Por Magena Valentié
11 Diciembre 2009
No les enseñaron que el pan no se tira
Muchos empresarios no quieren donar alimentos por temor a posibles juicios si alguien se intoxica. Por Magena Valentié - Redacción LA GACETA.
Desde chicos nos enseñan que la comida no se tira, porque hay niños pobres que tienen hambre. En la Argentina pasa al revés. Los alimentos que no llegan a las góndolas por defecto de empaque, por errores en el gramaje o porque está cerca la fecha de vencimiento van a parar a la basura. Según la Red Argentina de Bancos de Alimentos cada día se desperdician 500.000 raciones. Esto sin contar las toneladas de tomates que van a parar al río para mantener el precio de mercado.
Una multinacional de comida rápida obliga a los dueños de la franquicia a eliminar los alimentos de carne preparados, pero que no son consumidas en siete minutos. "Mejor no donar, porque en este país, si a un chico de un comedor le duele la panza por algo que comió, la culpa la tiene el empresario", susurran por lo bajo.
Es triste, pero es así. En la Argentina, donde hay 12,5 millones de personas (34,3% de la población) debajo de la línea de pobreza, según el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la comida se tira.
La ley 25.989, más conocida como Ley Donal o Ley del Buen Samaritano, fue aprobada como un regalo de Navidad en diciembre de 2004, para las organizaciones sociales que ayudan a los más necesitados. Pero antes de que pudieran disfrutarlo el Poder Ejecutivo vetó el artículo 9, justamente el más importante, el que se refería a la responsabilidad civil de los donantes. En 2006 un nuevo proyecto presentado por la entonces senadora María Laura Leguizamón durmió el sueño de los justos hasta que perdió estado parlamentario.
En marzo de este año, los senadores Daniel Filmus y Marita Perceval hicieron un nuevo intento cambiando el polémico artículo 9: "Se presume la buena fe de donantes y donatarios, los que responderán civilmente por los daños causados sólo en el caso que se probare dolo o culpa imputable a los mismos". Esto significa que únicamente en caso de comprobarse que la empresa deliberadamente intentó donar comida en mal estado se la hará responsable. De otra manera, la firma donante queda vulnerable en manos de la entidad a la que intenta ayudar. No quiere "comerse" un juicio de arriba, por eso dice "mejor, no intentarlo".
La pregunta es cómo hace una institución como el Banco de Alimentos de Tucumán -que dicho sea de paso acaba de ser distinguido con el premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado, a propuesta de la tucumana Delia Pinchetti de Sierra Morales - para dar de comer a 12.000 personas. Trabaja con empresarios amigos que confían en el circuito del alimento. El 70% proviene del agro. Además, la ONG se asegura con un equipo de Bromatología el buen estado de los productos donados.
Hay que superar la informalidad de los amigos. En Italia, por ejemplo, cada instancia de la donación es responsable de su parte. La empresa se hace cargo de lo suyo hasta que lo pone en manos de la ONG, esta última hace lo propio hasta que lo distribuye entre los comedores, estos, a su vez, son responsables de mantener los alimentos en buenas condiciones hasta que llega al plato de los niños.
La ley, que miraba las experiencias de Italia y Estados Unidos, eximía de responsabilidad a las empresas que acreditaran haber donado alimentos en buen estado, a través de los debidos controles. Pero no. A veces parece que es más fácil hacer las cosas más difíciles. Y más normal, lo inconcebible, como permitir que siga habiendo argentinos que van a comer de la basura lo que las empresas tiran. O más general, la práctica del clientelismo a través de los bolsones. Sí, eso es más fácil. Aunque a veces tenga sus riesgos, como la de acumular 10 toneladas de polenta en un depósito del Ministerio de Políticas Sociales hasta que se pudra. Nunca se supo qué esperaban para repartirla y entre quiénes. Cuatro años después, se determinó que hubo un perjuicio económico para el Estado en $ 5.922. ¿Cuál fue el perjuicio para los niños pobres de Tucumán? Nadie lo menciona. Los chicos siguen revolviendo los basurales y quizás, hasta envidiando a los caballos y a los cerdos que se terminaron comiendo la polenta destinada para ellos, en una finca privada de Burruyacu. Ergo, en la Argentina la comida se tira, porque hay niños que la recogen para comerla.
