Hay que acabar con el magistrado sitiado

El mandato constitucional de afianzar la justicia, contenido en el catecismo laico, su perdurable preámbulo, es una permanente meta incumplida en esta sufrida República.
La idea de la República se sustenta en el respeto de los derechos individuales, en instituciones públicas confiables, en la alternancia de sus gobiernos, en elecciones democráticas, en las libertades de prensa y de culto, y en la garantía de la propiedad privada. En el acatamiento natural de la ley como pauta básica de convivencia entre todos, sin discriminaciones.
Muchos ciudadanos (tanto gobernantes como gobernados) no comprenden que la piedra angular es el funcionamiento pleno, eficaz e independiente del Poder Judicial. Tanto como controlante de los límites de los otros poderes (teoría montesquiana del equilibrio de poderes), como a su perfil de garante último de los derechos del hombre (neoconstitucionalismo moderno).
Sin un Poder Judicial eficaz y autónomo, no hay República. La defensa de la función judicial constituye es un imperativo si se pretende -en serio- pasar de la frágil republiqueta actual a un verdadero estado de derecho.
Para mejorar la baja calidad de nuestra Justicia, se debería:
• Garantizar la real independencia de los jueces respecto de los otros poderes y de grupos de presión o interés. Para ello urge despolitizar la designación y remoción de los magistrados.
• Asegurar la previsibilidad de las resoluciones judiciales;
• Otorgar prevalencia al rol constitucional de las Cortes Supremas de Justicia.
• Fortalecer el Ministerio Público Fiscal, instrumento de una política criminal racional.
• Incrementar el presupuesto de la Justicia en infraestructura edilicia y funcional.
• Aumentar el número de jueces de grado, según las exigencias actuales de incremento demográfico y de litigiosidad.
• Mejorar sustancialmente el nivel remunerativo de magistrados y funcionarios judiciales.
• Asegurar el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos, con base republicana de igualdad y economía de costos.
• Modificar los códigos procesales con pautas de celeridad en tiempos y trámites.

Los últimos años
Desde hace 60 años, nuestro problema es la sistemática postergación, manipulación y retroceso del Poder Judicial, frente al creciente avance macrocefálico de los otros dos poderes electivos. Está claro que no existe un real equilibrio (lo evidente es el desequilibrio y la intromisión). En el aspecto económico, las funciones ejecutiva y legislativa se autoasignan el grueso del presupuesto, y todo tipo de privilegios y prebendas. Quien maneja la caja tiene el poder. Esta realidad agobia a todos los magistrados del país, federales como provinciales.
El apotegma de mejorar la calidad judicial es sólo una vistosa apología en tiempos electorales. Las sentencias judiciales, a menudo, incomodan a los funcionarios políticos, la mayoría de los cuales anhela secretamente ser siempre inmune a cualquier mecanismo de control de sus responsabilidades como administradores de la cosa pública.
Modernizar nuestra Justicia, sobre bases de confiabilidad y eficiencia luce como una tarea ciclópea. Pero si debiéramos comenzar selectivamente por alguna de las propuestas antes efectuadas, sería por el incremento de la asignación presupuestaria del Poder Judicial.
Podemos soñar con que algún día se destierre la figura del “juez sitiado”, que trabaja indignamente en despachos miserables, cercado por montañas de expedientes, en edificios vetustos y antifuncionales, sin seguridad, en precarias condiciones de higiene y tranquilidad. El llamado burn-out o “síndrome del hombre quemado” acosa a funcionarios y empleados judiciales. Es un trabajo de gran exigencia, poco rédito y condiciones notoriamente inapropiadas.
El factor cuantitativo es básico en el evidente retroceso de la calidad del trabajo judicial. La cantidad de expedientes y la complejidad de los temas controvertidos exceden todo.
Las consecuencias son conocidas: juicios resueltos sin debido análisis, baja calidad jurídica de los fallos, demoras injustificadas en los trámites procesales, pérdidas inadmisibles de expedientes, errores que originan recursos innecesarios o audiencias celebradas sin reserva y por empleados secundarios.
Cambios relevantes serán posibles si se mejora la caja y la administración del Poder Judicial. Esto permitirá aumentar la cantidad de jueces de primera instancia (no tantos secretarios, menos relatores, ni excesiva burocracia), incrementar sus remuneraciones, mejorar la infraestructura, y utilizar más adecuadamente las nuevas tecnologías. Algún día, quizás, podremos recuperar la perdida majestuosidad de la Justicia, excelsa función pública, bastión de una verdadera República.