Ayer, al mediodía, Antonio Bustamante retiraba las últimas pertenencias que le quedaban en el despacho que ocupó en la presidencia del Colegio de Abogados durante los últimos cuatro años. Si bien desde hoy lo reemplazará en ese cargo Eudoro Aráoz, no estaba triste, sino entusiasmado con los resultados de su gestión. “Logramos que nuestra institución sea un faro para toda la sociedad. Los políticos, en una suerte de facilismo, suelen calificar como opositores a aquellos que denuncian conductas irregulares, contrarias a las normas. Durante todos estos años, nos limitamos a señalar los actos ilegítimos, ilegales o inconstitucionales. Si eso es ser opositor, bueno, hicimos oposición”, ironizó el letrado a LA GACETA.
Lejos de considerarse un opositor al gobierno de José Alperovich, Bustamante está persuadido de que la institución que él encabezó se ha limitado a cumplir el mandato de la ley. “Según el fallo de la Corte Suprema (el del 8 de setiembre), tenemos un rol único e importantísimo en el control de la recta administración de justicia, que comienza con la designación de jueces o tribunales independientes. En ese sentido, el Colegio fue la única voz de la sociedad que denunció una situación que afectaba directamente a la sociedad, porque no era una cuestión sólo de abogados, sino de toda la sociedad. Luego, en esta lucha, se plegaron las entidades intermedias, los otros colegios profesionales y las federaciones”, enfatizó.
Bustamante subraya que se suele olvidar que, antes de cuestionar disposiciones de la Constitución reformada en 2006, el Colegio de Abogados había bregado “por renovación y por una mayor institucionalidad de la Justicia Federal”.
Falta de preparación
El letrado, que ahora presidirá la regional NOA de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), no es muy optimista respecto del futuro institucional de la Provincia. “Desde el punto de vista del diagrama de políticas judiciales, no existe preparación en quienes conducen los destinos políticos para afrontar esta situación. Se sigue con más de lo mismo; es decir, con manejos subterráneos y de trastienda, para tratar de mantener una posición de presión sobre los jueces. Esto, si bien ocurre en todos los lugares del mundo, aquí se evidencia mucho más, porque son absolutamente torpes”, definió.
La prueba de que no hay preparación, según el abogado, es que la Ley 8.136, que permite la designación de jueces interinos, declaró la emergencia del Poder Judicial. “Eso significa que no hubo una persona capaz de haber efectuado un examen de legitimidad, de legalidad y de constitucionalidad. Solamente disponen porque tienen mayoría, pero no razonabilidad ni respeto por la trama social. Esa declaración, que facilitará que no haya controles sobre los poderes políticos ni sobre ciertos ciudadanos, viola la Constitución y los tratados internacionales con igual jerarquía”, dijo.
Bustamante no tiene dudas: “por medio de esta ley se pretende que, a dedo, llegue cualquiera. Nosotros queremos que se seleccionen y designen jueces de la Constitución y que sean los mejores. Con el sistema de concursos, tenemos una garantía mínima de que no van a llegar los peores. En este caso, no”.
Aráoz asumirá a las 11, en el auditorio de la institución (Congreso 450). Al acto, además de Alperovich, fue invitado el presidente de la FACA, Carlos Andreucci.