El invierno del descontento

Lejos de las floridas musas de la primavera, el Gobierno alperovichista es visitado por grises fantasmas en los inicios de este largo setiembre.
Regresó el escandaloso espectro de la comida de planes sociales que se pudrió dentro de los depósitos oficiales, sin poder llegar a la boca de los pobres, durante agosto de 2005, dos meses antes de que las elecciones de diputados nacionales de ese año. Por entonces, esa ánima se corporizó en toneladas de polenta que, en lugar de nutrir a los tucumanos desposeídos, terminó sirviendo como manjar de cerdos en una finca privada.
De la mano volvió, también, ese mustio espanto que es la desnutrición. El miércoles, en la protesta en la plaza Independencia, mediante los megáfonos de los trabajadores de la salud autoconvocados se denunció que los desnutridos son más de 10.000 en la provincia, que el mismo CAC que informó 50 casos en julio de 2008 comunicó 80 víctimas del hambre en julio de este año; y que los planes de contención, de donde surge la estadística oficial, toma sólo los casos de desnutridos agudos y graves, pero no los crónicos. El Ejecutivo lo desmintió y sostuvo que son 5.000 los tucumanos con déficit alimentario, todos los cuales -agregó- son debidamente atendidos.

Diferentes espectros
Aunque llegaron juntos, son apariciones distintas. El de la polenta para seres humanos devorada por los cerdos es un fantasma impune. Muestra que, en Tucumán, se puede estropear bienes del Estado, retirarlos de la órbita pública y pasarlos al ámbito privado para que se extingan, sin mayores problemas: sólo cuatro años después decidirán que sí hubo perjuicio en contra de la Provincia. A cambio, se iniciarán actuaciones administrativas contra funcionarios de tercera línea y serenos de depósitos, para reclamar, por todo resarcimiento, menos de $ 6.000. Eso sí: se girarán las actuaciones a la Justicia Federal para que esta determine si hubo delito, el cual, gracias a los cuatro años de demora, puede que se encuentre prescripto. Con controles así...
El fantasma del flagelo social, en cambio, tiene perfil maniqueo. En la empobrecida Tucumán, enclavada en el paupérrimo norte de la inestable Argentina, nadie le puede pedir sensatamente a un Gobierno que lleva seis años de mandato que extinga la pobreza. Sin embargo, hay alguien que sí pretende eso: ningún otro que el propio Gobierno.

Perdido en la cerrazón
El alperovichismo no admite discusión respecto del agravamiento de la situación social y el desmejoramiento de los índices. Así es como, a contramano de toda la Argentina, decidió reanudar las clases en plena epidemia de la gripe A. Así es como el radicalismo lo denunció en 2006 por la presunta adulteración de cifras de la mortalidad infantil. Así es como ahora rechaza cerradamente cualquier posibilidad de que la desnutrición haya recrudecido, a pesar de que él mismo admite, por otro lado, que los indicadores nada menos que de desempleo y de pobreza sí van a sufrir incrementos.
El Gobierno ha aplicado la misma cerrazón respecto del conflicto con los empleados de la sanidad, y ese comportamiento sólo avivó la crisis de la que los "técnicos" del Ministerio de Salud Pública no saben cómo salir, razón por la que fueron a buscar en ambulancia al ministro político, Edmundo Jiménez, ahora que cualquier principio de solución parece decididamente infartado.
El argumento que sigue repitiendo el oficialismo es que no tiene recursos para afrontar un aumento salarial para los hombres y las mujeres de la salud.
Expresado en cifras, en las planillas del presupuesto 2009 del Siprosa es de $ 611 millones, de los cuales $ 395 millones corresponden al rubro "personal". Por ende, una suba del 10% de los salarios implicaría un incremento del gasto salarial estatal de unos $ 40 millones anuales.
Este es uno de los reclamos de los agentes de la sanidad. El otro es que, a la par de la titularización que fulmine la inestabilidad laboral, todos esos items sean "blanqueados". Llevar esos "extra" al básico, manteniendo el salario de bolsillo, insumiría, según cálculos de especialistas de la oposición, otros $ 45 millones.
La respuesta del gobernador, José Alperovich (y la de su nuevo vicegobernador, Sergio Mansilla, uno de los pocos que salió a poner la cara), consistió en que acceder a tales medidas demandaría que entregue las llaves de la Casa de Gobierno, porque deberían irse, dada la cantidad de compromisos que dejarían impagos para financiar la recomposición de los salarios.
Sin embargo, cuando se miran las erogaciones por unidad operativa y objeto del gasto del Presupuesto 2009 (ese que se discutió en la Legislatura sin que le dieran una copia a los legisladores), surgen datos que podrían matizar un poco la imposibilidad argumentada por el oficialismo.

