16 Septiembre 2008
La Legislatura está en un laberinto. La comisión de Juicio Político enfrenta una avalancha de pedidos de destitución de magistrados y funcionarios judiciales como nunca antes. Algunos planteos, incluso, son colectivos y obligarán a estudiar en detalle cada caso. El peso más grande será definir un criterio sobre un tema que la sociedad aún no resolvió: fijar, según la jerarquía de la función asignada, el nivel de responsabilidad moral de los civiles que ocuparon cargos durante el proceso militar.
La trascendencia de esa resolución excede el caso contra René Goane y se proyecta sobre escenarios no debatidos por la comunidad. El reciente juicio a Antonio Bussi y a Luciano Menéndez sacudió íntimamente a algunos sectores sociales, pero fue visto con indiferencia por otros. Marcar una frontera entre lo presuntamente correcto e incorrecto, en cambio, debe ser un ejercicio que alcance a todos, incluyendo a quienes hoy impulsan denuncias, como contribución para cerrar capítulos dolorosos de la historia desde lo colectivo.
El consenso será difícil de conseguir, más aún si los legisladores se manejan como un grupo aislado o si las denuncias se multiplican en forma irreflexiva (e incluso irrazonable). Para colmo, sobre las espaldas de quienes integran la Cámara recae la incidencia de las encuestas que rigen buena parte de las decisiones que toma José Alperovich.
Hace dos años y medio, por estar atados a los sondeos de opinión, se destituyó a la camarista penal Alicia Freidenberg, cuyo caso está siendo revisado por la Corte provincial por orden del máximo tribunal de la Nación. La conclusión del proceso puede ser un nuevo fallo judicial contra políticos que caminan por senderos confusos.
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