Crecen los conflictos por los reclamos de comunidades indígenas

Los reclamos de las comunidades indígenas sobre tierras están generando conflictos de difícil resolución, que crecen en intensidad a lo largo del país. Los propietarios de terrenos expresaron su preocupación ante lo que consideran un  avance conflictivo en el que el Estado se desentiende, sin advertir la gravedad de la cuestión.
"Hace un par de meses se reunieron representantes de familias afectadas. Eran más de medio centenar a las que no las dejan trabajar la tierra, les cortan los alambrados, les ocupan tierras y les quitan los animales", explicaron los abogados Fernando López de Zavalía y Máximo Padilla. "Observamos que hay abogados que trabajan como representantes de comunidades indígenas en apropiación de tierras de particulares", agregó López de Zavalía.
Todo comenzó, según dijo, con la reforma de la Constitución nacional en 1994. "El artículo 75, en el inciso 17, reconoce la presencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la personalidad jurídica de sus comunidades. En ese momento había pueblos como los tobas en Chaco y los wichis en Salta. Pero este artículo dio lugar a un negocio de abogados y de caciques. Comenzaron a aparecer comunidades extinguidas  y ahora están en todas partes. En Tafí del Valle ahora hay cinco caciques y en Trancas, dos", explicó.
El problema que se genera, añadieron, es que se está presionando sobre derechos adquiridos. "Los títulos en Tafí del Valle son fruto del remate de la Junta de Temporalidades (siglo XVIII) de cuando se fueron los Jesuitas. Ahora las comunidades les comenzaron a disputar derechos a familias que en aquella época compraron las tierras". López de Zavalía agregó que a los aborígenes de Trancas se les asignaron terrenos en una estancia llamada Pusana y "esa comunidad se declaró extinguida en 1906. Se repartieron entre individuos la tierra. Eso está en el Archivo Histórico. Pero ahora aparecieron los tolombón y reclaman 150.000 hectáreas", explicó.
Los abogados expresaron su alarma, que fue planteada en un proyecto de ley del diputado nacional José Ignacio García Hamilton (fallecido recientemente) en el que se planteó formas de resolver la potencial conflictividad que se genera. "El dijo que se debía encauzar el problema desde el punto de vista histórico-jurídico (no se puede asignar tierras particulares) y filosófico-jurídico (que se plantee el tema como cultural y no racial)", dijo López de Zavalía.
Ambos concluyeron en que se debe debatir con urgencia esta problemática que está creciendo. "Hay que parar esta irracionalidad. Esto es un negocio para abogados que se hacen pagar honorarios en los reclamos de estas comunidades que estaban extinguidas y resucitaron, y un negocio ilegal de apropiación de tierras de particulares".