“Aunque no se nota, la Justicia avanzó”

Desde el punto de vista de la Justicia, la transición a la democracia comienza con los organismos de derechos humanos y, en particular, con la actividad de las Madres de Plaza de Mayo. A partir de la definición de la represión ilegítima como violación de los derechos humanos y de las denuncias internacionales, la idea de que esos derechos son los límites a las políticas públicas llega a la Argentina y se convierte en el fundamento de la democracia.
La traducción de esta convicción a la política mayoritaria es responsabilidad de Raúl Alfonsín, que entendía que el reclamo de “juicio y castigo” era importante políticamente y viable jurídicamente. Sobre la base de la distinción entre normas de facto y de iure -las segundas, legítimas a priori por su origen en la deliberación pública-, rechazó la autoamnistía y aseguró que los responsables del terrorismo de Estado fueran llevados a juicio.
En primer lugar, el tratamiento de las violaciones masivas de derechos humanos ocupa un lugar central en las discusiones públicas. Es el fundamento de legitimidad de nuestro sistema democrático y la pelea por su apropiación simbólica nos seguirá acompañando en el futuro. En segundo lugar, se destaca la lucha por el lugar institucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera integración terminó con la doctrina de facto y mostró que no había normas ajenas a su jurisdicción. El ejemplo más claro fue la decisión a favor del divorcio en 1986, una reforma impensada de la legislación civil.

Cambio menemista
Esa Corte se pensó a sí misma como fundante, liberal y contramayoritaria. Pero, en 1990 y sin reacción de la sociedad civil, Carlos Menem amplió el número de miembros y el Senado creó un tribunal adicto a las necesidades políticas del Presidente, que renegó de la distinción entre normas de facto y normas democráticas; se concibió como conservadora y se abstuvo de controlar los actos del Poder Ejecutivo. Su desplazamiento, luego de la crisis de 2001, permite el comienzo de un nuevo intento por el cual la conformación actual busca generar legitimidad liberalizando sus fallos pero, sobre todo, proponiendo procesos deliberativos con participación activa de la sociedad civil.
Este intento tiene como antecedente la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner y del Senado de autolimitarse en la nominación de los jueces y producir, a propuesta de un grupo de ONGs, un proceso participativo y público. Así, por primera vez en democracia hay juezas en la Corte Suprema.
La relevancia política que adquiere la Justicia tuvo claroscuros. Desde la ampliación del número de miembros de la Corte, el gobierno de Menem manipuló el Poder Judicial, en particular en la Justicia Federal en lo Criminal, encargada de la investigación y castigo de la actividad de los funcionarios públicos.
La inclusión del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 intentó limitar la relevancia política y la pérdida de independencia. Sin embargo, su demorada creación y la reforma realizada por el gobierno de Kirchner -que aumentó el peso del oficialismo en el control, la promoción y la selección de los jueces- muestra que el transplante de instituciones sin pensar en el impacto sistémico que producen, es muy mala técnica legislativa.
El tercer fenómeno es la generación de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que la Justicia se convertía en otro lugar de la política y utilizaron los procedimientos judiciales para hacer sus reclamos y provocar cambios.
La democracia construyó un nuevo fundamento de legitimidad basado en los derechos humanos y en los procesos democráticos y formas de defenderlos en la Justicia, con instrumentos como el amparo y, desde 1994, el amparo colectivo. Con ellos, una parte de la sociedad civil ha podido acceder a sus derechos.
Sin embargo, las deudas siguen siendo demasiadas: el acceso desigual a los mecanismos de defensa de derechos que siempre golpea a los mismos; la lentitud y el favoritismo con los poderosos, entre otros. Pero, a diferencia de lo que ocurría hace 25 años, la Justicia hoy es una institución relevante y su legitimidad depende de que asuma la defensa de los fundamentos de la democracia argentina.