Cuentos y cuentas
Sin entrar en consideraciones respecto de que, por aparte de los recursos del Siprosa, el Ministerio de Salud Pública insume $ 3.5 millones en sueldos y dispone de otros $ 5 millones para transferencias, cabe reparar, por ejemplo, en la Secretaría General de la Gobernación. Es el organismo que en 2008 llegó a tener pendientes de rendición -según la denuncia del radical José Cano- $ 38 millones del ejercicio 2007, año en que hubo internas del PJ (1 de abril), reelección alperovichista (26 de agosto) y comicios presidenciales (28 de octubre).
Tal vez, el oficialismo podría apelar a una parte de los $ 30,3 millones que asignó este año a esa depedencia para transferencias (y que, por tanto, pueden ser empleados para subsidios de índole varia), además de los $ 18,5 millones para gastos en personal, los $ 2 millones para bienes de consumo y los $ 5 millones para Servicios no Personales.
Otro poco podría ser aportado por el Fondo de Desequilibrio Financiero para Municipios y Comunas, que dispone de $ 32,8 millones para transferir. En principio, plata no les va a faltar a las administraciones del interior, y no sólo porque así lo promete el mandatario provincial. En las "Obligaciones a cargo del Tesoro", el presupuesto vigente asignó $ 733,7 millones en el rubro "Apoyo del Gobierno a Municipios y Comunas", donde también aparecen activos financieros por $ 130 millones más. Todo esto, aparte de los $ 10 millones de que dispone la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas sólo para transferencias. Y para qué hablar de los cientos de millones de pesos que acumulan los Fondos Fiduciarios Municipales, que siguen engordando.
De hecho, una a una las municipalidades han emitido ordenanzas para que la plata del Fondo Federal Solidario (coparticipación de retenciones a la exportación de soja) pasan automáticamente a los fondos fiduciarios.
Acaso podría usarse una parte de los $ 56 millones destinados a esa dependencia de nombre tan amplio como es la Dirección de Cuentas Varias. Para el caso, también existe una cuenta cuyo concepto es todavía más abarcativo y cuyo presupuesto es varias veces más suculento. Concretamente, en "Erogaciones Varias" anotaron $ 312 millones para gastos en sueldos, $ 14,8 millones para gastos que no tengan que ver con personal, $ 31,5 millones para bienes de consumo y, como si no bastara, $ 205.7 millones para "transferencias".

El lejano veranito
Los agentes de la salud no piden recomposiciones salariales para volverse ricos. Hoy, un auxiliar de enfermería con 24 años de antigûedad gana apenas algo más de $ 1.400 por mes.
Eso dice su boleta de sueldo, donde aparece un básico de menos de $ 600 (ya debe dolerle la jubilación que le espera) y donde consta que el 40% de sus remuneraciones bajo la forma de adicionales no remunerativos. A mayor escala, esto equivale a que el 40% de la planilla salarial de su sector está en negro. Y la cuestión no se reduce sólo a quienes cumplen funciones en el Siprosa: la escasa transparencia salarial afecta a toda la administración pública centralizada. Y a los empleados municipales. Y a los de las comunas. Y a los maestros...
En realidad, la mentada paz social tucumana está atada con alambres de púas. Para el caso, desde UPCN ya salieron a reclamar que si se va a titularizar a los trabajadores de la salud, también hagan lo mismo con el resto de los estatales que prestan servicios como contratados.
Justamente, el mayor temor oficialista es que, frente al silencio de años de los gremios estatales, los empleados públicos emprendan el camino de sus pares de la salud y decidan emprender sus reclamos sin intermediarios.
El Gobierno, en definitiva, está entrampado. Lanzó un plan para combatir el empleo no registrado en Tucumán, incluso en los hogares, pero no tiene el mismo celo respecto de sus propios agentes.
Esta conducta no es nueva: en esta provincia, un bar puede ser clausurado si un cliente enciende un cigarrillo en su salón, porque se debe proteger la integridad de los no fumadores; pero donde absolutamente nada ocurre cuando miles de hectáreas de cañaverales son incendiadas, en desmedro directo de todos los tucumanos y de su medio ambiente.
En este clima enrarecido, ningún sol se asoma en el horizonte con la promesa de restaurar en todo su esplendor el veranito -cada vez más lejano- que el Gobiertucumano supo tener con vastos sectores de la sociedad.
Por el contrario, y mal que le pese al calendario, ha llegado el invierno del descontento.