18 Septiembre 2009
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) considera que el proyecto oficial de ley de medios, con media sanción de Diputados, contiene restricciones a la libertad de prensa y afecta la seguridad jurídica. A través de un documento enviado a LA GACETA, la entidad enumeró las principales objeciones a esa norma y elaboró un "Análisis constitucional y de la libertad de expresión".
Entre los principales cuestionamientos, Adepa entiende que se afecta gravemente a la libertad de expresión por la determinación de contenidos obligatorios para las emisiones radiales y televisivas, igual que la ley vigente de 1980 (capítulo V del título III), donde se establecen pautas muy precisas sobre la programación que deben emitir los licenciatarios, vulnerando su libertad editorial (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, y 13 de Convención Americana de Derechos Humanos).
Agrega que la norma lesiona el sistema federal, en particular "la prohibición de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal" (articulo 32 CN). Sin embargo varios de los artículos del proyecto le otorgan esta jurisdicción a los servicios audiovisuales.
Subraya también que el proyecto no regula aspectos clave señalados como deficiencias del sistema institucional, ya que pueden distorsionar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información: el establecimiento de criterios objetivos para la distribución de publicidad oficial, y el acceso transparente e igualitario a la información pública.
Otro punto cuestionado es la integración de la autoridad de aplicación. Cuatro o cinco de sus siete miembros van a pertenecer al poder político de turno. Esto se contrapone a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría por la Libertad de Expresión. Añade Adepa que la restricción aparece con los amplios márgenes de discrecionalidad que se le otorga a la autoridad de aplicación, controlada por el PEN, para el otorgamiento y caducidad de las licencias (artículos 33, 34, 50 y otros).
Respecto de la delegación de facultades legislativas, se cuestiona, por ejemplo, el alcance territorial de las licencias (artículo 45) como en las facultades de la autoridad de aplicación (artículo 12). De aprobarse el texto, el Ejecutivo en uso de esas atribuciones determinará el alcance de la libertad de expresión en la Argentina.
Adepa remarca que hay dos casos de censura previa notorios que violan el artículo 14 de la Constitución. El primero (48), involucra a los diarios y a las revistas. Hoy pueden acceder a licencias audiovisuales. Con la nueva ley esta posibilidad queda reservada al arbitrio de la autoridad de aplicación.
Entre los principales cuestionamientos, Adepa entiende que se afecta gravemente a la libertad de expresión por la determinación de contenidos obligatorios para las emisiones radiales y televisivas, igual que la ley vigente de 1980 (capítulo V del título III), donde se establecen pautas muy precisas sobre la programación que deben emitir los licenciatarios, vulnerando su libertad editorial (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, y 13 de Convención Americana de Derechos Humanos).
Agrega que la norma lesiona el sistema federal, en particular "la prohibición de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal" (articulo 32 CN). Sin embargo varios de los artículos del proyecto le otorgan esta jurisdicción a los servicios audiovisuales.
Subraya también que el proyecto no regula aspectos clave señalados como deficiencias del sistema institucional, ya que pueden distorsionar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información: el establecimiento de criterios objetivos para la distribución de publicidad oficial, y el acceso transparente e igualitario a la información pública.
Otro punto cuestionado es la integración de la autoridad de aplicación. Cuatro o cinco de sus siete miembros van a pertenecer al poder político de turno. Esto se contrapone a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría por la Libertad de Expresión. Añade Adepa que la restricción aparece con los amplios márgenes de discrecionalidad que se le otorga a la autoridad de aplicación, controlada por el PEN, para el otorgamiento y caducidad de las licencias (artículos 33, 34, 50 y otros).
Respecto de la delegación de facultades legislativas, se cuestiona, por ejemplo, el alcance territorial de las licencias (artículo 45) como en las facultades de la autoridad de aplicación (artículo 12). De aprobarse el texto, el Ejecutivo en uso de esas atribuciones determinará el alcance de la libertad de expresión en la Argentina.
Adepa remarca que hay dos casos de censura previa notorios que violan el artículo 14 de la Constitución. El primero (48), involucra a los diarios y a las revistas. Hoy pueden acceder a licencias audiovisuales. Con la nueva ley esta posibilidad queda reservada al arbitrio de la autoridad de aplicación.
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