El Estado de los estados alterados

Para algunos, es la consecuencia del paso firme de miles y miles de médicos, residentes, enfermeros, camilleros y demás trabajadores autoconvocados de la salud. De los redoblantes, de los bombos y de las bombas de estruendo. De las ollas populares y las calles cortadas. Y de los jubilados transferidos que, desde antes que los agentes de la salud, exigen frente a la Casa de Gobierno lo que les corresponde: gozar del 82% móvil en sus jubilaciones, sólo para poder comer y comprar remedios.
Para otros, en realidad, el fenómeno se debe a los millones y millones de pesos que la Nación ha dejado de enviar. En otras palabras, a lo caro que resulta ser kirchnerista por estos días. Y no faltan los que, más allá de los datos de la coyuntura, advierten que la causa, en realidad, no es otra más que la fatiga de un régimen que, en rigor, ha agobiado a las instituciones en general, y a los poderes del Estado en particular. A la par de sus incontables calles asfaltadas, la democracia pavimentadora arrodilló a una Legislatura que se reivindica incapaz de disentir con los proyectos del Ejecutivo, mientras la Justicia acumula 35 despachos vacantes.
Por imperio de alguno de estos factores, o de todos ellos en conjunto, lo cierto es que el piso ha comenzado a moverse para el alperovichismo. Y en medio del tembladeral, el gobernador, José Alperovich, decidió salir a hablar de la primera y más certera de las seguridades oficiales: sus ganas de ser recontra-reelecto.
El ámbito público, casi como nunca antes, se tornó incómodo para el titular del Poder Ejecutivo. La plaza Independencia, tanto en el plano político como en el de la realidad, es de los otros. Y las acostumbradas recorridas por las obras públicas se redujeron a expeditos cortes de cinta sin contactos con la prensa o con declaraciones monosilábicas.

Brazos torcidos
Alperovich busca refugio en lo privado. Y en el quincho de su casa reunió a los intendentes para mostrar una firmeza: en 2011, dijo, será gobernador. Para los jefes municipales fue un alivio: hasta aquí solamente recibían menos recursos y mensajes de incertidumbre de un Gobierno al que, por unas semanas, parecían habérsele acabado las definiciones. Al decir de uno de los caciques políticos del interior, vino bien ver alguna reacción de parte del gobernador al que no se le animaron los gremios sino los propios trabajadores estatales.
El gobernador está tratando de cerrar las dispersas filas oficiales. Repetirá reuniones como la del jueves con delegados comunales, concejales y parlamentarios. Quiere saber con quiénes cuenta, prometerles buen trato y mostrarse poderoso. Porque en el asado con los jefes municipales, después de jurar que no faltará plata ni se paralizarán las obras públicas, sacó pecho y dijo (en términos, si se quiere, más campestres) que los autoconvocados no lo van a doblegar y que él tampoco se va a quedar de brazos cruzados frente a la protesta.
Es que el conflicto con los hombres y las mujeres de la salud vino a desnudar que, acaso, más que un piso que se mueve, el Gobierno está sacudido por una serie de comportamientos que lo muestran como una gestión con prioridades invertidas. Como un Estado con los estados alterados.

Demanda de normalidad
Los empleados de la sanidad piden normalidad. Lo que se traduce en cargos titulares para los que llevan años como contratados. Y en un adicional por trabajo insalubre, teniendo en cuenta la tarea que desempeñan y las condiciones de trabajo en las que lo hacen. Y en una nueva carrera sanitaria, con vigencia plena, para que los nombramientos y los ascensos se rijan por concursos. Y en el blanqueo de los adicionales salariales en virtud de los cuales el 40% de sus sueldos está en negro, razón por la que muchos se jubilarán con haberes por debajo del mínimo para los pasivos. Y en sueldos un poco más dignos.
Cualquier funcionario de primera línea de la Casa de Gobierno gana seis veces más que un médico con 20 años de servicio. Los $ 10.000 de aumento que pidió Oscar Godoy para los legisladores del PJ equivalen a cinco sueldos de los de un profesional que todos los días salva vidas de tucumanos. Los $ 40.000 de gastos sociales mensuales de cada parlamentario alperovichista, directamente, representan un año y medio de trabajo en un hospital, aguinaldo incluido.
Por eso, la Iglesia crítica que los autoconvocados no son flexibles en sus demandas y los gremios advierten que son inorgánicos en sus reclamos. Sin embargo, nadie dijo -todo por el contrario- que sus pedidos sean ilegítimos. Y eso que no se les dio por pedir mejoras en materia de equipamiento e infraestructura. Porque el Estado, que ha dicho no tener recursos para terminar el hospital del Este, sí tiene fondos -en algún lugar- para afrontar la expropiación de la casa de de San Lorenzo al 300, que sus propietarios valuaron en unos $ 2 millones de pesos.
Dicho de otro modo, el Gobierno que necesita juntar $ 60 millones para terminar bien 2009, ya tiene reunido lo necesario para que se habilite una nueva entrada a las cocheras del Tribunal de Cuentas. Después de que el bloque Tucumán Crece avaló semejante oprobio, llegaron aclaraciones que no figuran en el dictamen aprobado en la Legislatura: también se habilitarán oficinas. Entonces, sí, el oficialismo se consideró legitimado para anular el derecho a la propiedad privada de los tucumanos. Porque, en rigor, no se trata de que le van a quitar una propiedad a la familia Manganelli, sino de que, en adelante, las pedestres necesidades vehiculares de un organismo público cualquiera serán razón suficiente para demoler cualquier construcción de particulares. En Tucumán, las ganas de unos pocos de estacionar los autos de la repartición cerca de la oficina se convierten, automáticamente, en razones de utilidad pública.
En el entorno alperovichista nadie reivindicó aún esta medida. De hecho, podría decirse que un ala del palacio gubernamental se pregunta que son, exactamente, los ahorros que el Tribunal de Cuentas dice tener para afrontar la expropiación. O sea, no atinan a decir si el organismo presta servicios a terceros que le reportan esas economías, o si en realidad no ejecutan todo su presupuesto y conservan un excedente.
En la otra ala, simplemente, están esperando que las autoridades del ente controlador se presenten a solicitar la asistencia del Ejecutivo para ejecutar el despojo contra los Manganelli.

