15 Octubre 2008
IMPULSOR. Juez Baltasar Garzón.
MADRID.- El Estado español anunció que se implicará en el proceso de identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco (1936-1975), en momentos en que está en duda si el juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar sobre esos desaparecidos.
El gobierno pondrá a disposición de la causa los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de víctimas. Este ofrecimiento de parte del gobierno está previsto en la ley de Memoria Histórica, aprobada a fines de 2007 para rehabilitar a las víctimas de ese período.
Republicanos
Asociaciones de familias de víctimas del bando republicano le han solicitado a Garzón que se investiguen esas desapariciones. Se trata de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que se encuentran enterradas en fosas comunes. En setiembre, Garzón requirió al gobierno, a cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, como también a la Conferencia Episcopal, toda la información que obre en su poder para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes.
Hace dos semanas, Garzón recibió varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones civiles querellantes. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar a principios de mes una cifra final de 133.708 desaparecidos.
Oposición de la Fiscalía
La investigación del juez Garzón sería el primer paso de la Justicia española para investigar sobre el franquismo, ya que en 1977 se aprobó una ley de amnistía por la cual prescribían los crímenes consecutivos a "actos políticos" cometidos antes de ese año. La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencia para investigar estos hechos.
Asimismo, sostiene que sólo corresponde tal procedimiento a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995). (AFP-NA)
El gobierno pondrá a disposición de la causa los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de víctimas. Este ofrecimiento de parte del gobierno está previsto en la ley de Memoria Histórica, aprobada a fines de 2007 para rehabilitar a las víctimas de ese período.
Republicanos
Asociaciones de familias de víctimas del bando republicano le han solicitado a Garzón que se investiguen esas desapariciones. Se trata de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que se encuentran enterradas en fosas comunes. En setiembre, Garzón requirió al gobierno, a cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, como también a la Conferencia Episcopal, toda la información que obre en su poder para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes.
Hace dos semanas, Garzón recibió varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones civiles querellantes. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar a principios de mes una cifra final de 133.708 desaparecidos.
Oposición de la Fiscalía
La investigación del juez Garzón sería el primer paso de la Justicia española para investigar sobre el franquismo, ya que en 1977 se aprobó una ley de amnistía por la cual prescribían los crímenes consecutivos a "actos políticos" cometidos antes de ese año. La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencia para investigar estos hechos.
Asimismo, sostiene que sólo corresponde tal procedimiento a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995). (AFP-NA)
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