Resaltan las sentencias más importantes

La Corte Suprema de Justicia es la instancia jurídica máxima nacional, y sus decisiones causan un impacto decisivo en la definición y protección de los derechos de todos y en el funcionamiento institucional del Estado. Por tal motivo, resulta vital que la sociedad conozca cuál es el alcance de sus sentencias y comprenda cómo ellas influyen en aspectos muy concretos de la vida cotidiana.
En un nuevo informe “La Corte y los derechos” (recientemente editado), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contribuye a ese fin al repasar los fallos más destacados del tribunal en el período 2005/2007. Las sentencias analizadas en esta investigación -dirigida por Sebastián Schvartzman- dieron lugar a cambios importantes y tuvieron una gran trascendencia en derechos humanos, contaminación ambiental y en la actualización de las jubilaciones, por ejemplo. Otras, si bien no tuvieron una repercusión amplia en los medios, contribuyeron de manera decisiva al reconocimiento de ciertos derechos sociales básicos, en temas tales como alimentación, acceso a medicamentos y prestaciones médicas por parte del Estado, prepagas y obras sociales.
Dentro de los casos de alto impacto institucional se destacan los fallos que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida (caso “Simón”, en 2005), y de los indultos dictados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem (caso “Mazzeo”, 2007). Asimismo, la Corte señaló que la Cámara de Diputados de la Nación no puede rechazar el ingreso de un diputado electo con el argumento de su “inhabilidad moral”. Esto se dio en los casos de Antonio Domingo Bussi y del ex comisario Luis Patti, a quienes se les imputaba haber violado derechos humanos durante la última dictadura (casos “Bussi”, 2007, y “Patti”, 2008).
En materia ambiental, el máximo tribunal analizó el daño colectivo al medio ambiente generado por la contaminación del la cuenca Matanza-Riachuelo. Tras haber realizado una serie de audiencias públicas a partir de 2006, finalmente dictó una innovadora sentencia que estableció una extensa lista de acciones obligatorias para detener la contaminación en dicha área, tales como sanear y erradicar basurales; limpiar la ribera del río y construir desagües y cloacas (caso “Mendoza”, 2008).

Ordenes al Congreso
En dos casos muy diferentes, la Corte ordenó al Congreso de la Nación que tomara medidas específicas para remediar la violación a mandatos constitucionales. El primero se refirió a la actualización de las jubilaciones, en el que sostuvo que los haberes previsionales deben guardar relación con el salario de los trabajadores en actividad y advirtió que la falta de aumentos viola el derecho a recibir una jubilación móvil. La instrucción al Parlamento fue que implementara, dentro de un plazo razonable, un régimen de movilidad que asegure la actualización automática de las jubilaciones en el futuro (caso “Badaro”, sentencias de 2006 y 2007).
El otro caso se relacionó con el mecanismo para la designación de jueces sustitutos (aquellos que ocupan interinamente juzgados vacantes). El tribunal le solicitó al Congreso que, en el plazo de un año, diseñe un nuevo procedimiento que prevea la participación de los tres órganos que, por mandato constitucional, intervienen en la designación de los jueces: el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación (caso “Rosza”, 2007)
La Corte también se expidió sobre la gravísima situación de las cárceles en las provincias de Buenos Aires y Mendoza (casos “Verbitsky”, 2005, y “Lavado”, 2007), donde los presos se ven afectados por la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas de alojamiento. Si bien en ambos casos ordenó que se adoptaran políticas para remediar la violación de los derechos de los detenidos, hasta la fecha se han registrado escasos avances.
Por otra parte, también se mostró preocupado por el respeto a los derechos sociales. En varios fallos destacó la obligación del Estado nacional de dar cobertura médica a las personas que la necesitan, sin perjuicio de que después pueda recuperar los costos de quien resulte obligado a afrontarlos. Estableció que el Poder Judicial no puede invocar el incumplimiento de ciertos requisitos legales para rechazar solicitudes de acceso a tratamientos médicos impostergables. En tal sentido, en tres resoluciones obligó al PAMI a proveer en forma gratuita los medicamentos para afiliados que no podían afrontar el costo de sus tratamientos y que padecían enfermedades en estado avanzado (casos “Reynoso”; “Parraga” y “Papa”, 2006). Asimismo, señaló que el marco legal vigente establece que las entidades de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resultan obligatorias para las obras sociales (caso “Cambiaso”, 2007), y que la ley prohíbe a prepagas y a obras sociales fijar períodos de espera (carencia) para las prestaciones médicas comprendidas en el Plan Médico Obligatorio (caso “Unión de Usuarios y Consumidores vs. Euromédica”, 2008).

Derecho a alimentos
El tribunal también reivindicó el derecho a la alimentación en una serie de casos en los que ordenó a la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Quilmes a que cubrieran las necesidades nutricionales básicas de los habitantes de sus jurisdicciones (casos “Rodríguez”; “Esquivel” y “Quiñone”, 2006).
En una línea similar, realizó una audiencia pública para analizar una presentación del defensor del Pueblo de la Nación, que inició una demanda contra el Estado nacional y la Provincia de Chaco a fin de que asistieran a los integrantes de la comunidad toba, ya que niños, adultos y ancianos subsistían en condiciones extremas que provocaron al menos una veintena de muertes (caso “Defensor del Pueblo”, 2007).
Este resumido repaso de las sentencias más importantes de la Corte nos muestra un cuerpo preocupado tanto por coadyuvar a la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía como por recuperar un rol institucional -dentro del sistema político- acorde con su jerarquía y a sus atribuciones constitucionales. Su intervención en los últimos años ha sido positiva en muchos aspectos, y ha revelado un balance apropiado entre el involucrarse de manera oportuna en la resolución de conflictos y el evitar avasallar las funciones propias de los otros poderes del Estado. Sin embargo, aún quedan varios desafíos ligados, por un lado, a la existencia de casos sensibles en materia institucional que aguardan ser resueltos; y, por otro, a asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias en aquellas causas que involucran temas complejos de políticas públicas (por ejemplo, cárceles y medio ambiente).