03 Agosto 2009
EL ESCENARIO. Una mujer reclama las tierras ocupadas por los quilmes.
Un inminente desalojo amenaza a la comunidad indígena quilmeña que se encuentra radicada en Colalao del Valle.
Se trata de 40 familias que comenzaron a construir sus viviendas en un terreno que ahora reclama un particular, y a quien el juez de paz de la zona le otorgó derechos sobre las tierras.
El cacique de la Comunidad India Quilmes, Delfín Gerónimo, explicó que las autoridades de la comunidad se basaron en el ejercicio de sus derechos como pueblo originario para asignarle lotes del territorio comunitario a esas familias, que vivían hacinadas en la comunidad de base de Colalao del Valle.
El objetivo era que puedan construir sus viviendas y mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, hizo lugar a un amparo presentado por Encarnación Rodríguez de Colombo. Genónimo destacó que la mujer no presentó escrituras. "Alegó la simple tenencia del predio, invocando supuestos derechos sobre nuestra tierras ancestrales", puntualizó el cacique.
"La resolución de este juez, que ha violado abiertamente la Ley Nº 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades de sus tierras tradicionales, responde a intereses existentes de personas vinculadas incluso con las instituciones estatales locales como la Comuna Rural de Colalao del Valle que son parte interesada en este caso", denunció Gerónimo.
Planteos
El cacique informó que la comunidad ha realizado las presentaciones correspondientes ante los tribunales de la Provincia, y ha planteado la inconstitucionalidad de la ley provincial de amparo a la simple tenencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que todavía no se ha expedido.
"Una vez más, seremos víctimas de la violencia que la fuerza pública ejercerá contra nuestros comuneros en lamentable contradicción con el avanzado marco jurídico de reconocimiento existente en el país respecto de nuestros derechos como pueblo originario", advirtió Gerónimo.
"Solicitamos a las autoridades pertinentes que se expidan a favor de nuestros derechos consagrados constitucionalmente y la solidaridad de la sociedad toda", expresó finalmente.
Según trascendió de fuentes policiales, el desalojo por la fuerza ya fue dispuesto y se concretaría esta semana. Se teme que se produzcan enfrentamientos ya que las familias indígenas parecen dispuestas a resistir la medida.
Se trata de 40 familias que comenzaron a construir sus viviendas en un terreno que ahora reclama un particular, y a quien el juez de paz de la zona le otorgó derechos sobre las tierras.
El cacique de la Comunidad India Quilmes, Delfín Gerónimo, explicó que las autoridades de la comunidad se basaron en el ejercicio de sus derechos como pueblo originario para asignarle lotes del territorio comunitario a esas familias, que vivían hacinadas en la comunidad de base de Colalao del Valle.
El objetivo era que puedan construir sus viviendas y mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, hizo lugar a un amparo presentado por Encarnación Rodríguez de Colombo. Genónimo destacó que la mujer no presentó escrituras. "Alegó la simple tenencia del predio, invocando supuestos derechos sobre nuestra tierras ancestrales", puntualizó el cacique.
"La resolución de este juez, que ha violado abiertamente la Ley Nº 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades de sus tierras tradicionales, responde a intereses existentes de personas vinculadas incluso con las instituciones estatales locales como la Comuna Rural de Colalao del Valle que son parte interesada en este caso", denunció Gerónimo.
Planteos
El cacique informó que la comunidad ha realizado las presentaciones correspondientes ante los tribunales de la Provincia, y ha planteado la inconstitucionalidad de la ley provincial de amparo a la simple tenencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que todavía no se ha expedido.
"Una vez más, seremos víctimas de la violencia que la fuerza pública ejercerá contra nuestros comuneros en lamentable contradicción con el avanzado marco jurídico de reconocimiento existente en el país respecto de nuestros derechos como pueblo originario", advirtió Gerónimo.
"Solicitamos a las autoridades pertinentes que se expidan a favor de nuestros derechos consagrados constitucionalmente y la solidaridad de la sociedad toda", expresó finalmente.
Según trascendió de fuentes policiales, el desalojo por la fuerza ya fue dispuesto y se concretaría esta semana. Se teme que se produzcan enfrentamientos ya que las familias indígenas parecen dispuestas a resistir la medida.
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