Una carga demasiado pesada

A una expectativa enorme, la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió con un fallo acotado. Saben sus integrantes que ellos no están facultados para cambiar la ley. Sólo advierten lo que está bien y lo que está mal de cada norma. Por eso ayer oficiaron de escudo de la ley suprema: la Constitución Nacional. Ricardo Lorenzetti y los vocales del Alto Tribunal remarcaron que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados". O sea, el Estado no puede inmiscuirse dentro de lo que pasa dentro de cada casa, siempre y cuando no esté en riesgo otra persona. A contramano de lo que se creía, no se consagró un permiso legal para consumir indiscriminadamente. Lo que se suponía que iba a ser un fallo que cambiaría los hábitos de los argentinos, no fue más que una reafirmación de un derecho constitucional. Pero los magistrados, tal como hacieron en otros fallos, exhortaron a los otros poderes a encarar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores. Es en este punto donde los miembros de la Corte allanaron el camino para lo que viene, que será la modificación de la ley 23.737 (conocida como Ley de Drogas) que es impulsada por Cristina Kirchner y su gobierno. Si se habla de despenalización, ya lo advirtió Aníbal Fernández, la Policía no podrá detener más a consumidores en la vía pública, sino que deberán ponerlos en manos de los médicos. Y las causas en los juzgados federales descenderán notoriamente ya que los investigadores deberán abocarse a perseguir y detener a los narcotraficantes. Este panorama aparece como dramático en Tucumán: ni la Policía está capacitada para combatir a grandes organizaciones delictivas (lo admitió el ministro de Seguridad Ciudadana ante los jueces federales) ni el sistema de salud está preparado para atender y recuperar a los adictos, mucho menos a los que tienen antecedentes penales. Sobre todo por eso José Alperovich y sus funcionarios se oponen a la despenalización. No quieren llevar sobre sus espaldas el peso que hoy carga la Justicia.