25 Junio 2009
Una gran noticia recibió ayer Salvador Ruiz, vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La comisión de Juicio Político de la Legislatura archivó la denuncia que, en su contra, había formulado el abogado Carlos Alberto Montilla. Este había solicitado que el juez fuera removido -por supuesto retardo reiterado de justicia- a raíz de una causa que lleva cerca de 11 años de tramitación sin que aún se haya dictado sentencia.
La comisión que preside el oficialista Sisto Terán archivó las actuaciones por la decisión unánime de los ocho legisladores que estaban presentes (siete del bloque alperovichista y Luis José Bussi). Estos concluyeron que el camarista no es responsable de ninguna de las suspensiones que ha sufrido el trámite procesal.
Idas y vueltas
Los legisladores corroboraron que Montilla promovió la causa el 21 de agosto de 1998 y que el trámite se desarrolló con normalidad hasta setiembre de 2000. Al año siguiente, el otro vocal de la Sala I, Horacio Castellanos, dispuso que se requiriera documentación a la Anses relacionada con la concesión del beneficio jubilatorio que perseguía Montilla. Los plazos fueron suspendidos hasta julio de 2002, cuando el órgano administrativo envió lo que se le había solicitado. Dos meses más tarde, hubo otra interrupción a raíz de una incidencia sobre la competencia del tribunal y luego otras, motivadas por el Gobierno (es la parte demandada en la causa) o por el propio accionante. Los términos procesales fueron reabiertos en febrero de 2008.
"Pese al largo tiempo transcurrido en la tramitación de la causa, no hay un apartamiento de las normas procesales que sea imputable al vocal Ruiz y que configure una de las causales constitucional y legalmente previstas para dar curso al enjuiciamiento", concluyó la comisión.
La comisión que preside el oficialista Sisto Terán archivó las actuaciones por la decisión unánime de los ocho legisladores que estaban presentes (siete del bloque alperovichista y Luis José Bussi). Estos concluyeron que el camarista no es responsable de ninguna de las suspensiones que ha sufrido el trámite procesal.
Idas y vueltas
Los legisladores corroboraron que Montilla promovió la causa el 21 de agosto de 1998 y que el trámite se desarrolló con normalidad hasta setiembre de 2000. Al año siguiente, el otro vocal de la Sala I, Horacio Castellanos, dispuso que se requiriera documentación a la Anses relacionada con la concesión del beneficio jubilatorio que perseguía Montilla. Los plazos fueron suspendidos hasta julio de 2002, cuando el órgano administrativo envió lo que se le había solicitado. Dos meses más tarde, hubo otra interrupción a raíz de una incidencia sobre la competencia del tribunal y luego otras, motivadas por el Gobierno (es la parte demandada en la causa) o por el propio accionante. Los términos procesales fueron reabiertos en febrero de 2008.
"Pese al largo tiempo transcurrido en la tramitación de la causa, no hay un apartamiento de las normas procesales que sea imputable al vocal Ruiz y que configure una de las causales constitucional y legalmente previstas para dar curso al enjuiciamiento", concluyó la comisión.
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