Finalmente, Hugo Daniel “El Rengo Ordóñez” Tévez salió en libertad. El juez federal Daniel Bejas ordenó ayer que el hombre, sindicado por sus vecinos de la Costanera como vendedor de droga, abandone la alcaldía del Juzgado Federal donde estaba alojado desde el 28 de enero, acusado de haber agredido a un policía de la Dirección General de Drogas Peligrosas en la sede judicial.
Fuentes cercanas a la causa confirmaron Tévez salió cerca del mediodía y se fue de inmediato a su casa, ubicada en Honduras al 1.500. El día en que fue arrestado, según los investigadores, “El Rengo Ordóñez” le pegó un cabezazo al cabo Adrián Sequeira, de la Digedrop. Según la versión del acusado, el policía le murmuró al oído: “vos sos un pajarito para mi jaula”. Eso, asegura, motivó su reacción. “El me provocó”, le dijo Tévez al juez federal durante su declaración. El policía, por su parte, aseguró que fue el imputado quien comenzó a agredirlo, ya que él estaba custodiando a su ex esposa, Margarita Toro. Ayer, el juez Bejas ordenó la liberación de “El Rengo Ordóñez”, ya que constató que el hombre no registra pedidos de captura. Tévez fue condenado en dos ocasiones por causas vinculadas al tráfico de drogas.
Declaró Manuel Toro
En tanto, ayer declararon en el Juzgado Federal tres de las ocho personas que fueron detenidas durante los seis allanamientos concretados en Villa 9 de Julio el 24 de enero. En esos procedimientos, se secuestró 1,5 kilo de cocaína, unos $ 60.000, armas y vehículos, entre otros elementos. Manuel Toro, uno de los acusados, declaró ayer ante Bejas y aseguró que su hermana, Ana Verónica, y su hija Paola no son las propietarias de la droga que se secuestró en esa casa.
Las dos mujeres también declararon ayer, asesoradas por los abogados Roberto Flores y Ricardo Fanlo. Hoy será el turno de Martín Toro, que será representado por Horacio Guerineau. Mañana lo hará Marta Rosario Ligerón y el viernes, Juan Enrique Díaz y Jorge Walter Sandoval.
A todos los detenidos el juez federal Bejas les imputó los delitos de organización y financiamiento para la comercialización de estupefacientes, y uso de menores para el mismo fin.