31 Diciembre 2008
Los últimos días en los tribunales, antes de la feria estival, se caracterizan por la agitación dentro y fuera de los despachos, con la expectativa de obtener resoluciones y regular honorarios sin tener que esperar hasta febrero.
El tradicional panorama se repitió el lunes y ayer en los distintos fueros, algunos agravados por las vacantes de sus titulares y por fallas estructurales que vienen arrastrando desde hace años, lo que demora desde el dictado de medidas de mero trámite hasta de sentencias de fondo. Según el relevamiento realizado por LA GACETA, las mayores quejas apuntan a Familia y Sucesiones y a las fiscalías de instrucción penal.
Al mismo tiempo, se informó que se registra en los juzgados Civiles y en Documentos y Locaciones un incremento de causas de contenido patrimonial, lo que fue vinculado con la crisis financiera internacional, en especial en lo referido a cuotas impagas (tarjetas de crédito o planes de ahorro).
Voces enfrentadas
Los debates sobre el modo de cobertura de los cargos dividen las aguas entre los abogados, con voces a favor y en contra de las acciones judiciales encaradas por los colegios profesionales contra la Ley 8.136, que permitía la designación de jueces subrogantes sin concurso previo.
Al salir del edificio de 24 de Setiembre al 600, el letrado Oscar Martínez reconoció que hacia fin de año todo se apura y se quieren soluciones rápidas, por lo que los juzgados se abarrotan. "La situación es peor donde faltan jueces; el Poder Ejecutivo está bien encaminado y debe lograr que se rechace la medida cautelar que impide la aplicación de la Ley 8.136 para poder designar magistrados. La gente es la más perjudicada con esta situación. Que los nombre no significa que van a trabajar para el Gobierno", dijo.
El ex juez Ricardo Frías reclamó que se aplique sin demoras la Constitución para encontrar una salida al conflicto por el modo de elegir jueces. "La Constitución no está en crisis, sino que se le plantea una crisis. ¿Cómo el gobernador va a nombrar los jueces que le dé la gana, solo porque son sus amigos? Esto no es una estancia", aseveró.
El directivo del Colegio de Abogados, Daniel Ponce, en tanto, aseguró que no es significativa la cifra de 300 inscriptos en el suspendido registro de la Ley 8.136. "Muchos son funcionarios del Gobierno o jueces", recordó.
A criterio de Horacio Guerineau, no debería ser obligatorio que la entidad profesional integre el futuro Consejo Asesor de la Magistratura; por el contrario, le reclamó al colegio que ejerza efectivamente el control de los jueces en funciones en cuanto a su especialización y desempeño.
El penalista Luis Romero Abadie se sumó a los pedidos para que se destrabe la forma de nombrar magistrados al señalar que perjudica a los litigantes. También solicitó la creación de nuevas fiscalías y juzgados en todos los fueros, y que los cargos sean cubiertos con letrados probos.
"Mi expectativa de percepción de honorarios está aletargada por un sistema informático que, lejos de acelerar el trámite, complica la gestión porque debe pasar por la Dirección General de Rentas. Para que quede firme el pedido de regulación, debemos obtener el informe fiscal", protestó, por su parte, Saúl Ibañez. "Esta es una dificultad más ante una infraestructura y una cantidad de juzgados insuficientes", concluyó.
Opiniones
"La causa encarada por el Colegio de Abogados tiene un respaldo mayoritario de los asociados. Los juzgados funcionan, pero con retardos en el dictado de sentencias y en la realización de audiencias. Hace falta una decisión final de la Corte sobre la designación de magistrados". (Daniel Ponce, Titular de la Junta Electoral del Colegio de Abogados)
"Está bien que se conceda la jubilación al magistrado, pero no es correcto que deje la función si no hay sistema para cubrir la vacante: en ese caso, debe seguir en el cargo. En los reemplazos, hay que buscar al abogado que demuestre capacidad con sus alegatos y planteos". (Horacio Guerineau, Abogado Penalista)
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