Justicia y vocal de la Corte de la Nación, ambos cargos durante el gobierno de Carlos Menem.
El letrado, que hizo la presentación junto al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y a Horacio Liendo(h), ex secretario y asesor de Domingo Cavallo, cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía, le pidió a la Corte que le envíe un oficio al BCRA para que explique la situación y que habilite la feria judicial de verano para tratar el tema. "La cuestión es muy urgente porque el decreto se está ejecutando", sostuvo Barra.
La Presidenta anunció el 14 de diciembre pasado la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad por el uso de las reservas federales para pagar la deuda en dólares el año que viene, para lo cual dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Este debe ser ratificado por una comisión bicameral del Congreso. Hoy el oficialismo y la oposición definirían en manos de quién quedará la presidencia. En su demanda, San Luis objetó que el DNU fue dictado un mes luego de que el Congreso aprobó el presupuesto nacional para 2010 y que el tema del uso de las reservas no haya pasado por el Parlamento. "Una cuestión de tanta trascendencia debe estar respaldada por una ley", opinó Barra, y señaló que en el caso no existe ni la necesidad ni la urgencia.
Recambio de bonos
La iniciativa del Gobierno nacional de implementar un canje de deuda a partir de enero para acordar con los tenedores de U$S 20.000 millones en deuda impaga finalizará con una aceptación que excedería la estimación oficial, según pronósticos de distintos analistas. La administración nacional espera que la oferta a los bonistas que rechazaron la reestructuración de la deuda en 2005 sirva para frenar las demandas judiciales de inversores y permita a la Argentina regresar a los mercados internacionales de crédito, mientras enfrenta un cuadro de estrechez en el financiamiento y una suba en las obligaciones de deuda en 2010.
El ministro de Economía y Finanzas, Amado Boudou, no dio detalles de la oferta, pero afirmó que espera una participación del 60%. Analistas dijeron que será más alta. "Muchos de los inversores quieren que todo esto se termine", dijo Paul Biszo, de Capital Markets, quien estima una aceptación de entre un 75% y un 80%. "El camino judicial no parece muy optimista", agregó.
Alberto Bernal, de Bulltick Capital Markets, ve a la oferta de canje con una tasa de aceptación del 80%. "Con el alza en activos globales y el colapso en la percepción de riesgo de cese de pagos (default) el valor de la oferta aumenta mientras las tasas caen y los precios de los bonos suben", analizó Bernal.
El ministro Boudou afirmó en octubre que los inversores institucionales que tienen unos U$S 10.000 millones en bonos impagos, o la mitad del monto total, ya se han comprometido a un acuerdo que es manejado por el Barclays, por el Deutsche Bank y por el Citigroup. (DyN-Reuters)