20 Julio 2009
"Hay que tomar los recaudos necesarios, amesetar las obras y estirar los planes de trabajo. Pero no hay ni habrá una paralización de los trabajos ya iniciados". Con esa reflexión, el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, buscó llevar tranquilidad a los empresarios, a los obreros y a los ciudadanos respecto del impacto que la merma de los recursos federales provoca en la marcha de la obra pública.
El funcionario detalló que para mantener el actual nivel de trabajos, la Provincia requiere de $ 50 millones sólo para los planes de construcción de viviendas y de mejoramientos habitacionales. De ese total, la contraparte que aporta el Poder Ejecutivo por mes no sufrió demoras. En cambio, sí hubo retrasos en las remesas de la Nación. "Lo que ahora nos preocupa es pagar los certificados de obra atrasados, pero nos tranquiliza saber que Tucumán está bien posicionada ante la Nación. Proporcionalmente ejecutamos la mayor cantidad de obras en el país", añadió.
Según datos del sitio oficial de la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación, de 2003 a marzo de 2009 la Provincia obtuvo un cupo de 17.319 viviendas, de las cuales 6.864 ya se construyeron, otras 8.404 están en plena ejecución y deben iniciarse 2.051. En cuanto a los mejoramientos habitacionales, a Tucumán se le asignaron 32.719 (se terminaron 14.596 y se ejecutan otros 11.890). Todos estos proyectos, ya presupuestados, no corren el riesgo de ser paralizados, según Mirkin. "Hay sectores empresariales que no acompañan; no digo que no sea justo el reclamo, pero en este contexto general somos una provincia privilegiada. Las obras están garantizadas, lo que puede pasar es que no se inicien nuevas para no incurrir en mora. La instrucción del gobernador es que demos prioridad a lo que ya comenzamos", sostuvo, en alusión a las quejas de la Cámara Argentina de la Construcción por los retrasos en los pagos de los certificados de obra.
Precisamente, los últimos fondos que llegaron de la Nación corresponden a los certificados de marzo. Como estos documentos vencen a los 55 días de su emisión, el poder central ya debería haber cancelado abril y aprestarse a hacer lo propio con mayo. En total, son cerca de $ 100 millones que aún no recibieron las empresas adjudicatarias de obras públicas.
El impacto de la crisis en la ejecución de los planes de vivienda se magnifica porque el rubro representa el 80% de los fondos para obras que envía la Nación. De ese total, el 50% de la inversión corresponde al megaemprendimiento habitacional Lomas de Tafí. "Las dificultades se presentan en todos los frentes de obra y, en particular, en Lomas de Tafí", sostuvo, por su parte, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Pedro Omodeo (h). El dirigente empresarial se mostró confiado en que la situación se revertirá. "La reunión con el gobernador fue muy positiva. Nos ratificó que el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, le comprometió el envío de fondos tal cual estaba pautado. La situación debería normalizarse en los próximos días", amplió.
A criterio de Omodeo (h), el atraso promedio en el pago de los certificados es de 30 días, pero lo que realmente les preocupa es el futuro. "Hay mucha incertidumbre. Tenemos que ver las expectativas que hay en torno del envío de fondos. Si no llegan en los volúmenes que necesitamos, tendremos que replantear en conjunto el plan de trabajos y los plazos, de común acuedo con el Gobierno", sostuvo.
Otro tema que aflige a los empresarios es el financiamiento. Puntualmente, el cambio de metodología adoptado por el Banco Tucumán. "Estamos muy preocupados por la actitud de la plaza financiera, porque veníamos trabajando con acuerdos sobre prendas comerciales de los certificados de obras, pero la línea de créditos se suspendió", advirtió.
Interrogantes
La crisis abre un interrogante respecto de un paquete de 5.000 viviendas que obtuvo el PE, en marzo. Según la nueva operatoria, los aportes serán reintegrables y surgirán de un fideicomiso administrado por el Banco Nación con fondos de la Anses. La Cámara, incluso, había autorizado al PE a tomar un crédito inicial por 1.348 casas.
El funcionario detalló que para mantener el actual nivel de trabajos, la Provincia requiere de $ 50 millones sólo para los planes de construcción de viviendas y de mejoramientos habitacionales. De ese total, la contraparte que aporta el Poder Ejecutivo por mes no sufrió demoras. En cambio, sí hubo retrasos en las remesas de la Nación. "Lo que ahora nos preocupa es pagar los certificados de obra atrasados, pero nos tranquiliza saber que Tucumán está bien posicionada ante la Nación. Proporcionalmente ejecutamos la mayor cantidad de obras en el país", añadió.
Según datos del sitio oficial de la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación, de 2003 a marzo de 2009 la Provincia obtuvo un cupo de 17.319 viviendas, de las cuales 6.864 ya se construyeron, otras 8.404 están en plena ejecución y deben iniciarse 2.051. En cuanto a los mejoramientos habitacionales, a Tucumán se le asignaron 32.719 (se terminaron 14.596 y se ejecutan otros 11.890). Todos estos proyectos, ya presupuestados, no corren el riesgo de ser paralizados, según Mirkin. "Hay sectores empresariales que no acompañan; no digo que no sea justo el reclamo, pero en este contexto general somos una provincia privilegiada. Las obras están garantizadas, lo que puede pasar es que no se inicien nuevas para no incurrir en mora. La instrucción del gobernador es que demos prioridad a lo que ya comenzamos", sostuvo, en alusión a las quejas de la Cámara Argentina de la Construcción por los retrasos en los pagos de los certificados de obra.
Precisamente, los últimos fondos que llegaron de la Nación corresponden a los certificados de marzo. Como estos documentos vencen a los 55 días de su emisión, el poder central ya debería haber cancelado abril y aprestarse a hacer lo propio con mayo. En total, son cerca de $ 100 millones que aún no recibieron las empresas adjudicatarias de obras públicas.
El impacto de la crisis en la ejecución de los planes de vivienda se magnifica porque el rubro representa el 80% de los fondos para obras que envía la Nación. De ese total, el 50% de la inversión corresponde al megaemprendimiento habitacional Lomas de Tafí. "Las dificultades se presentan en todos los frentes de obra y, en particular, en Lomas de Tafí", sostuvo, por su parte, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Pedro Omodeo (h). El dirigente empresarial se mostró confiado en que la situación se revertirá. "La reunión con el gobernador fue muy positiva. Nos ratificó que el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, le comprometió el envío de fondos tal cual estaba pautado. La situación debería normalizarse en los próximos días", amplió.
A criterio de Omodeo (h), el atraso promedio en el pago de los certificados es de 30 días, pero lo que realmente les preocupa es el futuro. "Hay mucha incertidumbre. Tenemos que ver las expectativas que hay en torno del envío de fondos. Si no llegan en los volúmenes que necesitamos, tendremos que replantear en conjunto el plan de trabajos y los plazos, de común acuedo con el Gobierno", sostuvo.
Otro tema que aflige a los empresarios es el financiamiento. Puntualmente, el cambio de metodología adoptado por el Banco Tucumán. "Estamos muy preocupados por la actitud de la plaza financiera, porque veníamos trabajando con acuerdos sobre prendas comerciales de los certificados de obras, pero la línea de créditos se suspendió", advirtió.
Interrogantes
La crisis abre un interrogante respecto de un paquete de 5.000 viviendas que obtuvo el PE, en marzo. Según la nueva operatoria, los aportes serán reintegrables y surgirán de un fideicomiso administrado por el Banco Nación con fondos de la Anses. La Cámara, incluso, había autorizado al PE a tomar un crédito inicial por 1.348 casas.
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