17 Octubre 2008
MADRID.- El juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de más de 100.000 personas, muchas de las cuales yacen en fosas comunes. Asimismo, autorizó la apertura, con la mayor urgencia, de 19 fosas en toda España, entre ellas la tumba en la que supuestamente estarían los restos del poeta Federico García Lorca.
Garzón identificó el delito como detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad, según el auto de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. El juez respondió así a 22 denuncias de asociaciones de familiares españoles presentadas a partir de diciembre de 2006. Más de 114.000 nombres figuran en la lista de desaparecidos, casi todos del bando republicano.
Las denuncias hablan de un plan sistemático de eliminación de oponentes políticos a partir de asesinatos múltiples, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, dice el auto de Garzón.
Cerca de Granada
Una de las fosas es la que contiene los restos del poeta García Lorca junto con los del maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, todos ellos ejecutados en 1936 cerca de Granada (sur) a manos de antirrepublicanos. La familia de García Lorca anunció en setiembre que no se opondría a la apertura de la fosa, de la que no era partidaria hasta esa fecha.
Certificados de defunción
Garzón también ha reclamado a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables -entre ellos el general Francisco Franco-, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, que instauró la dictadura, para declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento. Además, pidió al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes del movimiento franquista Falange Española entre 1936 y 1951, con el propósito de fijar posteriormente posibles imputaciones o extinción de responsabilidad por fallecimiento.
La investigación, destacó Garzón, se limita a la desaparición forzada de personas. “No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil, porque ello supondría la formación de una especie de causa general que ya se formó recién acabada la guerra”, aseveró. Garzón inició en setiembre la vía hacia esta investigación, mediante un pedido de información sobre desaparecidos a oficinas de gobierno, ayuntamientos y a la Iglesia. (AFP-Reuters)
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