Una multinacional de comida rápida obliga a los dueños de la franquicia a eliminar los alimentos de carne preparados, pero que no son consumidas en siete minutos. "Mejor no donar, porque en este país, si a un chico de un comedor le duele la panza por algo que comió, la culpa la tiene el empresario", susurran por lo bajo.
Es triste, pero es así. En la Argentina, donde hay 12,5 millones de personas (34,3% de la población) debajo de la línea de pobreza, según el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la comida se tira.
La ley 25.989, más conocida como Ley Donal o Ley del Buen Samaritano, fue aprobada como un regalo de Navidad en diciembre de 2004, para las organizaciones sociales que ayudan a los más necesitados. Pero antes de que pudieran disfrutarlo el Poder Ejecutivo vetó el artículo 9, justamente el más importante, el que se refería a la responsabilidad civil de los donantes. En 2006 un nuevo proyecto presentado por la entonces senadora María Laura Leguizamón durmió el sueño de los justos hasta que perdió estado parlamentario.
En marzo de este año, los senadores Daniel Filmus y Marita Perceval hicieron un nuevo intento cambiando el polémico artículo 9: "Se presume la buena fe de donantes y donatarios, los que responderán civilmente por los daños causados sólo en el caso que se probare dolo o culpa imputable a los mismos". Esto significa que únicamente en caso de comprobarse que la empresa deliberadamente intentó donar comida en mal estado se la hará responsable. De otra manera, la firma donante queda vulnerable en manos de la entidad a la que intenta ayudar. No quiere "comerse" un juicio de arriba, por eso dice "mejor, no intentarlo".
La pregunta es cómo hace una institución como el Banco de Alimentos de Tucumán -que dicho sea de paso acaba de ser distinguido con el premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado, a propuesta de la tucumana Delia Pinchetti de Sierra Morales - para dar de comer a 12.000 personas. Trabaja con empresarios amigos que confían en el circuito del alimento. El 70% proviene del agro. Además, la ONG se asegura con un equipo de Bromatología el buen estado de los productos donados.
Hay que superar la informalidad de los amigos. En Italia, por ejemplo, cada instancia de la donación es responsable de su parte. La empresa se hace cargo de lo suyo hasta que lo pone en manos de la ONG, esta última hace lo propio hasta que lo distribuye entre los comedores, estos, a su vez, son responsables de mantener los alimentos en buenas condiciones hasta que llega al plato de los niños.
La ley, que miraba las experiencias de Italia y Estados Unidos, eximía de responsabilidad a las empresas que acreditaran haber donado alimentos en buen estado, a través de los debidos controles. Pero no. A veces parece que es más fácil hacer las cosas más difíciles. Y más normal, lo inconcebible, como permitir que siga habiendo argentinos que van a comer de la basura lo que las empresas tiran. O más general, la práctica del clientelismo a través de los bolsones. Sí, eso es más fácil. Aunque a veces tenga sus riesgos, como la de acumular 10 toneladas de polenta en un depósito del Ministerio de Políticas Sociales hasta que se pudra. Nunca se supo qué esperaban para repartirla y entre quiénes. Cuatro años después, se determinó que hubo un perjuicio económico para el Estado en $ 5.922. ¿Cuál fue el perjuicio para los niños pobres de Tucumán? Nadie lo menciona. Los chicos siguen revolviendo los basurales y quizás, hasta envidiando a los caballos y a los cerdos que se terminaron comiendo la polenta destinada para ellos, en una finca privada de Burruyacu. Ergo, en la Argentina la comida se tira, porque hay niños que la recogen para comerla.
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