Llueven casualidades
En Tucumán, las clases políticas se representan a sí mismas.
Lo denuncian otros autoconvocados: los vecinos de Overa Pozo. Son más de 3.000 tucumanos los que viven desperdigados en la zona. Y cortan rutas para gritar que, en vez de una planta de tratamiento de residuos, les van a mudar un vaciadero -pestes y alimañas incluidas- a las puertas de sus casas. El predio, en sus límites Este y Sur, dista muy cerca de la escuela 283 y de la escuela del Lapachito, respectivamente.
Pero el Gobierno está ocupado en armonizar almanaques. Primero, la Cámara aprobó la titularización de 4.500 docentes el 10 de septiembre, porque al día siguiente era el Día del Maestro. Luego, el gobernador anunció que había promulgado la ley confiscatoria de la casa de una familia tucumana, en beneficio de los conductores del órgano de control, el 14 de setiembre: según la Ley de Administración Financiera, al día siguiente vence el plazo para que se remita la Cuenta de Inversión a la Legislatura.
Claro está, se trata de una casualidad. Como fue una casualidad que, el año pasado, se olvidaran de consignar el dictamen nada menos que de los gastos de la administración pública centralizada durante 2007. O sea, omitieron decir cómo había actuado (a los efectos del erario) cada dependencia del Gobierno, casualmente, durante el año de la interna peronista, de la reelección de Alperovich y de los comicios presidenciales. Después vino la enmienda casi casual en la que el análisis de toda la ejecución presupuestaria en cuestión abarcó cinco renglones: era "razonable", escribieron. Y a otra cosa.
Con esos antecedentes, tampoco es casualidad que el legislador radical José Cano se pregunte ahora si la acordada 3024/09, que contiene el informe de cuenta de inversión 2008 (aún no fue publicada), dirá algo sobre los fondos fiduciarios. Esto, según el senador electo, a propósito de que de esos fideicomisos se alimenta la deuda de las municipalidades. Y de que, a partir de la puesta en vigencia de la Constitución de 2006, el artículo 78 dice: "los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas" (sic).

Al sótano
En el Estado de los estados alterados hay preocupación (e inversión) por proteger la integridad de las cocheras pero, aparentemente, no para salvaguardar documentación sobre la vida y a la salud de los tucumanos.
Concretamente, el mismo Cano que planteó en el recinto de la Legislatura, en enero de 2008, que presuntamente se adulteraban las estadísticas sobre la mortalidad infantil para mostrar una abrupta caída de esos índices, ahora denuncia que ya no existen los documentos oficiales para esclarecer esa situación.
El parlamentario blande un acta notarial fechada en noviembre de 2007, la cual dice que 60.000 historias clínicas (las que van del 99.999 al 160.000) "quedaron inservibles e ilegibles" por la inundación del sótano de la Maternidad, a donde mudaron los papeles. Lo llamativo es que, del documento en poder del radical, surge que no parece un accidente. "Cuando empiezan las tormentas se inunda todo y lo que está al nivel del piso está inutilizado, debido a que a mediados de diciembre ya empieza a subir la napa de agua y dura hasta el invierno" (sic), refiere en el acta uno de los empleados de la institución.
Ninguno de esos registros tiene ya utilidad pública alguna, porque el Estado no se ocupó de cuidarlos. Tampoco se preservará la salud de los que viven cerca de Overa Pozo, quienes temen que sus pertenencias, en breve, dejen de tener utilidad privada. Mejor suerte (incluso que la de los Manganelli) correrán, en cambio, los autos del Tribunal de Cuentas.
En definitiva, no es el piso lo que se mueve, sino la racionalidad de los actos del Estado la que cruje bajo las instituciones.