Clausuran prostíbulos denunciados por Trimarco

Las luces rojas se apagaron. Los parlantes quedaron en silencio. Los clientes se marcharon cabizbajos, sin decir una palabra. Una faja roja y blanca quedó pegada en la fachada, indicio de que las denuncias de los vecinos eran ciertas.
Esta escena se vivió tras los operativos que realizó durante la madrugada de ayer la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), y que culminó con la clausura de siete locales. Estos negocios, según denunció la Fundación María de los Angeles Verón, están habilitados como bares, pero en realidad funcionan como prostíbulos. "Estamos muy contentos, porque vemos que Dipsa se ha tomado muy en serio lo que denunciamos. Esperamos que las demás autoridades trabajen con el mismo compromiso", dijo Carlos Garmendia, abogado de la fundación, en diálogo con LA GACETA.
El lunes a la mañana, representantes de la fundación dirigida por Susana Trimarco -madre de una joven presuntamente raptada por una red de trata de personas- se presentaron en las sedes de Dipsa, del Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y de Defensa Civil.
Los especialistas les entregaron a los directores de las reparticiones notas en las que denunciaban que 13 locales de la capital funcionan como prostíbulos y que sus propietarios explotan sexualmente a mujeres. "Hemos recibido varios testimonios de víctimas que nos refirieron que ellas no eran libres de dejar esos lugares", reza una de las notas entregadas por la fundación. Ante esta situación, los especialistas solicitaban inspecciones en estos negocios y su posterior clausura. "En la mayoría de los casos cuentan con un salón que aparenta ser un bar, pero luego existen habitaciones con camas donde se concretan los servicios sexuales que estos lugares ofrecen", indica la presentación realizada por la institución.
Dipsa, repartición que está a cargo de Carlos Gómez, concretó operativos en varios de los locales señalados por la fundación Verón. Según supo LA GACETA, siete de ellos fueron clausurados. Las autoridades de esa repartición realizarán informes sobre cada uno de los casos, y luego los remitirán a la Justicia ordinaria, a la División Trata de Persona de la Policía y a la institución que dirige Trimarco.
"Esperamos que todos los organismos se comprometan de la misma forma que lo hizo Dipsa. También es necesario que los jueces de faltas sean rigurosos para que las normas municipales se cumplan de una buena vez", indicó Garmendia.
LA GACETA intentó comunicarse con autoridades de Defensa Civil y del IPLA para constatar si llevaron a cabo procedimientos similares a los realizados por Dipsa, pero no tuvo éxito.