11 Noviembre 2009
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ratificó ayer la prisión domiciliaria para el ex gobernador Antonio Domingo Bussi, quien espera que se sustancie el juicio oral por la existencia de un centro clandestino en la ex Jefatura de Policía, cuyo inicio está previsto para el 16 de febrero de 2010.
El cuerpo rechazó sendos planteos efectuados por los abogados querellantes Laura Figueroa y Bernardo Lobo Bugeau, quienes solicitaron que se revoque este régimen de detención y se proceda al traslado de Bussi a una cárcel común. Ambos, en escritos presentados por separado, consideraron que el ex gobernador estaría gozando de privilegios por estar en su casa en un country de Yerba Buena, desde donde desarrolla actividad política, según denunciaron. Ello fue ejemplificado con la adhesión del ex mandatario provincial al Partido Republicano Fundacional, que lidera su hijo mayor, el legislador Luis José Bussi. En contra de esta posición se pronunció el fiscal federal general, Alfredo Terraf: recordó que el cambio de lugar de detención sólo se puede disponer cuando el procesado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio, lo que no se verificó. La defensa de Bussi compartió este criterio.
Sin violación
El tribunal consideró que el apoyo político difundido por el legislador no alcanza para constituir una actitud violatoria de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria, en el pronunciamiento respecto del pedido formulado por Figueroa.
"En el texto controvertido surge el compromiso del procesado de cumplir a rajatabla y hasta las últimas consecuencias el régimen de privación de la libertad que se encuentra cumpliendo. La prisión domiciliaria tiene un estricto carácter cautelar y asegurativo, para que el imputado no obstaculice las investigaciones ni se sustraiga de la acción de la justicia", afirmaron Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi.
Los magistrados también hicieron referencia a los informes periódicos que se realizan en la causa por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por la cual el ex gobernador cumple condena a prisión perpetua, sentencia que no está firme (por lo tanto, se mantiene la presunción de inocencia a su favor).
Respecto del planteo de Lobo Bugeau, Terraf entendió que a Bussi le cabía la suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios, como la prohibición de acceder a los medios de comunicación social. Casas, Jiménez Montilla y Curi reiteraron los mismos argumentos expuestos en la resolución de Figueroa para denegar el planteo del querellante.
El cuerpo rechazó sendos planteos efectuados por los abogados querellantes Laura Figueroa y Bernardo Lobo Bugeau, quienes solicitaron que se revoque este régimen de detención y se proceda al traslado de Bussi a una cárcel común. Ambos, en escritos presentados por separado, consideraron que el ex gobernador estaría gozando de privilegios por estar en su casa en un country de Yerba Buena, desde donde desarrolla actividad política, según denunciaron. Ello fue ejemplificado con la adhesión del ex mandatario provincial al Partido Republicano Fundacional, que lidera su hijo mayor, el legislador Luis José Bussi. En contra de esta posición se pronunció el fiscal federal general, Alfredo Terraf: recordó que el cambio de lugar de detención sólo se puede disponer cuando el procesado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio, lo que no se verificó. La defensa de Bussi compartió este criterio.
Sin violación
El tribunal consideró que el apoyo político difundido por el legislador no alcanza para constituir una actitud violatoria de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria, en el pronunciamiento respecto del pedido formulado por Figueroa.
"En el texto controvertido surge el compromiso del procesado de cumplir a rajatabla y hasta las últimas consecuencias el régimen de privación de la libertad que se encuentra cumpliendo. La prisión domiciliaria tiene un estricto carácter cautelar y asegurativo, para que el imputado no obstaculice las investigaciones ni se sustraiga de la acción de la justicia", afirmaron Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi.
Los magistrados también hicieron referencia a los informes periódicos que se realizan en la causa por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por la cual el ex gobernador cumple condena a prisión perpetua, sentencia que no está firme (por lo tanto, se mantiene la presunción de inocencia a su favor).
Respecto del planteo de Lobo Bugeau, Terraf entendió que a Bussi le cabía la suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios, como la prohibición de acceder a los medios de comunicación social. Casas, Jiménez Montilla y Curi reiteraron los mismos argumentos expuestos en la resolución de Figueroa para denegar el planteo del querellante.
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