30 Diciembre 2008
Los festejos por los 25 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en la Argentina estuvieron precedidos por numerosos estudios históricos, económicos y políticos. Pero han escaseado aquellos que versen sobre cuál ha sido la contribución del Poder Judicial durante este período institucionalmente inédito de nuestra historia.
Durante esta etapa, la estabilidad no ha caracterizado a la Corte Suprema de la Nación. De los cinco miembros que designó el entonces presidente, Raúl Alfonsín, sólo continúan en el alto tribunal Carlos Fayt y Enrique Petracchi.
En 1989, por primera vez en 67 años, un jefe de Estado constitucional le entregaba el mando a otro de igual legitimidad. Casi inmediatamente, en abril de 1990, el Congreso sancionó la Ley Nº 23.774, que amplió de cinco a nueve el número de ministros de la Corte. En disconformidad con esta decisión, dos de los magistrados que Alfonsín había nombrado, Jorge Bacqué y José Severo Caballero, renunciaron. Esto permitió que Menem designara, además de a los reemplazantes de estos dos jueces, a los cuatro nuevos miembros; es decir, seis de un total de nueve. Esto provocó que la Corte, entre 1989 y 2003, fuera muy cuestionada y que, incluso, se generalizara la idea que dentro de ella reinaba una mayoría automática sensible al oficialismo.
La ampliación propiciada por el menemismo terminó siendo podada políticamente por la embestida que el kirchnerismo, ya en el poder, emprendió contra los magistrados que había nombrado Menem. Como consecuencia, dos fueron destituidos (Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O´Connor) y tres renunciaron para evitar que avanzaran juicios políticos similares sobre ellos (Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López). Esto ha permitido que el ex presidente Néstor Kirchner designara a cuatro jueces (Ricardo Lorenzetti, Eugenio R. Zaffaroni, Elena Higthon y Carmen Argibay) y su predecesor, Eduardo Duhalde, a uno (Juan Carlos Maqueda). En noviembre de 2006, por medio de la Ley 26.183, el Congreso estableció que el número de ministros se iba a ir reduciendo paulatinamente -a medida de que se produjeran vacantes- hasta volver al número de cinco. Ahora son siete.
Por eso, autores como Laura Saldivia, constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires, han advertido sobre los efectos negativos de estos vaivenes: “esta situación ha comprometido la independencia del más alto tribunal respecto de los otros poderes políticos del Estado, principalmente del Ejecutivo”. Esto explica los esfuerzos de la actual Corte por recobrar el prestigio institucional.
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