26 Agosto 2009
ENFURECIDA. Margarita Toro intentó golpear al fotógrafo de LA GACETA cuando fue a declarar en febrero. LA GACETA / FRANCO VERA
Margarita Ramona Toro, la mujer a la que la Policía sindicada como líder de una poderosa banda que se dedicaba a la venta de droga en Villa 9 de Julio, fue beneficiada con el régimen de prisión domiciliaria durante un mes por orden de la Justicia Federal. Los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, según trascendió, atendieron un pedido de la defensa de la imputada, que alegaba que sufría problemas de salud, por lo que durante 30 días debía someterse a una dieta estricta. De esta forma, las cuatro mujeres que habían sido detenidas durante un megaoperativo concretado en enero ya se encuentran en sus respectivas casas, aunque con custodia policial permanente para evitar que reincidan en el delito por el cual fueron acusadas.
Según la investigación, Margarita es la jefa de lo que la Policía dio en llamar "El clan Toro". En el marco de la investigación que había iniciado en juez federal Nº 1 Daniel Bejas por la venta de "paco" en la zona de la Costanera, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Provincia solicitó varios allanamientos. Durante los operativos se secuestraron 1,5 kilo de cocaína, algunos porros, varios vehículos, más de $ 65.000, teléfonos celulares y documentación. En esa oportunidad los policías arrestaron a Verónica Paola Toro, de 25 años, a Manuel Arnaldo Toro, de 51, a Justino Martín Toro, de 37, a Marta Ligerón, de 36, a Ana Verónica Toro, de 35, a Juan Enrique Díaz, de 25, a Jorge Sandoval, de 28, a una adolescente de 17 años y a Margarita Toro, de 44. Esta mujer es ex esposa de Hugo Daniel "Ordóñez" Tévez, sindicado por las Madres de la Esperanza como uno de los principales vendedores de droga en La Costanera. Este hombre fue acribillado de ocho balazos el 21 de marzo, en un crimen que sigue impune.
El juez Bejas, luego de analizar las pruebas, imputó a los detenidos por los delitos de organización y financiamiento de narcotráfico, tenencia de sustancias con fines de comercialización, enriquecimiento ilícito y tenencia y portación de armas de guerra, y dictó prisión preventiva contra todos ellos, a excepción de la menor, que fue restituida a su hogar. A mediados de abril se ordenó que Verónica Paola Toro permaneciera detenida en su domicilio, ya que tiene un hijo menor de edad. Dos meses después, la beneficiada fue Ligerón, por la misma situación: tener que cuidar a su hijo. Ayer le tocó a Margarita Toro. Fuentes allegadas a la familia advirtieron que la salud de la mujer es precaria, por lo que debe someterse a distintos estudios y análisis, además de seguir una dieta estricta, que en la cárcel de mujeres no podría realizar. El pedido fue realizado por el abogado de la mujer, Roberto Flores, directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Los miembros de ese Tribunal, basándose en derechos constitucionales, hicieron lugar al pedido. Pero, el igual que en caso de las anteriores, estará custodiada durante las 24 horas. Según trascendió, a Margarita Toro no le gustó demasiado esta resolución y se quejó formalmente, pero los camaristas lo desestimaron.
Las fuentes de la Policía que fueron consultadas prefirieron no opinar ya que se trataba de un fallo judicial, por lo que la determinación había sido tomada por otro poder. Sin embargo se mostraron preocupados por las consecuencias que pudiera haber en el barrio, donde muchos vecinos se sentían desprotegidos, teniendo en cuenta que habían sido ellos los que habían denunciado a los vendedores de droga.
Según la investigación, Margarita es la jefa de lo que la Policía dio en llamar "El clan Toro". En el marco de la investigación que había iniciado en juez federal Nº 1 Daniel Bejas por la venta de "paco" en la zona de la Costanera, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Provincia solicitó varios allanamientos. Durante los operativos se secuestraron 1,5 kilo de cocaína, algunos porros, varios vehículos, más de $ 65.000, teléfonos celulares y documentación. En esa oportunidad los policías arrestaron a Verónica Paola Toro, de 25 años, a Manuel Arnaldo Toro, de 51, a Justino Martín Toro, de 37, a Marta Ligerón, de 36, a Ana Verónica Toro, de 35, a Juan Enrique Díaz, de 25, a Jorge Sandoval, de 28, a una adolescente de 17 años y a Margarita Toro, de 44. Esta mujer es ex esposa de Hugo Daniel "Ordóñez" Tévez, sindicado por las Madres de la Esperanza como uno de los principales vendedores de droga en La Costanera. Este hombre fue acribillado de ocho balazos el 21 de marzo, en un crimen que sigue impune.
El juez Bejas, luego de analizar las pruebas, imputó a los detenidos por los delitos de organización y financiamiento de narcotráfico, tenencia de sustancias con fines de comercialización, enriquecimiento ilícito y tenencia y portación de armas de guerra, y dictó prisión preventiva contra todos ellos, a excepción de la menor, que fue restituida a su hogar. A mediados de abril se ordenó que Verónica Paola Toro permaneciera detenida en su domicilio, ya que tiene un hijo menor de edad. Dos meses después, la beneficiada fue Ligerón, por la misma situación: tener que cuidar a su hijo. Ayer le tocó a Margarita Toro. Fuentes allegadas a la familia advirtieron que la salud de la mujer es precaria, por lo que debe someterse a distintos estudios y análisis, además de seguir una dieta estricta, que en la cárcel de mujeres no podría realizar. El pedido fue realizado por el abogado de la mujer, Roberto Flores, directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Los miembros de ese Tribunal, basándose en derechos constitucionales, hicieron lugar al pedido. Pero, el igual que en caso de las anteriores, estará custodiada durante las 24 horas. Según trascendió, a Margarita Toro no le gustó demasiado esta resolución y se quejó formalmente, pero los camaristas lo desestimaron.
Las fuentes de la Policía que fueron consultadas prefirieron no opinar ya que se trataba de un fallo judicial, por lo que la determinación había sido tomada por otro poder. Sin embargo se mostraron preocupados por las consecuencias que pudiera haber en el barrio, donde muchos vecinos se sentían desprotegidos, teniendo en cuenta que habían sido ellos los que habían denunciado a los vendedores de droga.
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